Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Fiscalía radicará esta semana la imputación en contra del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en hechos de corrupción que se habrían llevado a cabo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Así lo aseguró públicamente la jefa del ente investigador, Luz Adriana Camargo.
De acuerdo con la fiscal general, el exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro tendrá que responder por los presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. “Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño”, dijo Camargo este martes.
La encargada de radicar la solicitud será la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien lidera la investigación. Según el ente investigador, el exjefe de la cartera económica habría cometido delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, por, al parecer, haber cuadrado contratos para favorecer a seis congresistas de las comisiones de Crédito Público a cambio de sus conceptos favorables para aprobar altos créditos para la Nación.
La imputación contra Bonilla venía cantada desde junio de este año, cuando la propia fiscal general, en rueda de prensa, dijo que la definición de la fecha para la imputación dependerá de que un juez avale el principio de oportunidad a María Alejandra Benavides, su exasesora y testigo clave en el caso.
En ese momento, la jefa del ente investigador señaló que “la Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad, presuntamente delictiva, del señor Bonilla a partir de un acercamiento que en virtud de una negociación de principio de oportunidad tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto. Ese principio de oportunidad se va a radicar a finales de esta semana y, una vez el juez de control de garantías a quien corresponda decidir la legalidad de este principio de oportunidad lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla”.
El exministro ha sido mencionado dentro del escándalo en varias oportunidades y por varios de sus protagonistas. Por ejemplo, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, le aseguró al ente investigador que el exministro pactó con él que los convenios, que sumaban cerca de $92.000 millones, pero que nunca se firmaron, salieran de la Unidad para atender desastres y que fueran directamente a los congresistas cuyos votos eran determinantes para aprobar los créditos urgentes. Esos convenios eran conocidos como “cupos indicativos”.
Asimismo, Sneyder Pinilla, exdsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, dijo que el exjefe de cartera sabía perfectamente de los manejos irregulares dentro del organismo y que tuvo contacto con él para cuadrar los contratos que iban a beneficiar a los legisladores. Estos convenios, según Pinilla, iban dirigidos a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en donde, al parecer, se reportaron falsas emergencias para firmar los contratos.
De acuerdo con las versiones que le ha entregado Olmedo López a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, los congresistas que se verían beneficiados con esos convenios son: Wadith Manzur, Liliana Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Circunscripciones de Paz) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
