En la tarde de este jueves 24 de abril, se conoció que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud para la programación de la audiencia de imputación de cargos en contra de María Alejandra Benavides, exasesora del exminsitro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La exfuncionaria es señalada por la Fiscalía por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias de servidor público. Su nombre ganó importancia en el expediente del caso de la Ungrd, luego de que Benavides mencionara que el exministro Bonilla, con quien trabajaba, tendría conocimiento de los hechos de corrupción y desviación de contratos y recursos al interior de la entidad encargada de la atención de desastres en el país.
En septiembre de 2024, la casa de Benavides fue allanada por las autoridades, que buscaban información sobre su posible relación con el entramado de corrupción. La diligencia le produjo tal impacto psicológico, que tuvo que internarse en la clínica Monserrat, de Bogotá. Fue allí donde decidió hablar ante la Fiscalía y entregar la información que conocía sobre la feria de contratos que se habría orquestado en la Ungrd.
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“Él me usó, él usó el hecho de ser ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, le dijo en su momento Benavides a la fiscal María Cristina Patiño. Según su declaración, Bonilla la habría utilizado como intermediaria para lograr que las comisiones económicas en el Congreso apoyaran conceptos de crédito presentados por el Gobierno.
Su declaración también salpicó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al asesor de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo. Además de un puñado de congresistas que, para la fecha de los hechos, hacían parte de las comisiones de crédito. Según sus declaraciones, en diciembre de 2023 se habría desplegado una operación de compra de congresistas con la venia del exministro Bonilla.
La razón: el Gobierno necesitaba destrabar varios de sus proyectos en el Congreso; entre ellos, la aprobación de grandes créditos con bancos internacionales, por lo que Bonilla habría puesto el ojo en los intereses de quienes integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El pago por destrabar los conceptos económicos del Gobierno se habría resumido en tres proyectos viabilizados por $92.000 millones en los departamentos de Arauca, Córdoba y Bolívar.
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Los funcionarios que habrían recibido coimas por apoyar los conceptos emitidos desde la cartera que dirigía Bonilla fueron Karen Manrique (representante por las curules de paz), Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde.
Todos fueron citados en su momento por la Corte Suprema de Justicia para entregar su versión sobre la presunta participación en el entramado de corrupción. Pero la mayoría de ellos guardó silencio; la única que no lo hizo fue la congresista conservadora Bitar Castilla.
Lo propio hizo Benavides, el cinco de diciembre de 2024, cuando fue citada como testigo del caso y decidió ejercer su derecho a guardar silencio y a no responder al cuestionario del magistrado Misael Rodríguez. Su abogado en esa oportunidad denunció además que la exfuncionaria era víctima de amenazas.
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“Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las medidas de protección de mi representada y sus familiares, considerando las amenazas recibidas contra su integridad personal relacionadas con el proceso en curso”, señaló Jaime López, defensor de Benavides.
Ahora la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión de definir en qué fecha y ante cuál juzgado de control de garantías se adelantará la diligencia de imputación en contra de la exasesora Benavides. Un paso en el expediente que, incluso, podría abrirle la puerta a la posibilidad de recibir beneficios si llegara a negociar una colaboración con la justicia.
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