Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla fueron oficialmente enviados a la cárcel, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su captura el pasado 18 de diciembre. Ambos fueron vinculados a un proceso penal por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer, pero ambos se declararon inocentes. Luego, el ente investigador pidió prisión domiciliaria para ambos, pero el Tribunal Superior de Bogotá no estuvo de acuerdo.
La magistrada Aura Rosero Baquero estudió la petición de la Fiscalía y encontró que la prisión domiciliaria no se ajustaba a la gravedad de los hechos por los que son investigados ambos exministros. Por esa razón, ordenó cárcel para Velasco y Bonilla. Ambos fueron capturados luego de la audiencia el pasado jueves.
En el caso de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, agentes de la Policía y del CTI de la Fiscalía lo capturaron en el Tribunal Superior de Bogotá, pues estuvo presente durante todas las audiencias. En cuanto a Velasco, el exministro del Interior se presentó ante las autoridades en Cali, pues vive en esa ciudad.
Sobre cómo fue la captura, Velasco señaló que siempre se le respetaron sus derechos y actuó de manera legal. “Sentí lo que un ciudadano que se cree inocente siente cuando es capturado”, declaró el exministro Velasco, quien agregó que está en buenas condiciones de salud.
Por su parte, Bonilla señaló que siempre recibió buen trato y fue trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde pasó la noche. Su defensa, además, pidió que se tenga en cuenta que su defendido es un hombre de 76 años, con antecedentes médicos delicados, como un derrame cerebral hace tres meses, y otros antecedentes de salud.
La magistrada María Leonor Oviedo tuvo en sus manos la decisión y, luego de verificar que se cumplieron los requisitos de ley, legalizó la captura de ambos exfuncionarios del gobierno Petro. Durante la audiencia, señaló que el centro de reclusión podría ser La Picota en Bogotá, pero en todo caso explicó que la decisión la tomará el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
