Caso Uribe: la exfiscal Hilda Niño y el hacker Sepúlveda tienen un punto en común

Fue toda una sorpresa esta semana la reaparición del hacker Andrés Sepúlveda, el hombre condenado a 10 años de prisión en 2015 por acceder ilegalmente a información privilegiada de la mesa de diálogos de paz con las Farc y que habría sido conocida por la campaña del entonces candidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga. El regreso a los grandes titulares de prensa se dio porque la defensa del expresidente Uribe entregó a la Fiscalía un reciente testimonio de Sepúlveda en el que indica que su versión, en la que señalaba al candidato del Centro Democrático como conocedor de la infiltración a los diálogos de con la guerrilla, fue bajo presión del propio ente investigador. Esto coincidiría con la versión de la exfiscal Hilda Niño.

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“Fue fruto de un entrampamiento, de un gran fraude político y publicitario (...) al punto que hasta me vi obligado a aceptar cargos por delitos que no cometí. Para ese momento yo estaba siendo sometido por la Fiscalía General y funcionarios a intimidaciones, presiones, amenazas contra mi persona por las condiciones de privación de libertad a que pudiera exponerme y contra mis familiares (...) (fue obligado) a transmitir a la opinión pública, por esos medios de comunicación algunos comentarios en contra de personas que por supuesto no eran ciertos”, dijo Sepúlveda, quien a raíz de sus primeras declaraciones rebajó su pena y quedó en libertad en diciembre de 2020.

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Esta nueva versión del hacker, que no hace parte del proceso penal que hay en contra de Uribe por supuesta manipulación de testigos, concuerda con una que sí se dio en el marco de este expediente. Se trata del relato que entregó a la Corte Suprema la condenada exfiscal Hilda Niño Farfán, quien aseguró que al interior de la Fiscalía de Eduardo Montealegre hubo un complot para perjudicar a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Niño fue detenida en julio de 2017 y señalada de recibir sobornos del extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, y de Orlando Villa Zapata, ambos desmovilizados del bloque Vencedores de Arauca.

En contexto: Hacker Andrés Sepúlveda: “lo hice con plena convicción”.

La antigua funcionaria del ente investigador, hoy condenada, entregó información en decenas de casos para también recibir beneficios judiciales y ha dicho que fue testigo de que el exdirector de la Unidad de Justicia y Paz (hoy Justicia Transicional), Carlos Fidel Villamil, ofrecía beneficios a exparamilitares a cambio de que dieran fe de nexos entre los Uribe y grupos ilegales. Asimismo, habló de una lista de unos 15 testigos que se le habría entregado al vicefiscal, Jorge Perdomo, para que desde la Unidad de Justicia y Paz se hiciera una selección de quiénes podían entregar testimonios en contra de los Uribe a cambio de prebendas. Afirmó que cuando Villamil salió a vacaciones y quedó como directora encargada de la Unidad, ella misma entregó un resultado de ese trabajo al asesor del vicefiscal, Manuel Ayala.

Niño radicó en la Corte Suprema un recurso en el que aseguraba que “libre, espontánea y voluntariamente” quería ser escuchada, pero el mismo, encontró la Sala de Instrucción, fue objeto de seguimiento y refuerzo por parte de Uribe y su exabogado Diego Cadena. Así lo demostraría una conversación del 2 de mayo de 2018, interceptada por el alto tribunal, entre el abogado y la exfiscal, en la que ella pregunta si le pareció bien hecha la solicitud para declarar y si ya la radicó. Cadena respondió: “Perfecto, y el señor llamó allá para que le dieran a eso trámite directamente (…) regáleme una llamadita el viernes y yo le averiguo en qué estado va eso, pero despertó muchísimo interés”.

Esta, semana, tan pronto se conoció que el hacker Sepúlveda cambió su versión de los hechos, el exfiscal Eduardo Montealegre manifestó que denunciaría a Sepúlveda por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. Además Montealegre también señaló a El Tiempo que rechaza “categóricamente esas declaraciones. Nos quieren deslegitimar como víctimas dentro del proceso contra Uribe” y aseguró que Uribe y su abogado Jaime Granados son los que han presentado testigos y documentación falsa. “La investigación la tiene la Corte Suprema y no puede quedar en la impunidad. También involucra el caso ‘Andrómeda”, puntualizó Montealegre a ese medio.

Este choque entre Montealegre y Uribe tiene un reciente precedente. El 25 de agosto de 2020, a los pocos días de que el expresidente renunciara a su curul como senador, Montealegre radicó ante la Corte Suprema una denuncia en su contra por crímenes relacionados con las masacres de El Aro y La Granja (Ituango, Antioquia) en 1996 y 1997, respectivamente. Para la antigua cabeza del ente investigador, mientras Uribe era gobernador de Antioquia, pudo haber cometido estos delitos por omisión. Asimismo, según Montealegre, el expresidente tendría responsabilidad en el asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció la posible complicidad de las Fuerzas Militares en esas masacres.

A los pocos días de que anunciara esa denuncia, el 8 de septiembre de 2020 -es decir, cuando la Corte ya había enviado el caso de Uribe a la Fiscalía por falta de competencia- Montealegre anunció que pediría ante un juez ser considerado como víctima. A través de un comunicado de prensa señaló: “Como víctima, acudiré a las audiencias que solicitará la defensa (la misma que allegó a la investigación de la Corte Suprema falsos testigos y declaraciones), para oponerme a que se decrete la libertad de Álvaro Uribe. Además de la prueba de su responsabilidad muy bien expuesta por la Corte, constituye un peligro para la sociedad y puede obstruir la investigación”.

Montealegre volvió a aparecer en publico el pasado 5 de marzo de 2021, luego de que la Fiscalía anunciara que pedirá ante un juez que la investigación contra Uribe por supuesto fraude procesal y cohecho. Durante una rueda de prensa señaló el exfiscal dijo: “Existió un claro sesgo político, un desvío del poder en la recolección de estas pruebas. (Gabriel Jaimes, el fiscal del caso) Fungió y cumplió, no el rol del fiscal que investiga procesos y que protege la verdad, sino que se convirtió de facto en un abogado más de la defensa de Álvaro Uribe”:

Fue toda una sorpresa esta semana la reaparición del hacker Andrés Sepúlveda, el hombre condenado a 10 años de prisión en 2015 por acceder ilegalmente a información privilegiada de la mesa de diálogos de paz con las Farc y que habría sido conocida por la campaña del entonces candidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga. El regreso a los grandes titulares de prensa se dio porque la defensa del expresidente Uribe entregó a la Fiscalía un reciente testimonio de Sepúlveda en el que indica que su versión, en la que señalaba al candidato del Centro Democrático como conocedor de la infiltración a los diálogos de con la guerrilla, fue bajo presión del propio ente investigador. Esto coincidiría con la versión de la exfiscal Hilda Niño.

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“Fue fruto de un entrampamiento, de un gran fraude político y publicitario (...) al punto que hasta me vi obligado a aceptar cargos por delitos que no cometí. Para ese momento yo estaba siendo sometido por la Fiscalía General y funcionarios a intimidaciones, presiones, amenazas contra mi persona por las condiciones de privación de libertad a que pudiera exponerme y contra mis familiares (...) (fue obligado) a transmitir a la opinión pública, por esos medios de comunicación algunos comentarios en contra de personas que por supuesto no eran ciertos”, dijo Sepúlveda, quien a raíz de sus primeras declaraciones rebajó su pena y quedó en libertad en diciembre de 2020.

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Esta nueva versión del hacker, que no hace parte del proceso penal que hay en contra de Uribe por supuesta manipulación de testigos, concuerda con una que sí se dio en el marco de este expediente. Se trata del relato que entregó a la Corte Suprema la condenada exfiscal Hilda Niño Farfán, quien aseguró que al interior de la Fiscalía de Eduardo Montealegre hubo un complot para perjudicar a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Niño fue detenida en julio de 2017 y señalada de recibir sobornos del extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, y de Orlando Villa Zapata, ambos desmovilizados del bloque Vencedores de Arauca.

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La antigua funcionaria del ente investigador, hoy condenada, entregó información en decenas de casos para también recibir beneficios judiciales y ha dicho que fue testigo de que el exdirector de la Unidad de Justicia y Paz (hoy Justicia Transicional), Carlos Fidel Villamil, ofrecía beneficios a exparamilitares a cambio de que dieran fe de nexos entre los Uribe y grupos ilegales. Asimismo, habló de una lista de unos 15 testigos que se le habría entregado al vicefiscal, Jorge Perdomo, para que desde la Unidad de Justicia y Paz se hiciera una selección de quiénes podían entregar testimonios en contra de los Uribe a cambio de prebendas. Afirmó que cuando Villamil salió a vacaciones y quedó como directora encargada de la Unidad, ella misma entregó un resultado de ese trabajo al asesor del vicefiscal, Manuel Ayala.

Niño radicó en la Corte Suprema un recurso en el que aseguraba que “libre, espontánea y voluntariamente” quería ser escuchada, pero el mismo, encontró la Sala de Instrucción, fue objeto de seguimiento y refuerzo por parte de Uribe y su exabogado Diego Cadena. Así lo demostraría una conversación del 2 de mayo de 2018, interceptada por el alto tribunal, entre el abogado y la exfiscal, en la que ella pregunta si le pareció bien hecha la solicitud para declarar y si ya la radicó. Cadena respondió: “Perfecto, y el señor llamó allá para que le dieran a eso trámite directamente (…) regáleme una llamadita el viernes y yo le averiguo en qué estado va eso, pero despertó muchísimo interés”.

Esta, semana, tan pronto se conoció que el hacker Sepúlveda cambió su versión de los hechos, el exfiscal Eduardo Montealegre manifestó que denunciaría a Sepúlveda por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. Además Montealegre también señaló a El Tiempo que rechaza “categóricamente esas declaraciones. Nos quieren deslegitimar como víctimas dentro del proceso contra Uribe” y aseguró que Uribe y su abogado Jaime Granados son los que han presentado testigos y documentación falsa. “La investigación la tiene la Corte Suprema y no puede quedar en la impunidad. También involucra el caso ‘Andrómeda”, puntualizó Montealegre a ese medio.

Este choque entre Montealegre y Uribe tiene un reciente precedente. El 25 de agosto de 2020, a los pocos días de que el expresidente renunciara a su curul como senador, Montealegre radicó ante la Corte Suprema una denuncia en su contra por crímenes relacionados con las masacres de El Aro y La Granja (Ituango, Antioquia) en 1996 y 1997, respectivamente. Para la antigua cabeza del ente investigador, mientras Uribe era gobernador de Antioquia, pudo haber cometido estos delitos por omisión. Asimismo, según Montealegre, el expresidente tendría responsabilidad en el asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció la posible complicidad de las Fuerzas Militares en esas masacres.

A los pocos días de que anunciara esa denuncia, el 8 de septiembre de 2020 -es decir, cuando la Corte ya había enviado el caso de Uribe a la Fiscalía por falta de competencia- Montealegre anunció que pediría ante un juez ser considerado como víctima. A través de un comunicado de prensa señaló: “Como víctima, acudiré a las audiencias que solicitará la defensa (la misma que allegó a la investigación de la Corte Suprema falsos testigos y declaraciones), para oponerme a que se decrete la libertad de Álvaro Uribe. Además de la prueba de su responsabilidad muy bien expuesta por la Corte, constituye un peligro para la sociedad y puede obstruir la investigación”.

Montealegre volvió a aparecer en publico el pasado 5 de marzo de 2021, luego de que la Fiscalía anunciara que pedirá ante un juez que la investigación contra Uribe por supuesto fraude procesal y cohecho. Durante una rueda de prensa señaló el exfiscal dijo: “Existió un claro sesgo político, un desvío del poder en la recolección de estas pruebas. (Gabriel Jaimes, el fiscal del caso) Fungió y cumplió, no el rol del fiscal que investiga procesos y que protege la verdad, sino que se convirtió de facto en un abogado más de la defensa de Álvaro Uribe”: