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7 Mar 2021 - 2:00 a. m.

Caso Uribe: lo que dijo la Corte Suprema, versus lo que encontró la Fiscalía

La Fiscalía pedirá la preclusión de la investigación contra Álvaro Uribe, mientras la Sala de Instrucción de la Corte Suprema apuntaba a llamarlo a juicio. En manos del juez 28 de conocimiento de Bogotá está ahora el futuro judicial del expresidente.
El expresidente Álvaro Uribe siempre ha insistido en su inocencia y honorabilidad. / AFP
El expresidente Álvaro Uribe siempre ha insistido en su inocencia y honorabilidad. / AFP
Foto: RAUL ARBOLEDA

Los últimos años de vida y carrera de Álvaro Uribe Vélez han sido una montaña rusa. De 2018 a hoy pasó de ser el senador más votado de su partido y de todo el país, a ser el primer exmandatario de la República detenido por orden judicial, a renunciar a su escaño en el Congreso y a dar la pelea por su inocencia ante la Fiscalía como cualquier ciudadano de a pie. Todo esto sin perder su estatus como el político que le habla al oído al presidente Iván Duque, quien, al saber de la orden de detención en su contra, hizo una alocución desde la Casa de Nariño en favor de su mentor: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.

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Con esa frase, en su momento tan criticada como toda la alocución -por la injerencia que podía representar sobre la independencia de la Rama Judicial-, Duque se sumó al discurso que Uribe ha mantenido desde febrero de 2018. Fue entonces cuando trascendió que la Corte Suprema de Justicia había ordenado que se iniciara una investigación en su contra por posible manipulación de testigos, cargo que el propio Uribe le atribuía al senador Iván Cepeda. Según Uribe, Cepeda se fue cárcel por cárcel a buscar testigos falsos en su contra. La Corte concluyó que no había evidencias de que Cepeda hubiera tratado de manipular a nadie. En cambio, que había indicios de que Uribe sí.

Lo que llevó al expresidente Uribe y al congresista Cepeda a denunciarse mutuamente desde 2012 fue la consecución de Cepeda de testigos como Juan Guillermo Monsalve o Pablo Hernán Sierra, quienes declararon que el exmandatario fue promotor del bloque Metro en el nordeste de Antioquia. Uribe lo niega. En esa región la familia Uribe tuvo hasta los años 90 una extensa hacienda llamada Guacharacas, donde las Farc asesinaron a Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, en 1983. En los años noventa, la zona pasó a estar sometida al imperio armado del Eln. Luego llegarían grupos paramilitares como el Metro a expulsar a las guerrillas y a cometer, por su parte, otras barbaries.

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Esa es la génesis del maremoto político y judicial que provocó la Fiscalía este viernes 5 de marzo al anunciar una decisión que muchos veían como cantada: solicitar el aval de un juez para poder archivar la investigación contra Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte llegó a la conclusión de que Álvaro Uribe fue un “determinador y beneficiario” de una red de testimonios falsos. Seis meses más tarde la Fiscalía concluyó todo lo contrario: “Varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir”.

¿Cómo pueden dos entidades de la justicia ordinaria hacer inferencias diametralmente opuestas sobre unos mismos hechos y una misma persona investigada?

Fiscalía vs. Corte Suprema

Cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó de manera unánime que el expresidente Álvaro Uribe seguiría bajo investigación, lo hizo por medio de un documento de 1.554 páginas en el que dejó plasmados todos los materiales probatorios que había recabado hasta el momento y que, en su criterio, dejaban ver que Uribe emergía “con probabilidad de verdad como el gran determinador de este entramado ilegal”. Se refería a una serie de maniobras que Uribe, a través de terceros, habría ejecutado para obtener que personas como Monsalve se retractaran o que exparamilitares como Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, hablaran en su favor.

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El trabajo investigativo de la Fiscalía de la mano de Gabriel Jaimes Durán, sin embargo, hizo que el proceso tomara otro rumbo. El coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, antiguo hombre de confianza de Alejandro Ordóñez y mano derecha del fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que iniciaba el trámite para poder archivar el proceso contra Uribe con base en dos de las causales que permite la ley. Una es la “atipicidad del hecho investigado”, que la propia Fiscalía explicó cómo su percepción de que algunos actos bajo indagación “no tienen la característica de delito”. La segunda causal es “ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”: lo que sí fue delito, no lo cometió Uribe.

En estos seis meses, Jaimes Durán, según indica su propio cronograma de trabajo conocido por El Espectador, hizo una labor enfocada básicamente en cuestionar el trabajo de la Corte Suprema y les dio mucho juego a las peticiones de la defensa del expresidente. Por eso, uno de los aspectos cruciales fue tomar declaración bajo juramento de no menos de 26 personas cuyas versiones ya había tenido en cuenta la Corte, bien fuera para incluirlas o para descartarlas. Con un elemento más sobre la mesa: no se conoce, a la fecha, quiénes acataron el llamado o qué dijeron, pues sus testimonios han permanecido bajo el mayor sigilo solo en poder de Gabriel Jaimes y su equipo.

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Los contenidos de esas diligencias serán elementos esenciales para la exposición que Gabriel Jaimes Durán va a hacer ante un juez penal del circuito de Bogotá, cuando llegue a pedir luz verde para archivar este proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Una de las primeras declaraciones que solicitó fue la de Álvaro Hernán Prada, un representante a la Cámara del Centro Democrático por el Huila que hizo parte del mismo expediente contra Uribe en la Corte Suprema hasta el momento en que el alto tribunal admitió que perdía competencia sobre el mismo, pues Uribe había renunciado al Congreso -lo hizo el 18 de agosto de 2020- y los cargos en su contra no tenían que ver con su rol como senador.

Prada es una de las personas a través de las cuales, dijo en su momento la Corte, Uribe habría tratado de llegar a Juan Guillermo Monsalve para que desandara sus acusaciones en contra del expresidente. Monsalve es el hijo de un antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas y ha dicho, en múltiples oportunidades y escenarios, que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez promovieron el paramilitarismo en Antioquia a través del bloque Metro. Son “mentirosas”, le dijo Uribe a la Corte cuando esta le preguntó cómo recibía las calificaciones de Monsalve en su contra. Uribe agregó que él se enteró de que Monsalve estaba arrepentido de lo que había dicho y que fue por eso, por nada más, que lo buscó.

El representante ha asegurado que no cometió ningún delito sino que, simplemente, quiso ayudar al expresidente. A la Corte le contó que a él lo buscó un hombre llamado Carlos López, conocido como Caliche, para comentarle que conocía a Monsalve y que podía contactarlo. Por lo menos tres veces se vieron ellos dos en persona para lograr, según la Corte, que Monsalve enviara un video a ese alto tribunal dejando saber que se arrepentía de sus señalamientos contra Uribe. En su indagatoria, la cual rindió en noviembre 6 de 2019, Prada sostuvo que él permaneció al margen del asunto. La semana pasada, supo este diario, la Corte cerró la investigación y pronto definirá si llama a juicio al congresista.

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Otro nombre en ese listado de la Fiscalía es el de Rodrigo Vidal Perdomo. Es empresario, huilense como Prada y también se habría interesado por ayudar al expresidente Uribe apenas se enteró por las noticias de la decisión de investigarlo. Ante la Corte Suprema, alias Caliche aseguró que fue el representante Prada “quien le llegó” con el propósito de contactar a Monsalve; mientras Prada aseveró que fueron Vidal Perdomo y Mauricio Marroquín quienes lo buscaron con una supuesta información que Caliche tenía en favor del entonces senador Álvaro Uribe. A Mauricio Marroquín la Fiscalía también quiso escucharlo en declaración bajo juramento.

Caliche es otro de los mencionados en este listado de personas del Huila comprometidas en un episodio que para la Corte Suprema fue clave: los días siguientes al 17 de febrero de 2018 tras su decisión de investigar a Uribe, en los cuales se hicieron múltiples movidas de parte de la defensa del expresidente para tener soportes con los cuales presentar un recurso de reposición y pedirle al alto tribunal que reversara su determinación. Para la Fiscalía, a juzgar por las personas que llamó a declarar, lo que pasó durante esos días también fue clave. A la Corte, al menos, Caliche le dijo que él era amigo de Monsalve y por eso se ofreció para hacer un puente con él.

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Las interceptaciones entre Caliche y Rodrigo Vidal que hizo la Corte le hicieron pensar a este alto tribunal que ellos escondían más de una intención. El 21 de abril de 2018, Vidal le preguntó a Caliche si se había vuelto a comunicar “con el señor de allá, el de los candados”, en una posible referencia a Monsalve. Caliche le dijo a Vidal que sí y que “de parte del viejo” no lo habían buscado más. “Déjelos que cuando estén ahí más atorados, entonces ahí ya se sienta uno y les pide uno una propinita”, añadió Caliche, quien, el año pasado, le dijo a Semana que Monsalve fraguó un plan para asesinar a Iván Cepeda y que de ello sabía otro huilense, Hugo Tovar. En entrevista con este diario, Tovar negó esa versión.

“El Tuso” Sierra

Otro tema en el que la Fiscalía quiso profundizar fue el de Juan Carlos el Tuso Sierra. Se trata de un narcotraficante que logró colarse en el proceso de dejación de armas entre las Auc y el gobierno Uribe, que se desmovilizó con el bloque Héroes de Granada (Antioquia), cuya extradición fue primero suspendida por el gobierno Uribe y luego autorizada por este mismo en 2008, y que declaró ante la Corte Suprema y la Fiscalía hacia 2011 que Santiago Uribe Vélez estaba comprometido en actividades de narcotráfico; o que Mario Uribe, primo de los Uribe Vélez condenado por parapolítica, había estado involucrado en el montaje de Tasmania (un episodio que buscaba debilitar las indagaciones por parapolítica).

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En este proceso contra Álvaro Uribe, sin embargo, la defensa del expresidente lo ha considerado un testigo no solo creíble, sino clave, y por eso hizo todo lo que estuvo a su alcance para que su testimonio llegara a la Corte Suprema: Sierra asegura que, en 2009, lo visitaron en una cárcel de Estados Unidos la senadora Piedad Córdoba e Iván Cepeda -quien no había llegado al Congreso aún- para ofrecerle prebendas, como asilo en Europa para él y su familia, a cambio de que enlodara a Uribe vinculándolo con el paramilitarismo. Y así se lo hizo saber a la Corte a través de dos cartas que se obtuvieron o a través de Diego Cadena o de una investigadora privada, exagente de la CIA, llamada Lisa Ruth.

“Resulta bastante extraño que el senador concediera toda credibilidad al dicho ‘espontáneo’ de Juan Carlos Sierra Ramírez sin más, cuando, como sucedió en el pasado, declaró de manera directa, pero en su contra y la de su familia”, dijo la Corte Suprema el año pasado al evaluar la credibilidad de la versión de Sierra. La Corte quiso oírlo y lo citó, pero Sierra no se presentó virtualmente -vive en Estados Unidos-. Para la defensa de Uribe, que el alto tribunal no hiciera esfuerzos para reprogramar una diligencia con Sierra fue síntoma inequívoco de que la Corte actuó con desidia frente a un testigo esencial para Uribe y repitió hasta el cansancio que la Corte nunca quiso oírlo.

El pasado 16 de febrero la Fiscalía escuchó a Sierra, quien reconfirmó su versión acerca de la visita en la cárcel de Estados Unidos de parte de Cepeda y Córdoba. La Fiscalía también llamó a declarar al diputado del Centro Democrático Roque Arismendi y a Juan Manuel Aguilar, hermano de Carlos Mario Aguilar (alias Rogelio), este último exjefe de la Oficina de Envigado radicado en EE. UU. Pero, para aclarar este episodio, la Fiscalía no pidió las declaraciones de otros presentes en la reunión con Sierra en 2009: la exsenadora Piedad Córdoba, el exsenador Rodrigo Lara o Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Tanto Lara como Córdoba sí declararon ante la Corte.

La lista de declarantes de la Fiscalía tiene más nombres: Elmo José Mármol Torregrosa y Giovanny Cadavid Zapata, detenidos en la cárcel de Cómbita, cuyos testimonios falsos -según la Corte- gestionó Diego Cadena; la exfiscal Hilda Niño, quien declaró ante la Corte que la Fiscalía de Eduardo Montealegre orquestó un plan en contra de los hermanos Uribe Vélez; Fauner José Barahona, otro recluso que envió carta aseverando que vio a Iván Cepeda en la cárcel, escoltado por dos hombres, ofreciendo asilos a cambio de “hundir al señor Uribe Vélez”, o de Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito, quien hizo también carta, pero para desmentir al testigo Pablo Hernán Sierra.

“La honorabilidad es mi gran afán”, ha expresado Uribe una y otra vez a lo largo de este proceso, afirmando que él es un hombre inocente que solo busca “la verdad”. La Fiscalía de Barbosa, que ha rechazado cualquier interés político sobre este controversial proceso, se enfocó también en buscar elementos para desvirtuar a Juan Guillermo Monsalve, quien para la Corte fue clave, al punto que escarbó hasta en sus propiedades. El pasado 25 de febrero la Corte le recordó a la Fiscalía que esta tiene copia espejo de todas las pruebas, pues estaba reclamando por un celular incautado a Monsalve en enero de 2020. Y esta semana, lo último que hizo la Fiscalía fue una inspección al proceso de Álvaro Hernán Prada.

Con todos esos elementos, y varias versiones más, la Fiscalía llegó a la conclusión de que Álvaro Uribe Vélez no cometió ningún acto ilegal para favorecerse en el proceso que la Corte Suprema había abierto en su contra, como sí infirió la Corte. Su caso ahora está en manos del juez 28 de conocimiento de Bogotá, ante el cual la Fiscalía expondrá por qué este caso debe archivarse: “La Fiscalía General de la Nación invita a la ciudadanía a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la Judicatura y conocer con detalle los argumentos de la decisión, para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”.

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