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La audiencias preparatorias terminaron. El juicio contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, ya está programado para iniciar el próximo 23 de febrero de 2025. El caso, que ha estado en el centro del debate político y judicial en Colombia, se ha visto marcado por la controversia en torno a la legalidad de pruebas clave y por las denuncias de persecución política por parte del exmandatario.
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El proceso tiene su origen en interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, inicialmente como parte de una investigación relacionada con el cartel de la toga. En dichas grabaciones, las autoridades registraron conversaciones entre Uribe y su abogado, Diego Cadena, las cuales se han convertido en piezas centrales del caso. Sin embargo, la defensa del expresidente ha cuestionado la legalidad de estas pruebas, argumentando que violan el secreto profesional entre abogado y cliente.
La Procuraduría ha respaldado esta postura, al señalar que las grabaciones vulneran las garantías procesales de Uribe. El procurador Bladimir Cuadro apeló la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien permitió que las interceptaciones sean admitidas en el juicio. Según la Procuraduría, estas grabaciones no debieron ser incluidas debido a que fueron realizadas de forma accidental, mientras se investigaba al excongresista Nilton Córdoba.
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En las conversaciones grabadas, el abogado Diego Cadena, señalado de presunta manipulación de testigos, habría gestionado declaraciones de personas privadas de la libertad que favorecerían al expresidente. Sin embargo, Uribe ha insistido en que no se trató de sobornos, sino de una recopilación legítima de información. Cadena enfrenta un proceso judicial aparte por este mismo caso.
Por su parte, la jueza Heredia argumentó que las interceptaciones fueron ordenadas legalmente por la Corte Suprema y consideró que son esenciales para el desarrollo del juicio oral. También avaló como testigos a los investigadores de la Fiscalía que participaron en el análisis técnico de las grabaciones.
El juicio, programado para desarrollarse entre enero y marzo de 2025, tendrá implicaciones significativas no solo para el panorama político, sino también para el debate sobre las garantías constitucionales y los derechos procesales en Colombia.
Álvaro Uribe, quien ha calificado el proceso como una persecución judicial y política, ha señalado que las acusaciones en su contra han afectado su capacidad de ejercer oposición política durante los últimos años. Además, ha solicitado que se investigue la relación de Deyanira Gómez, expareja de un testigo clave en su contra, con las Farc, lo que añade otro elemento de complejidad al caso.
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