El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, del Partido Liberal, seguirá en prisión por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd). La defensa del congresista pidió a la Corte Suprema de Justicia que el político pudiera defenderse en libertad, pero el alto tribunal consideró que "la imposición de una medida de detención intramural es idónea y necesaria para evitar un riesgo para la comunidad“.
La defensa del político argumentaba que la Sala de Instrucción del alto tribunal, que adelanta las pesquisas en su contra, incurrió en dos errores a la hora de imponerle la medida de aseguramiento. Primero, “que la Sala de Instrucción incurrió en un falso raciocinio al valorar los testimonios de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, transgrediendo las reglas de la sana crítica”.
Segundo, dijo la defensa, “que se estructuraron de manera indebida los fines de la medida de aseguramiento al considerar la peligrosidad del procesado basándose en sus características personales como congresista”.
Sin embargo, al revisar la petición y el sustento, la Sala de Primera Instancia encontró que la Sala de Instrucción, que impuso la medida el pasado 7 de mayo en contra de Calle y del senador Iván Name, del partido Alianza Verde, vio que los argumentos de la defensa del político se quedaron cortos.
“Los argumentos esbozados por el libelista, revisten una evidente intención de enfatizar sobre el valor persuasivo de los medios recaudados que considera fueron apreciados erróneamente por la Sala de Instrucción, orientando sus pretensiones a favorecer únicamente su propia posición por encima de los argumentos del órgano instructor, lo cual no es admisible en esta sede”, dijo la Sala de Primera Instancia.
En la decisión, se lee que “la Sala Especial de Instrucción, tanto en la resolución que le impuso la medida de aseguramiento a Calle Aguas como en la que resolvió el recurso de reposición interpuesto por su defensor, verificó la suficiencia probatoria, la correcta aplicación de la sana crítica y la acreditación de los fines constitucionales de la detención preventiva”.
De igual manera, el alto tribunal señaló que no es cierto que los testimonios fueran las únicas pruebas en las que se fundamentó la Sala de Instrucción para imponer la medida contra Andrés Calle.
Al negar la petición de dejar en libertad al político, la Sala de Primera Instancia resaltó “la irracionalidad alegada por la defensa en torno a las erradas premisas en que supuestamente incurrió la Sala Especial de Instrucción al valorar los testimonios de Pinilla Álvarez y López Martínez no fue acreditada, pues el demandante se limitó a cuestionar el valor suasorio que la Corporación les otorgó a esos medios de convicción, sin demostrar en qué consistió la transgresión al principio de razón suficiente”.
El alto tribunal insistió en que a Calle se le impuso la medida de aseguramiento “bajo un análisis extenso y detallado principalmente de los testimonios de López Martínez y Pinilla Álvarez con el respectivo componente del principio de corroboración periférica, referido al examen de otros medios de conocimiento que confirmen aspectos fundamentales de sus afirmaciones”. Por eso, dice la decisión, no fue una medida tomada a la ligera, como lo quería hacer ver la defensa del congresista.
Por eso, dice la Corte, Andrés Calle deberá seguir en prisión mientras que avanzan las investigaciones en su contra, en las que se intenta determinar si hizo parte del entramado de corrupción en la Ungrd. Al parecer, según las pruebas y testimonios que se han conocido en el caso, Calle habría recibido $1.000 millones para agilizar el trámite de reformas del gobierno de Gustavo Petro en su paso por el Congreso.
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