Caso Ungrd: los chats que enredan a los políticos Wadith Manzur y Karen Manrique

Como piezas de un complejo rompecabezas, las pruebas del saqueo a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) han venido encajando milimétricamente. Investigaciones periodísticas y confesiones judiciales han sido determinantes en el mapeo de un caso de corrupción emblemático que tiene bajo sospecha a varios alfiles del gobierno Petro y a algunos parlamentarios que siguen jurando inocencia. No obstante, nuevas evidencias en poder de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia parecen resultar definitivas para probar este engranaje criminal. Esos hallazgos también están en poder de El Espectador. Se trata de reveladoras conversaciones vía Whatsapp que tuvieron varios protagonistas del expediente justo en momentos en los que hay serios indicios del direccionamiento de tres contratos por más de $92.000 millones. Un botín que presuntamente iba para los políticos investigados.

Hasta hoy, solo se conocían los chats del entonces director y subdirector de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente, con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, su asesora María Alejandra Benavides y varios de los señalados intermediarios de los congresistas para manejar esos contratos. Esas conversaciones daban pistas muy claras de cómo el Gobierno, en diciembre de 2023, habría comprado a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de que aprobaran millonarios créditos para la nación. Pero ahora la película parece estar completa gracias a los chats que aportó María Alejandra Benavides, testigo de la Fiscalía, con los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique. Una bitácora de mensajes que desmenuza el paso a paso del negocio bajo la mesa que aparentemente firmaron Ricardo Bonilla y los parlamentarios procesados por la Corte.

En ese 2023, la CICP parecía estar en una especie de operación tortuga para aprobar créditos internacionales. La razón: que el Gobierno, al parecer, no les estaba cumpliendo a los congresistas con la cuota de contratos para garantizar su respaldo político. Las conversaciones que sostuvieron entre octubre de 2023 y febrero de 2024 los representantes a la Cámara Wadith Manzur y Karen Manrique con María Alejandra Benavides, entonces asesora de Ricardo Bonilla, son claves para la Corte Suprema, que investiga una presunta compraventa de parlamentarios. Por ejemplo, el 11 de octubre de ese año, Manzur se quejó con Benavides de que el Gobierno lo ignoraba. “Solo te dejo la constancia por acá (...) Te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y, cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático”, le escribió el representante. “Repre, yo estoy haciendo lo que puedo”, le contestó Benavides.

El 17 de octubre de 2023, Manzur reapareció con nuevas quejas en su chat con Benavides. “Mariale, por favor, déjame hablar con el ministro. De verdad estoy muy inconforme (...) Ayer me senté al lado de él (en la plenaria), le dije varias cosas y me ignoró”. Benavides le contestó: “O sea, repre, yo solo puedo pasar el mensaje, pero la decisión es de él”. Manzur recalcó decepcionado: “De verdad no entiendo por qué me tratan así de indiferente”. Tres semanas después, el 8 de noviembre, otro cruce de mensajes entre Manzur y Benavides evidenció la presión de ese congresista para romper el quórum y dilatar los créditos de la CICP que iban a ser votados al día siguiente. “Mi amor, la realidad es que no quedamos tranquilos, no nos vamos a reunir mañana”. “¿Qué? ¿O sea que no vienen? ¿Por qué?”, le preguntó angustiada Benavides. La asesora de Bonilla sabía que sin quórum la aprobación de los empréstitos se enredaba.

La charla se volvió más explícita. Manzur le insistió: “No vemos nada claro. Seguir acumulando los pendientes para el otro año es muy difícil”. El mensaje entre líneas parecía ser que, hasta esa fecha, el Gobierno aún no les había entregado nada a cambio. La asesora de Bonilla le respondió inquieta: “Pero ya les pedí proyectos. No hay cómo empezar a gestionar si ustedes no me pasan qué gestionar. Yo le pregunté al ministro por UNGR (Unidad para la Gestión del Riesgo) porque me lo pediste. O sea, así tampoco se puede”. Manzur le contestó: “Mi amor, entiende que aquí estamos luchando todavía lo del año pasado y, a este ritmo, me va a pasar lo mismo que me pasó con el gob (gobierno) anterior”. Benavides le dijo entonces: “Yo estoy haciendo todo para darles tranquilidad. No entiendo qué es lo que les falta y me molesta porque siento que siempre falta algo. O sea, es una relación de confianza de ambos”.

En ese momento Manzur le confesó que su temor: “Que después de que avancemos en todo no nos necesiten para nada”. Le estaba diciendo que la CICP, de la cual fungía como supuesto vocero, según el pacto ilegal denunciado por varios testigos, no iba a votar ningún crédito hasta que el Gobierno les cumpliera sus peticiones. “Mi amor, si la decisión la tomaras tú, yo estuviera tranquilo. Pero no la tomas tú”, le dijo Manzur a Benavides para cerrar esa charla. Efectivamente al día siguiente, el 9 de noviembre, la CICP fue citada para votar tres créditos internacionales, pero ninguno se aprobó. Benavides le escribió a Manzur: “El ministro está molesto”. El congresista le contestó: “Muy agresivo el ministro hoy. Nunca lo había visto así. A la brava no funciona esto. Yo no tengo el celular del ministro ni siquiera y nunca me pude ver a solas con él”. La funcionaria le manifestó: “Espérame lo calmo un poco”.

Paralelamente, la congresista Karen Manrique le escribió a María Alejandra Benavides ese mismo día. “Doctora, ¿qué pasó con la sesión?”. “Se levantó”, contestó Benavides. “El director y Wadith pelearon”, añadió. Benavides se refería al entonces director de Crédito Público, José Roberto Acosta, que ese día habló sin rodeos de que los congresistas de la CICP estaban dilatando la aprobación de esos recursos de financiamiento externo. Manzur montó en cólera y le dijo que aquí nadie estaba jugando a ninguna dilación, que cuidara sus palabras, que era la segunda vez que lo ofendía, que respetara y que no le admitía esa crítica. En ese momento el senador Julián Peinado secundó a su colega y expresó: “Hablar de dilaciones es hablar de un dolo y de una mala fe”, señaló para concluir que semejante denuncia del director de Crédito Público debía resolverse en los estrados judiciales. La sesión se levantó entre gritos.

La aprobación de los créditos seguía aplazándose y la urgencia del Ministerio de Hacienda y del alto gobierno fue haciéndose más latente. Para el 28 de noviembre de 2023 se citó a una nueva Comisión Interparlamentaria. Antes de empezar, Manzur le escribió a Benavides sobre José Roberto Acosta: “Yo aquí pensando (que) ese hp ni disculpas a (sic) pedido”. Una de las condiciones que pusieron algunos parlamentarios de la CICP era que Acosta no volviera a ser convocado. La asesora de Bonilla le dijo a Manzur que no se preocupara, porque el ministro Bonilla había dado instrucciones en ese sentido. Al final, ese 28 de noviembre se aprobaron seis de los nueve empréstitos presentados. Pero todavía quedaba en la tras escena el supuesto acuerdo para favorecer a los congresistas que estaban alineándose. Ese mismo día, Karen Manrique le escribió a Benavides: “Quiero hablar con el ministro, así sean 2 minutos”.

Diciembre fue candela. Mientras Karen Manrique le insistía a Benavides para que le agendara una cita urgente con Bonilla, Wadith Manzur siguió en su letanía de quejas porque “las cosas no avanzan”. El 4 de diciembre Manzur le escribió a Benavides que, como iban las cosas, este año no se iba a hacer mucho más. Benavides le contestó que para el 6 de diciembre estaba citada una nueva Comisión Interparlamentaria. Pero la cosa estaba tan tensa, que ese día solo se aprobó un empréstito internacional. El Gobierno interpretó esa movida como una operación tortuga. Ese día, curiosamente, Manzur le escribió un chat a Benavides en el que le dijo: “Ahí vi que suspendieron al director de la Ungrd”. Se refería a Olmedo López, sancionado por la Contraloría durante un mes. Por su parte, Karen Manrique insistía en verse con Bonilla y le escribió a Benavides: “Por favor, doctora. Le agradezco mucho mi petición manifestada al sr. ministro”.

Corrían las horas y todavía faltaban seis millonarios créditos internacionales por ser aprobados y el 15 de diciembre acababa la legislatura. El Gobierno convocó otra sesión para el 12 de ese mes con la esperanza de que le aprobaran los empréstitos que faltaban. Ya entonces se había puesto en marcha una operación para salvar esos créditos a como diera lugar. El 11 de diciembre, es decir, el día anterior a esa sesión de la CICP, Karen Manrique se cruzó unos chats explícitos con María Alejandra Benavides. “Doctora, buenos días. Solicito por favor un espacio esta tarde”. “Repre, ¿me pasas el teléfono del alcalde de Saravena?”, le contestó Benavides. La congresista le envió ese contacto y luego le escribió: “¿La puedo llamar? Me pone nerviosa con él (el alcalde)”. “¿Por qué?”, le preguntó Benavides. Manrique le contestó algo, pero eliminó el mensaje y luego se río. Entonces Benavides le dijo: “Ustedes me pidieron que moviera los proyectos”.

La charla continuó y Manrique le pidió a Benavides que por favor hablaran personalmente. Quedaron de verse en la oficina de la senadora Liliana Bitar, otra de las congresistas investigadas. “Estoy en la oficina de Bitar. Me dijeron que pasara aquí. Lo de Unidad de Riesgo”, le escribió Manrique. Parece claro que se referían a la entidad que manejaban entonces Olmedo López y Sneyder Pinilla, su subdirector para el Manejo de Desastres, y a los contratos que venían cocinándose para supuestamente comprar a los parlamentarios. Wadith Manzur tuvo otra conversación clave con Benavides y quedó registro de que fue el representante quien le dio a la asesora de Ricardo Bonilla el nombre de su supuesto intermediario para manejar el contrato de Cotorra, por más de $46.000 millones. Resultó ser Harry Bejarano, funcionario de esa Alcaldía, cuyo alcalde era Guillermo Llorente Petro.

Ese 11 de diciembre, a las 4:11 de la tarde, María Alejandra Benavides le escribió a Manzur: “Hola, Repre. ¿Cómo estás? ¿Tienes el número del alcalde de nuestro proyecto grande?”. Manzur le envió el contacto del mandatario Guillermo Llorente y le preguntó: “¿Pero quién explica cómo va a ser todo?”. Benavides le contestó: “Yo te cuento”. Y le lanzó otra pregunta: “¿Este es Cotorra?”. Manzur le dijo que sí y Benavides agregó: “Listo, estoy moviéndolo todo. Déjame sigo gestionando y ahorita te cuento bien”. Ya entonces Benavides tenía los contactos de los tres intermediarios designados al parecer por los congresistas para manejar esos negocios por $92.000 millones. Ahí entró en juego otro protagonista en este expediente: Jaime Ramírez Cobo, el enlace de Presidencia con el Congreso. Benavides le pidió su ayuda para tratar de gestionar los contratos prometidos en la Ungrd.

“Auxilio, llámame apenas puedas”, le escribió Benavides al alto funcionario de Presidencia, quien tenía mucha más experiencia en estos tejemanejes. Jaime Ramírez, ya enterado de la movida para ubicar a los presuntos intermediarios de los congresistas, le escribió: “Oye, les puedes pedir un número (de contacto) de cada municipio, para que sea más rápido”. María Alejandra Benavides le envió los contactos de las tres personas que ya le habían pasado los parlamentarios. “Este es Cotorra”, le escribió y después borró el mensaje. Y continuó: “Este es Saravena”. Después le dio el contacto de Juan Carlos Torres, alcalde de El Carmen de Bolívar. “Necesito que los llamen, por favor. Solo esos dos que los llames tú”, le dijo Benavides a Jaime Ramírez. El contacto de Saravena (Arauca) se lo entregó Karen Manrique a Benavides. Se trataba del empresario Camilo Díaz. Así lo revelan chats en poder de El Espectador.

El 12 de diciembre de 2023, día que también estaba citada la Comisión Interparlamentaria para resolver seis créditos internacionales que le urgían al Ejecutivo, María Alejandra Benavides tuvo tres conversaciones paralelas para tratar de destrabar los votos que necesitaba el Gobierno. A las 6:10 de la mañana se comunicó con Jaime Ramírez. “¿Pudiste llamar a los alcaldes?”. El asesor de Presidencia le respondió: “Me contestó uno. Cotorra. El otro jamás respondió”. Benavides le dijo: “Es para saber si voy a tener Interparlamentaria”. La asesora se refería a que, si se les cumplía a los congresistas mostrándoles que el Gobierno sí tenía disposición de entregar esos contratos, ese día seguramente sí habría quórum para votar. Benavides le insistió a Ramírez que por favor llamara al alcalde de El Carmen de Bolívar y le explicó al asesor de Presidencia. “Si no, no me llegan”. Se refería a los congresistas.

A esa misma hora de la mañana, Benavides se comunicó con Wadith Manzur para contarle de sus gestiones. “Hola Repre. ¿Verificaste que al alcalde lo contactaron?”. Manzur le contestó: “Cuando hablé con él me dijo que no”. Benavides insistió: “A mí, hace 15 minutos me confirmaron que sí. El alcalde de Cotorra”. Manzur le respondió: “Mi amor, perdón que te lo diga, pero se están enredando mucho. Una llamada a un alcalde no significa nada”. Pocos minutos después, sobre las 7:00 de la mañana, sesionó la CICP y se aprobaron cinco de los seis empréstitos. Ese día en la tarde hubo reunión de urgencia en el Ministerio de Hacienda entre los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco y los asesores Benavides y Ramírez. El tema a tratar, al parecer, fueron los contratos de la Ungrd. Esa tarde, Karen Manrique le escribió a Benavides: “No te imaginas el estrés estos días. O bueno, sí. Me imagino el suyo también”.

Ese mismo 12 de diciembre, sobre las 6:00 de la tarde, Jaime Ramírez se intentó comunicar con Olmedo López. Como no lo encontró, le envió a su secretaria privada, Diana Carolina Martínez, un cuadro con los tres contratos que serían entregados, al parecer, a los congresistas y un audio en el que señalaba que necesitaban sacarlos cuanto antes porque se podían hundir proyectos que necesitaba el Gobierno. Martínez le reenvió el cuadro y el audio al subdirector Sneyder Pinilla. Por la noche, Pinilla y López se vieron en el hotel Gran Hyatt de Bogotá y este último se mostró muy disgustado de que ese tipo de acuerdos secretos se los enviaran a través de su secretaria privada. Ya estaba claro que por la Ungrd iba a salir la plata para los congresistas. Así lo han declarado Olmedo López y Sneyder Pinilla. De hecho, el 11 de diciembre el Minhacienda había emitido una resolución que amplió el presupuesto a la Ungrd en $700.000 millones.

El 13 de diciembre de 2023 nuevos escollos aparecieron. Sobre el mediodía, Manzur le escribió a Benavides que el contacto que le habían dado en la Ungrd para cuadrar los detalles del negocio no contestaba los mensajes. “Ese señor no responde. Así no va a funcionar”, se quejó Manzur, y nuevamente le dio a Benavides el teléfono del intermediario suyo, Harry Bejarano. Antes de despedirse le reiteró: “Mi amor, eso no funciona así (...) está en manos de ustedes”. Las cosas se complicaban y faltaba todavía un crédito por ser aprobado. La única oportunidad para hacerlo era el 15 de diciembre, en la última sesión de la CICP. Por eso, el 14 de diciembre Jaime Ramírez le confesó a Benavides que estaba “quemando el celular” para lograrlo. “Jaime, dale el número de Olmedo al ministro”, le escribió Benavides. “Hijos de pura (sic) los de esa Unidad”, le respondió Ramírez. Y, minutos más tarde, le contó a la asesora: “Ya el ministro está llamando”.

Al mismo tiempo, Jaime Ramírez se cruzó varios chats con el subdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla. A él le dijo que el ministro Bonilla se estaba intentando comunicar con Olmedo López, pero que no había podido. Asimismo, le expresó preocupado: “Se nos van a caer los créditos de la Nación”. Un minuto después, quien le escribió a Sneyder Pinilla fue el propio ministro. Y después de saludarlo, lo llamó. Según Pinilla, hoy testigo de la justicia, el ministro le dijo que necesitaba sacar unos proyectos que ya estaban viabilizados y que esperaba al día siguiente en su oficina al director Olmedo López para concretar esos detalles. Así ocurrió. En la mañana del 15 de diciembre estaba planeada la última sesión de la CICP, pero se aplazó unas horas mientras el ministro Bonilla y Olmedo López hablaban. Según este último, Bonilla le dio una instrucción clara ese día: sacar como fuera esos tres negocios por $92.000 millones para los congresistas.

Para tranquilizar a los parlamentarios, María Alejandra Benavides les comentó a Manzur y a Manrique que Olmedo López y Ricardo Bonilla estaban ultimando los detalles de todo. A las 2 de la tarde inició la última sesión de la CICP de 2023 y Benavides se cruzó varios mensajes con esos dos congresistas y con el subdirector Sneyder Pinilla. A las 2:05, Pinilla le escribió a Benavides: “Hola, doctora. El ministro (Bonilla) que me comunique contigo para un tema de Cotorra, Salado (corregimiento de El Carmen de Bolívar) y Saravena”. Benavides le contestó: “Tenemos los tres proyectos que Jaime (Ramírez) les pasó. ¿Hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo?”. Pinilla le respondió: “Dame los tres contactos de cada municipio y yo los llamo y organizo”. Benavides le dio los contactos de Harry Bejarano de Cotorra, de Camilo Díaz en Saravena y del alcalde de El Carmen de Bolívar, Juan Carlos Torres.

Varios de esos chats ya habían trascendido públicamente, pero no los de María Alejandra Benavides con los congresistas. Ese 15 de diciembre en la tarde, por ejemplo, ella le escribió al congresista Wadith Manzur: “Ya están llamando a Harry Bejarano”. “¿Quién?”, preguntó el parlamentario. “Sneyder Pinilla”, contestó Benavides. Manzur preguntó otra vez: “¿Pero no me dijiste que ese man ya no?”. Benavides le manifestó: “El director y el ministro decidieron que él sería mi enlace allá y le dieron instrucciones de responderme”. Al tiempo, Benavides le preguntó a Karen Manrique que a quién contactaban en Saravena para sacar el proyecto. “Necesito el teléfono para pasarlo ya”. Manrique le contestó el mensaje, pero luego lo eliminó. No obstante, no borró un mensaje posterior en el que dejó la evidencia de que su supuesto intermediario tenía nombre, apellido y un número celular. “Camilo Díaz”, le escribió.

Ese turbulento 15 de diciembre, la CICP aprobó el último crédito que faltaba y para los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique quedó claro, al parecer, que los contratos prometidos estaban en camino. Sneyder Pinilla, entretanto, se comunicó con los intermediarios designados para formalizar los negocios y explicarles cómo debían presentar los proyectos. Pero todo se enredó porque para entregar los contratos rápido, los municipios debían justificar emergencias que no tenían. Aun así, Pinilla los asesoró para que las simularán en papeles. El 21 de diciembre María Alejandra Benavides le preguntó a Sneyder Pinilla cómo iban esos negocios. “¿Qué mensaje le doy al ministro (Bonilla) respecto al cumplimiento?”. Pinilla le comentó que todo iba andando. Pero el 15 de enero de 2024 reapareció Wadith Manzur para quejarse con María Alejandra Benavides porque los contratos no salían.

“Mi amor, quería contarte el tema ese que veníamos trabajando. Iba todo bien y de repente se paró y no volvió a avanzar”. Benavides lo interrogó: “¿El de Crédito Público?”. Manzur le dijo que sí y le explicó que todo se había congelado desde la última semana de diciembre de 2023. Y añadió: “Nosotros ya hicimos todo lo que ellos pidieron”. Ese nosotros parece muy claro: el congresista y su intermediario. Benavides quedó de preguntar qué había pasado. Ocho días después, el 23 de enero, Manzur insistió en que nada pasaba, que Pinilla no contestaba y que el tema estaba “muerto muerto”. Por esas mismas fechas, Karen Manrique le escribió a Benavides que requería un espacio urgente para hablar con el ministro Bonilla. Ante las demoras, el 14 de febrero de 2024, Benavides le preguntó a Sneyder Pinilla: “¿Qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro?”. Pinilla le confesó que los proyectos amarrados venían muy flojos.

Seis días después, el 20 de febrero de ese año, Wadith Manzur le escribió otra vez a Benavides: “Mi vida, te recomiendo UNG (Ungrd). Esta semana nada”. Es decir, Manzur le reiteró que seguían en el limbo. Para el 23 de febrero le insistió a Benavides: “Mi amor, te recomiendo el tema de Cotorra”. Benavides le contestó: “Ya el ministro hizo lo propio”, dando a entender que la orden de Bonilla había sido dada. Manzur le volvió a preguntar: “¿Y qué hacemos ahora?”. Benavides le respondió: “Esperar”. Ese mismo día, Karen Manrique se comunicó con ella para lo mismo, pues el contrato de Saravena nada que salía: “Hay dificultades, por favor. No se ha podido”. “Repre, ya le dije al ministro. No sé qué más hacer”, le contestó la asesora de Bonilla. El 27 de febrero, Manzur volvió a quejarse. “Aquí estoy con Peinado (el senador Julián Peinado) y de verdad estamos como en el aire”. Benavides le dijo: “Lo sé”.

A pesar de estas gestiones, los contratos no se dieron. La razón: Olmedo López y Sneyder Pinilla tuvieron que renunciar a sus cargos por las denuncias de corrupción de los carrotanques en La Guajira. Ambos, sin embargo, le han asegurado a la Fiscalía que de no haber sido por ese escándalo, los negocios por $92.000 para los congresistas de la Comisión Interparlamentaria se habrían entregado. Aunque Karen Manrique y Wadith Manzur han asegurado que son ajenos a cualquier componenda ilícita en este caso, los chats que entregó la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, hoy testigo clave, los ponen en serios apuros judiciales. Entre otras razones, porque hay prueba documental de las supuestas presiones que ejercieron, las influencias que movieron y los contactos de los intermediarios que entregaron. Este diario buscó a los involucrados, pero solo contestó Andrés Garzón, el abogado de Karen Manrique.

Según él, “en este expediente no puede hablarse de contratos, porque no hubo ni se entregaron contratos. Lo que hubo fueron proyectos. Esa es una diferenciación conceptual clave porque los congresistas pueden impulsar y gestionar proyectos. Eso le ocurrió a mi cliente con el proyecto para Saravena que ese municipio estaba gestionando desde mediados de 2023 por petición de la comunidad. Hay pruebas de lo anterior”. No obstante, El Espectador le preguntó a Garzón por qué, si esa gestión era de la congresista Karen Manrique y la Alcaldía, ella terminó designando a un particular como Camilo Díaz como su intermediario. El abogado solo señaló que no tenía detalles de si el empresario Díaz era o no funcionario de la Alcaldía. Este diario le dejó mensajes al representante Wadith Manzur y al abogado del exasesor de Presidencia, Jaime Ramírez. Ninguno respondió.