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Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien fuera la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), deberá ir a prisión preventiva. Así lo determinó el magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, durante la audiencia de medida de aseguramiento contra el exfuncionario. Para el togado, la Fiscalía presentó evidencia suficiente que demostraría la participación de González en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por lo que deberá ir a la cárcel mientras avanzan las investigaciones.
González Merchán, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, fue imputado en mayo pasado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, cargos que no aceptó. “La mayor gravedad de las conductas reprochadas se denota en las calidades que ostenta el implicado, quien se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con un reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político”, precisó el magistrado Rogeles durante la diligencia.
El magistrado le dio total validez a la teoría expuesta por la Fiscalía, y consideró que el exfuncionario, utilizando su posición como director del Dapre, ordenó el pago de sobornos a el expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, para agilizar la aprobación de proyectos presentados por el Ejecutivo en el Congreso. “Además dio instrucciones a Olmedo López —exdirector de la Ungrd— para pagar esas coimas con fondos públicos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres", agregó el togado.
Las pesquisas del ente investigador indican que González Merchán habría pactado inicialmente con Olmedo López la entrega de contratos por $60.000 millones para Name y de $10.000 millones para Calle, un negocio que nunca se materializó. En su lugar, y debido a la premura de las entonces cabezas del Legislativo por recibir los recursos, al parecer se entregaron sobornos en efectivo de $3.000 millones para el primero y de $1.000 millones para el segundo. Ambos congresistas se encuentras detenidos desde mayo pasado por estos hechos por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Los testimonios de Olmedo López han sido un elemento clave para la Fiscalía en este episodio del caso Ungrd, pues él fue quien habló sobre una supuesta reunión en Residencias Tequendama, en septiembre de 2023, en donde se cuadró la entrega del dinero para Iván Name. En ese lugar vivía Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, también procesada por estos hechos. La exfuncionaria —copartidaria de Name en la Alianza Verde— habría sido la encargada de entregar el soborno en efectivo al senador, recursos que habrían salido de la contratación irregular de la Ungrd.
De hecho, ante autoridades judiciales López recordó que, el 21 de septiembre de 2023, en una reunión previa a un consejo de ministros, Ortiz Nova se le acercó para hablarle del tema y preguntarle por la plata, haciendo énfasis en que con ella “solo era lo de Name”. Esa conversación, según el exdirector de la Ungrd, quedó registrada en las cámaras de seguridad y también fue conocida por Carlos Ramón González. Respecto a Calle, López aseguró que se reunió con él en su oficina para pactar el soborno de $1.000 millones, el cual fue entregado por Sneyder Pinilla —exsubdirector de la Unidad— en Montería.
Carlos Ramón González no está en Colombia
Otro tema crucial en este escenario es la salida del país de Carlos Ramón González, quien se presume estaría en Managua, Nicaragua. A esa conclusión llegó el ente investigador luego de conocer un informe de investigación informática que evidenció que, durante la audiencia de imputación el pasado 21 de mayo, el exdirector del Dapre se conectó de esa ciudad, capital del país centroamericano. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya se había referido al tema diciendo que, aunque confía que el procesado volverá al país y enfrentará su situación judicial, si no cumple se podría emitir una circular roja de Interpol para hacer efectiva su captura.
El magistrado Rogeles también advirtió que existe un “riesgo previsible” sobre la comparecencia de González Merchán ante la justicia y que su captura se debe adelantar de forma “urgente”. “Debido a su constante ingreso y salida del territorio colombiano, es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar en caso de ser vencido en juicio. (...) El implicado no cuenta con arraigo actualizado y, al parecer, se encuentra en Nicaragua, lo cual hace palpable el riesgo de no comparecencia”, concluyó el togado.
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