:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/KBIO7R375ZBLRDBLY3C5YMUN4I.jpg)
En buena parte de las 1554 páginas del auto en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe, en agosto de 2020, se menciona el nombre de Diego Cadena. Se trata de un abogado que estuvo al servicio del expresidente Uribe y que hoy se encuentra bajo detención domiciliaria enfrentando un juicio por los mismos delitos que se le endilgan al exmandatario: soborno a testigos y fraude procesal. (Lea también: Los millones que habría entregado a testigos Diego Cadena, el exabogado de Álvaro Uribe)
Diego Cadena y Álvaro Uribe están involucrados en procesos penales por los mismos hechos, pero mientras el primero fue acusado por la Fiscalía y se encuentra afrontando un juicio, el segundo está cerca de salir absuelto, pues la Fiscalía pidió la preclusión del proceso en la mañana de este viernes. Los caminos del abogado Diego Cadena y de Uribe se cruzaron en 2017 cuando el expresidente conoció al abogado.
Según las investigaciones, Cadena empezó a trabajar para el exmandatario con un objetivo: sobornar a testigos para que declararan en favor del expresidente ante la Corte, donde se adelantaba el proceso judicial en contra del exmandatario. Con ese fin, Cadena habría tratado de torcer los testimonios del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y del testigo Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe Velez.
El objetivo de Cadena era que los testigos se retractaran de declaraciones hechas en contra de Uribe y, de paso, enlodaran al congresista Iván Cepeda diciendo que este los abordó para convencerlos de declarar contra el expresidente. A Monsalve, le ofreció beneficios como una revisión de su caso y tramitar su entrada a la JEP, mientras que a Carlos Enrique Vélez le ofreció $200 millones, de los cuales se materializaron $48, según las investigaciones.
Y aunque, tanto la Corte, como la Fiscalía, coinciden en que Diego Cadena cometió conductas ilegales para beneficiar al expresidente Uribe, la forma en la que ambas entidades judiciales interpretaron la participación de Cadena en estos hechos es bastante diferente. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia, que llevó la investigación contra el expresidente Uribe durante más de dos años, en agosto de 2020, presentó con minucias las conductas del abogado en medio de los hechos que se investigaban. (Le puede interesar: Los temas de las conversaciones entre el senador Uribe y Diego Cadena, según la Corte Suprema)
Y si bien, a través de testimonios, pruebas documentales e interceptaciones telefónicas logró exponer las conductas irregulares del jurista, dejó claro que se cometieron bajo la determinación y el conocimiento del expresidente Uribe. “Lo evidente, de acuerdo con el análisis probatorio efectuado, al cual baste remitirse, son sus instrucciones en punto a que hay que persistir, ‘seguir en la batalla’, ‘echar para adelante’, ‘proceda, proceda’ con esa particular forma de obtener pruebas, lo que denota el manifiesto dolo en su actuar”, señaló la Corte.
El alto tribunal, en el auto de ordena la detención del exmandatario, agregó que, en el patrón de comportamiento, el “modus operandi” que implementó el abogado cadena en nombre de Uribe, variaron las personas que fueron abordadas por Diego Cadena para que declararan en favor del expresidente. Sin embargo, señaló la Corte, “todo ello con conocimiento, conciencia y voluntad del senador Uribe como determinador”. En otras palabras, para el alto tribunal, Uribe fue el determinador de la conducta criminal de Cadena.
La investigación de la Corte que salió a la luz con la orden de detención de Álvaro Uribe, acarreó un proceso penal contra Diego Cadena y su mano derecha el también abogado Juan José Salazar, por presunto soborno y fraude procesal. Este caso ha estado caminando en la Fiscalía. En septiembre de 2020 los abogados fueron acusados por el fiscal Daniel Hernández quien en su escrito de acusación confirmó los presuntos sobornos ejecutados por Cadena, con ayuda de Juan José Salazar, en favor del expresidente Uribe.
Sin embargo, a diferencia de la Corte, la Fiscalía nunca refirió que el exmandatario hubiera cumplido el rol de determinador en las conductas que les fueron cuestionadas a los abogados. “Las actividades mencionadas en la acusación fáctica son hechos que tienen relevancia jurídica, toda vez que los dos autores sabían y conocían que estaban haciendo ofrecimientos y pagos a testigos para que declararan falsamente. Con ese actuar violentaron efectivamente el bien jurídico de los delitos de la eficaz y recta impartición de justicia, sin que existiera justa causa, pues no se pudo vislumbrar dentro del proceso una justificante de ese actuar”, explicó el fiscal.
En ese sentido, la Fiscalía dista de la postura de la Corte Suprema, pues en ningún momento involucra al expresidente Uribe, ni siquiera refiere que este haya tenido conocimiento sobre las gestiones presuntamente irregulares de quien fue su abogado. Apenas unos días antes de que el fiscal Daniel Hernández profiriera la acusación contra los abogados Diego Cadena y Salazar, la investigación contra el expresidente Uribe que estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia, había aterrizado en la Fiscalía, luego de que el exmandatario dimitiera a su curul en el Senado.
Entonces, tanto la investigación contra Diego Cadena, como el proceso contra Uribe quedaron bajo jurisdicción de la Fiscalía. Pero el caso del expresidente parece tomar un rumbo muy distinto al de su abogado. Este viernes, el fiscal que lleva el expediente, que es uno de los más importantes de la última década, solicitó una audiencia de preclusión. Aunque todavía no se conoce a ciencia cierta cuáles son los motivos de fondo que lo llevaron a esta conclusión, el fiscal Gabriel Jaimes sí dio una argumentación escueta pero que da pistas.
(Noticia relacionada: La acusación contra Diego Cadena, antiguo abogado del expresidente Uribe)
“Varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y, otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, señaló el fiscal, a través de un comunicado público. En ese sentido, parecería que los argumentos del fiscal Jaimes podrían estar dirigidos a enfocar los reflectores judiciales sobre el abogado Diego Cadena.