Una jueza de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y otras siete personas que estarían implicadas en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El hombre está salpicado en las irregularidades para la compra de carrotanques para el departamento de La Guajira.
Otras siete personas salpicadas en el entramado de contrataciones también irán a la cárcel de forma preventiva: Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la Ungrd.
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También el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro, y Francisco Javier Estupiñán Bravo. El asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez, y el contratista de la Ungrd, Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Estas personas fueron imputadas por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
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Según la Unidad de Fiscales Delegados del ente investigador, Manrique Soacha habría facilitado la entrega de $100.000 millones de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a cambio de coimas del 7% por cada contrato; es decir, $7.000 millones.
Esto habría ocurrido entre mayo de 2023 y marzo de 2024. Aunque Manrique se mantuvo en su puesto al menos tres meses en medio de los señalamientos en su contra, el noviembre del año pasado renunció a su cargo.
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Asimismo, ayer un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad que la Fiscalía acordó con María Alejandra Benavides Soto, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y testigo estrella dentro de la investigación.
Según la Fiscalía, la mujer habría sido la encargada de coordinar con Olmedo López, director de la Ungrd entre 2023 y 2024, los contratos que beneficiarían a congresistas. Esto, bajo órdenes directas de Ricardo Bonilla. Es la única exfuncionaria del gobierno Petro que logra suscribir un principio de oportunidad que le concede inmunidad total de un año por el delito por el cual estaba señalada.
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