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La Fiscalía General de la Nación imputó este martes 18 de marzo nuevos cargos a los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd): Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez. El ente investigador determinó que existen pruebas suficientes para vincular a ambos exfuncionarios con el direccionamiento irregular de contratos de obras y horas de maquinaria amarilla entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 en al menos cinco departamentos.
Tanto López como Pinilla fueron imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no fueron aceptados por ninguno de los exfuncionarios. Según las pesquisas de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien dirige el grupo de tareas especiales para el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo, los exdirectivos habrían cuadrado los convenios irregulares con funcionarios de dos ministerios y sus asesores, un enlace de la Presidencia, congresistas y contratistas.
Para el ente de control, López y Pinilla, con apoyo de los funcionarios públicos con quienes cuadraron los convenios, se comprometieron tramitarlos de manera rápida y directa, todo a través de la declaratoria de emergencia en territorios donde se realizarían las intervenciones. La propia Fiscalía ha mencionado en diligencias anteriores que, en algunos municipios, se crearon emergencias falsas para justificar la adjudicación de contratos.
Los contratos bajo la lupa de la Fiscalía están relacionados con el desarrollo de obras con el propósito de atender la temporada de lluvias en Cotorra (Córdoba), por $44.522 millones; Carmen de Bolívar (Bolívar), por $12.356 millones y Saravena (Arauca), por un total de $32.559 millones. Estos convenios, según le dijeron al ente investigador ambos exfuncionarios, habrían sido de interés de algunos congresistas que ya están siendo investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, según las investigaciones de autoridades judiciales, los representantes Wadith Manzur, Liliana Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Manrique (Citrep) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) habrían sido quienes, al parecer, se vieron beneficiados con esos contratos. Todos han negado su participación en el entramado.
Adicionalmente, un contrato para atender las inundaciones en Sahagún (Córdoba), por 28.146 millones de pesos; y otro asociado al alquiler de 7.500 horas de maquinaria amarilla en Riohacha (La Guajira), que ascendió a 2.125 millones de pesos.
El Espectador reveló en su edición dominical los chats de una de esas asesoras, María Alejandra Benavides, testigo clave en el caso, con representantes como Manzur y Manrique, en donde se hace referencia a esos convenios. En esos chats, por ejemplo, quedó registro de que fue el representante Manzur quien le dio a la asesora de Ricardo Bonilla el nombre de su supuesto intermediario para manejar el contrato de Cotorra, por más de $44.000 millones. Resultó ser Harry Bejarano, funcionario de esa Alcaldía, cuyo alcalde era Guillermo Llorente Petro.
Ese 11 de diciembre, a las 4:11 de la tarde, María Alejandra Benavides le escribió a Manzur: “Hola, Repre. ¿Cómo estás? ¿Tienes el número del alcalde de nuestro proyecto grande?”. Manzur le envió el contacto del mandatario Guillermo Llorente y le preguntó: “¿Pero quién explica cómo va a ser todo?”. Benavides le contestó: “Yo te cuento”. Y le lanzó otra pregunta: “¿Este es Cotorra?”.
Manzur le dijo que sí y Benavides agregó: “Listo, estoy moviéndolo todo. Déjame sigo gestionando y ahorita te cuento bien”. Ya entonces Benavides tenía los contactos de los tres intermediarios designados al parecer por los congresistas para manejar esos negocios por $92.000 millones. Ahí entró en juego otro protagonista en este expediente: Jaime Ramírez Cobo, el enlace de Presidencia con el Congreso. Benavides le pidió su ayuda para tratar de gestionar los contratos prometidos en la Ungrd.
La mención a Luis Fernando Velasco
La Fiscalía expuso que uno de los determinadores de la gestión de esos contratos fue el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según la investigación del ente de control, Velasco instruyó a Olmedo López y a Sneyder Pinilla sobre a cuáles congresistas y contratistas entregar contratos por más de $30.000 millones.
“El 4 de diciembre de 2023, usted señor Olmedo López se reunió con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi por un valor aproximado de $35.000 millones. El senador le indicaría dónde y con quién los ejecutaría”, precisó la Fiscalía.
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