Caso Ungrd: Fiscalía imputa y pide cárcel para César Manrique Soacha

César Manrique Soacha, exdirector del Departamento de la Función Pública.

Foto: El Espectador - José Vargas

Ante el Juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía terminó de leer la imputación que había iniciado el pasado 4 de junio en contra de César Manrique Soacha, exdirector del Departamento de la Función Pública, y otras siete personas presuntamente involucradas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El ente acusador, además, solicitó que tanto el exfuncionario como los demás posibles implicados sean enviados a prisión mientras avanzan las investigaciones.

Si bien no todos los mencionados fueron imputados por los mismos delitos, lo que sí está claro es que Manrique Soacha es señalado de ser uno de los cerebros del desfalco a la Unidad, por lo que se le formularon cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. El exfuncionario, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, se declaró inocente.

Los resultados de investigaciones de la Fiscalía posicionan al exdirector junto a Olmedo López, quien fuera la cabeza de la Ungrd, como dos grandes determinadores del engranaje. De acuerdo con a Fiscalía, con conocimiento de López, Manrique Soacha gestionó entre marzo de 2023 y mayo de 2024 la entrega de al menos $100.000 millones de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%.

Los contratos direccionados, señala el ente investigador, están relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de los mismos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional. Para definir la contratación corrupta, el exdirector de Función Pública, según la Fiscalía, se habría valido de Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, —quien se encuentra en prisión por estos hechos—, y el abogado Edgar Riveros Rey, también en la cárcel.

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Los $3.000 millones y los demás implicados

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien lleva el expediente, señaló ante el Juzgado que Barreto Gantiva, a quien denomina “ahijado político” de Manrique Soacha, habría buscado al abogado Riveros Rey para que seleccionara empresas y particulares que participarían en las invitaciones a contratar con la Ungrd y, a su vez, se definiera la asignación a cada contrato. Por estos hechos, el procesado jurista fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos y falsedad ideológica en documento público.

Es aquí donde aparecen otros nombres claves en el expediente: Sonia Rocío Romero Hernández —cuñada de Riveros Rey— y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la Ungrd. Según las pesquisas, ambos habrían estructurado los procesos contractuales y ajustaron las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para favorecer a los contratistas. También habrían entregado información reservada. Fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Para octubre de 2023, fue suscrito por $29.000 millones un contrato para llevar agua potable a La Guajira utilizando 40 carrotanques pequeños (se trata de un convenio diferente al de los 40 carrotanques que quedaron parqueados y que destapó el escándalo de la Ugrd). Esa orden de proveeduría fue adjudicada, ilegalmente, a la Corporación Mixta Yapurutú, cuyo representante legal, Edgar Echeverry Toro, y su jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo, también se vieron involucrados en irregularidades. Según la Fiscalía, ambos habrían presentado una propuesta comercial con sobrecostos, falsificaron documentos privados, solicitaron el desembolso del contrato sin haber entregado los vehículos y gestionaron el pago de coimas.

Tanto a Echeverry Toro como a Estupiñán Bravo se les formularon cargos por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Ese contrato de carrotanques pequeños presentó un sobrecosto de $13.164 millones, según la Fiscalía. De ese valor, al parecer se entregó una coima de $3.000 millones a Manrique Soacha, “al tiempo que se consolidó un peculado en favor de Riveros Rey por $2.060 millones y de $6.380 millones para los directivos de Yapurutú”, explicó el ente investigador a través de un comunicado de prensa.

La Fiscalía determinó que una parte de esa plata fue consignada en una cuenta bancaria de Ana María Riveros Barbosa, hija del abogado Riveros Rey. Según los investigadores del caso, ella hizo nueve retiros para sacar el dinero en efectivo, y luego fue entregado en un baño de un centro comercial en Bogotá a Luis Carlos Barreto Gantiva, quien tenía la misión de entregárselos a Manrique Soacha. El dinero llegó a sus manos gracias a Jorge Aristizábal Rodríguez, un funcionario del Departamento de la Función Pública, también procesado en razón de estos hechos.

Riveros Barbosa y Aristizábal Rodríguez fueron imputados por el delito de lavado de activos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Para la Fiscalía, tanto Manrique Soacha, como los demás investigados, deben permanecer recluidos en centro carcelario, pues, asegura el ente investigador, representan un peligro para la sociedad y, estando en libertad, podrían entorpecer las pesquisas que aun se adelantan para esclarecer, cada vez más, el desfalco a la Ungrd.

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