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La Fiscalía imputó al exdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla Álvarez, por el presunto direccionamiento de millonarios contratos en el departamento de Córdoba.
Pinilla, uno de los cerebros detrás del saqueo a la Ungrd, ya enfrenta otros procesos por hechos similares, y en esta ocasión fue presentado ante un juez de control de garantías y señalado formalmente del delito de interés indebido en la celebración de contratos. En la más reciente imputación fue relacionado con diez contratos aparentemente irregulares, pero Pinilla no aceptó responsabilidad.
De acuerdo con los hallazgos del ente acusador, entre agosto y diciembre de 2023, Pinilla, junto con otros dos funcionarios de la subdirección general de la UNGRD, habría manipulado el proceso de contratación de cinco órdenes de proveeduría para el suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas, así como sus respectivas interventorías.
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Los contratos estaban destinados a atender emergencias en los municipios de Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas. El valor total de los contratos alcanzó los $8.671 millones, aunque estos recursos no llegaron a ser desembolsados a los contratistas.
“Pinilla Álvarez, aprovechado su cargo y extralimitando sus funciones presuntamente aceptó, tramitó y avaló la contratación con particulares no registrados en la lista de proveedores de la Ungrd que fueron seleccionados previamente por un funcionario de la entidad”, señaló la Fiscalía.
La condena contra Sneyder Pinilla
El pasado 29 de abril, el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá condenó a cinco años, ocho meses y un día de prisión a Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tras avalar el preacuerdo suscrito con la Fiscalía.
La sentencia fue emitida luego de que Pinilla aceptara su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, cometidos en medio del escándalo de corrupción que salpica a la UNGRD y a figuras del alto gobierno. La jueza Martha Cecilia Artunduaga Guaraca aprobó el preacuerdo, que contempló una rebaja del 45 % en la pena como beneficio por colaboración eficaz.
La jueza Martha Cecilia Artunduaga avaló el acuerdo, al considerar que Pinilla no solo confesó su participación en los hechos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024, sino que además se convirtió en testigo clave contra al menos 25 personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y congresistas en ejercicio.
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En su testimonio, Pinilla aportó información que derivó en la judicialización de figuras como Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien ya enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, tras ser señalada de facilitar un soborno de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name. Este último ha negado las acusaciones, aunque ya compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Además, el exsubdirector de la Ungrd vinculó al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien —según su versión— habría coordinado la entrega de contratos por más de $92.000 millones con el fin de comprar votos de congresistas en la Comisión de Crédito Público para aprobar millonarios préstamos internacionales. Entre los congresistas mencionados se encuentran Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
Como parte de su colaboración, Pinilla devolvió $618 millones apropiados ilícitamente del dinero público. Sin embargo, su petición de prisión domiciliaria fue negada por el juzgado, que ordenó su reclusión en una guarnición militar debido a las amenazas de muerte que ha recibido desde que comenzó a declarar a mediados de 2024. Actualmente, permanece privado de la libertad en una prisión de alta y media seguridad del Ejército.
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La sanción también contempla una multa superior a 3.500 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, contratar con el Estado o aspirar a cargos de elección popular durante el tiempo que dure la condena.
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