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Sandra Liliana Ortiz, exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República, seguirá privada de la libertad, mientras avanza un juicio en su contra por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Un juez rechazó la petición de libertad de su defensa, y encontró que Ortiz representa un “riesgo para la comunidad” y podría entorpecer la investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, “Sandra Liliana Ortiz Nova, seguirá en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público”. El ente investigador expuso que un juez penal de control de garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento impuesta a la exfuncionaria del gobierno desde diciembre de 2024.
El juez que revisó la solicitud, la rechazó, señalando que la Fiscalía ha demostrado que Ortiz “todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal”.
La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, seguirá en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Un juez penal de control de…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 15, 2025
Desde el pasado 1 de septiembre, la Fiscalía acusó formalmente a Sandra Ortiz, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la exconsejera Ortiz habría servido como puente para entregar coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República.
Según expuso el ente investigador en ese momento, “el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”.
La Fiscalía expuso que al día siguiente, en el mismo sitio en el que se habría entregado el primer soborno, Pinilla Álvarez le habría entregado de nuevo la maleta a la exconsejera Ortiz, cargada con $1.500 millones más, “que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”. Para la Físcalía, la exfuncionaria “tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd”.
El ente investigador agregó que Ortiz tendría conocimiento de que ese dinero estaría destinado al pago de coimas “por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”.
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