El congresista electo del Partido Conservador Wadtih Manzur, quien está privado de la libertad en medio de la investigación en su contra por, supuestamente, haber participado del entramado de corrupción que saqueó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), recusó a uno de los magistrados que revisa su caso. Se trata del magistrado de la Sala de Instrucción Héctor Javier Alarcón Granobles, quien inicialmente era el ponente del proceso. Según Manzur, el togado no da garantías de imparcialidad.
El Espectador conoció el documento que Manzur le envió a la Sala de Instrucción, con el que busca que Alarcón salga del proceso. Según dice la carta de 14 páginas, el togado, cuando lideraba el proceso, filtró información del caso y evaluó mal las pruebas que había y por las cuales el alto tribunal decidió enviarlo a prisión preventiva. Para el político cordobés, una de las pruebas que habría valorado erróneamente el magistrado fue un documento hallado en el domicilio de Andrea Ramírez, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, para imponerle medida de aseguramiento.
En ese manuscrito, dice el congresista, no estaba su nombre, sino el de Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo. Aún así, él fue enviado a prisión, dentro de otras cosas, por esa prueba. “El documento resultante de esa diligencia no contiene referencia alguna al nombre de WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT. Los nombres consignados en dicho manuscrito corresponden a otras personas”, se lee en el documento enviado a la Corte. El político subrayó que “esta inversión de la lógica probatoria, en la que el documento sirve para privar de la libertad a quien no menciona y no tiene consecuencia alguna para quienes sí menciona”, además, que “configura una violación al principio de igualdad“.
De igual manera, dice el político conservador, esa misma prueba había sido rechazada por el magistrado tiempo atrás, ya que había dicho que carecía de “certidumbre sobre el alcance y significación de su contenido”. Manzur señala que “un cambio de criterio sobre la aptitud probatoria de un documento, sin motivación que lo sustente, no es ejercicio de libre valoración”.
Por otra parte, Manzur le dijo a la Sala de Instrucción que el magistrado Alarcón evaluó con extrema severidad sus acciones, mientras que ignoró conductas presuntamente más graves de otros políticos señalados en el caso. También, que omitió pruebas que lo beneficiaban. El documento resalta que el magistrado calificó como obstrucción un encuentro público donde Manzur dijo “ahí no hay nada”. Sin embargo, el político critica que el magistrado “guardó absoluto silencio frente a un hecho de naturaleza sustancialmente distinta: la señora LILIANA BITAR CASTILLA le solicitó (a un testigo) borrar sus conversaciones de WhatsApp” en un ámbito privado.
Asimismo, el político del Partido Conservador le dijo al alto tribunal que las declaraciones de los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda), Luis Fernando Velasco (Interior) y el exviceministro de Hacienda Diego Guevara fueron incorporadas al proceso y “ninguno de esos declarantes refirió que el suscrito hubiera influenciado, presionado o intervenido en contratos”. El magistrado, según Manzur, “no realizó ninguna mención sobre estos materiales probatorios que inequívocamente favorecen al suscrito”.
En la recusación, Manzur también señala que hay una incoherencia jurídica por parte del magistrado. El político sostiene que Alarcón votó a favor de que se le investigara por cohecho impropio, pero en su aclaración sostuvo que los hechos “configuran el delito de cohecho propio“. Sobre eso, el congresista electo aseguró que “un funcionario que vota una acusación que considera incorrecta, que no salva su voto, y que simultáneamente reescribe los hechos de esa acusación para sostener una calificación más gravosa, no puede predicar de sí mismo la apariencia de imparcialidad“.
El político del Partido Conservador también se refirió a la filtración de partes del proceso cuando Alarcón era el ponente del caso, lo cual no respetó la “protección de la prueba”. Manzur resalta en el documento que la propia Sala decidió “separar al Magistrado ALARCÓN GRANOBLES de la dirección del proceso” en julio de 2024 tras la filtración de declaraciones de Olmedo López".
En el documento, el político añadió que “quien ha guardado la reserva legal, le fue impuesta una medida de aseguramiento por supuesta obstrucción a la justicia. Quienes tenían acceso exclusivo a las piezas reservadas no han sido objeto de consecuencia procesal alguna”. Asimismo, que “la filtración de esas piezas procesales generó un juicio paralelo en los medios de comunicación que afectó de manera irreparable la presunción de inocencia del suscrito”.
En el texto, el congresista cordobés dijo que no busca probar que el magistrado Alarcón ha actuado de mala fe, sino que no hay confianza de que vaya a ser imparcial en su proceso. “Las apariencias son importantes para valorar si un Tribunal es imparcial. No sólo debe hacerse justicia, sino parecer que se hace, con el fin de salvaguardar la confianza de los justiciables”, escribió en el documento. En conclusión, dijo que “La concurrencia de estos tres elementos (errores fácticos, incoherencia jurídica y filtraciones) hacen que la potencialidad de afectación de la apariencia de imparcialidad resulte plenamente configurada”.
Se espera que la Sala de Instrucción sesione esta tarde para revisar distintos asuntos del expediente de la Ungrd. El debate será clave, pues se definirá si el magistrado Alarcón tiene que dar un paso al costado o si ha actuado correctamente y podrá seguir participando en el grueso proceso en contra de Manzur.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
