“Cada vez es más notorio su propósito de que el proceso que está en sus manos concluya con una preclusión y en la impunidad”, le dijo el senador Iván Cepeda al fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. En un comunicado, el senador del Polo le pidió a la Fiscalía que aclare si es cierto que está repitiendo pruebas que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya practicó y que, de ser así, explique las razones.
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Iván Cepeda, víctima en el caso, le envió un escrito a Jaimes pidiéndole que explique si es cierto que ordenó la práctica de cien pruebas, muchas de las cuales ya había hecho la Corte en la investigación que culminó con la orden de detención contra Álvaro Uribe por una presunta manipulación de testigos. No obstante, como el expresidente renunció al Senado, el expediente tuvo que salir de la Corte hacia la Fiscalía que, según ordenó un juez, debe decidir ahora si lo llama a juicio o precluye —interpretación que está en veremos por una tutela de Uribe—.
En el comunicado, Iván Cepeda dijo que, de ser cierto, Jaimes debe explicar, “las razones por las cuales se estarían repitiendo actividades probatorias realizadas por la Corte Suprema, pues lo que corresponde es tenerlas como elementos materiales probatorios, evidencias o información legalmente obtenida como fundamento para proseguir con la actuación procesal siguiente, que a la luz del derecho y de la transparencia no puede ser otra que la presentación del escrito de acusación”. En otras palabras, pide que la Fiscalía explique por qué no considera válido el trabajo hecho por la Corte.
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De lo contrario, “estaríamos ante un escenario que pretendería modificar el sentido, alcance o resultados del abundante y contundente recaudo probatorio que llevó a cabo por años la Corte Suprema de Justicia con el fin de precluir el proceso”, añadió Iván Cepeda en su comunicado. El senador, además, dijo que esta es otra evidencia de la falta de garantías y neutralidad que representa Jaimes para él, como víctima reconocida en el expediente, algo que viene denunciando desde que el fiscal general, Francisco Barbosa, le entregó el caso.
Mientras tanto, una decisión clave del caso volvió a recaer sobre la Corte Suprema por una actuación judicial de la defensa de Álvaro Uribe. Se trata de una tutela que busca tumbar la calidad de imputado que tiene el expresidente por orden de un juez penal de conocimiento de Bogotá desde noviembre del año pasado. El togado equiparó la indagatoria que rindió Uribe en la Sala de Instrucción a una imputación de cargos y, por eso, el siguiente paso sería que la Fiscalía defina si lo llama o no a juicio.
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No obstante, para la defensa de Álvaro Uribe esto viola sus derechos fundamentales, por lo que interpuso una tutela que ya fue declarada improcedente en primera instancia. Según la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, el expresidente todavía tiene otras formas de defenderse dentro del proceso penal, con lo que la acción de tutela no sería un mecanismo idóneo. Los abogados de Uribe apelaron y esta decisión clave, que podría definir cuál es el siguiente paso en el proceso, ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
