El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, vuelve a estar bajo la lupa de la opinión pública. Esta vez, por cuenta de que Nicaragua le habría renovado su residencia en ese país, donde se presume que está desde marzo de este año, al tiempo que avanza el proceso en su contra por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La información fue dada a conocer por Noticias RCN en la mañana de este jueves 14 de agosto. El medio de comunicación publicó imágenes de lo que sería una solicitud de la Embajada de Colombia en Nicaragua pidiendo la renovación de la residencia de González en ese país, una carta con respuesta favorable emitida por el Ministerio del Interior de Nicaragua y el documento de identidad del exdirector del Dapre, investigado en Colombia por corrupción.
En contexto: Fiscalía confirma que Carlos Ramón González no tiene circular roja de Interpol
En la primera carta, con fecha del 21 de mayo y enviada desde la Embajada de Colombia en Nicaragua, se lee: “La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González. El cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”.
El Ministerio del Interior del país centroamericano respondió a vuelta de correo electrónico, el mismo día. “En relación a solicitud de renovación de residencia del Sr. Carlos Ramón González Merchán, tiene a bien hacer de su conocimiento: (...) puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración y Extranjería en Managua Sede Central, para renovación de su cédula de residencia” dice el documento.
Lea también: Habla la fiscal Camargo: “No sabemos si Carlos Ramón González regrese al país”
La tercera imagen es de lo que sería la antigua cédula de residencia de Carlos Ramón González, expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua y con fecha de vencimiento del 14 de junio de 2025. Ese es el documento que, al parecer, por medio de gestiones del gobierno Colombiano, el exdirector del Dapdre habría logrado renovar. En esa cédula se lee que la fecha de nacimiento es el 9 de septiembre de 1958, pese a que en registros colombianos aparece que es el 11 de noviembre de ese año.
Pero, además, el 21 de mayo de 2025, la fecha de renovación que se lee en los documentos, es justo la misma fecha en la que el exfuncionario y amigo cercano del presidente Gustavo Petro fue imputado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El Espectador se comunicó con la defensa del exdirector del Dapre en Colombia; sin embargo, manifestaron no haber tenido injerencia en ese trámite.
El paradero de González
Carlos Ramón González es una de las personas salpicadas en el escándalo de la Ungrd. Pasó de ser alfil y amigo cercano del presidente Gustavo Petro, a estar investigado por presunta corrupción. Tras una diligencia relacionada con el caso, que ha salpicado a altos funcionarios del gobierno Petro, directores de entidades públicas y congresistas, se supo que el exdirector del Dapre estaría en Managua (Nicaragua). La Fiscalía logró determinar su ubicación a través del rastreo de la VPN del equipo desde el cual se conectaba.
Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Ramón González habría sido parte del cerebro detrás del entramado de corrupción de la entidad pública. De él directamente habría salido la orden de entregar dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso.
Le puede interesar: Carlos Ramón González: de alfil de Petro a investigado por corrupción en la Ungrd
Entre lo que Olmedo López ha declarado ante las autoridades, está una supuesta reunión de septiembre de 2023 en la que se habría concretado el pago de coimas a congresistas. El exdirector de la Ungrd ha dicho que en ese encuentro, Carlos Ramón González dio la orden de entregarle $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, a modo de soborno para que destrabaran las reformas pensional y a la salud.
Esa declaración ante la justicia hizo que aparecieran otros dos nombres claves en el expediente: Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y capturado el pasado 7 de mayo, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y hoy privada de la libertad en una guarnición militar de Bogotá, por su presunta participación en el entramado de corrupción.
En contexto: Ricardo Bonilla y los otros pendientes de la Fiscalía en el caso de la Ungrd
Según ha señalado López, la orden de González de entregar los sobornos a Name y Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, la habría hecho efectiva Ortiz. Las declaraciones del exdirector de la Ungrd la señalan de haberle entregado los $3.000 millones a Name en un apartamento en Bogotá y de gestionar un soborno extra, de $1.000 millones, que se le habría entregado a Calle en Montería (Córdoba).
Con el anuncio de la imputación del exdirector del Dapre, en mayo de este año, esa versión entregada por López, y corroborada por Pinilla, cobró mayor importancia para la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que las pruebas recolectadas por la Sala de Instrucción de la Corte, que permitieron las capturas de Name y Calle, y por María Cristina Patiño, fiscal del caso, y que la defensa de González había pedido no tener en cuenta.
Más contenido: Caso Ungrd: Corte Suprema pide a Fiscalía investigar cercanos al gobierno Petro
La Corte Suprema negó las pretenciones de la defensa de González y le dio aval a esas pruebas, entre las que hay registros de comunicaciones, rastreos financieros, migratorios, digitales y geográficos, y un elemento clave: las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, que darían cuenta de la reunión de septiembre de 2023 entre González, Ortiz y López, las caras más visibles del escándalo de corrupción.
Pese a que González negó en su momento ante la Corte Suprema haber dado las órdenes por las que será investigado, la justicia ha encontrado cada vez más razones para creerle a López y Pinilla, los testigos estrella del caso, e intentar comprobar su responsabilidad. Esa es una de las razones por la que es clave que González regrese al país y enfrente el proceso, aunque sea por medio de una circula roja de Interpol, que ya fue solicitada por la Fiscalía, pero sobre la cual aún no hay respuestas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
