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La tutela que presentó el condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez para buscar su libertad ya tiene ponente en el Tribunal Superior de Bogotá: el magistrado Ramiro Riaño Riaño. Sin embargo, las víctimas del proceso contra el exmandatario señalan que el togado estaría impedido para conocer el recurso presentado por la defensa de Uribe, porque su esposa habría tenido relación con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, cuando era fiscal general.
En contexto: Caso Uribe: defensa del expresidente presenta tutela para buscar su libertad
A través de un comunicado firmado por el senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el proceso en el que lo condenaron fraude procesal y soborno en actuación penal; y los abogados Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, señalan que el magistrado Riaño conoció en el pasado otro recurso presentado por el expresidente. Agregaron que en esa ocasión el togado tomó una decisión estando impedido.
De acuerdo con lo manifestado por el congresista y los abogados de víctimas, “en el pasado, el magistrado Riaño conoció de otra acción de tutela interpuesta por el exmandatario, por intermedio de su abogado Jaime Granados, en la que el 11 de febrero de 2025, el mismo día en que fue radicada, decretó una medida provisional que suspendió el juicio oral, a pesar de encontrarse impedido, hecho que puso en conocimiento de la Sala hasta el 14 de febrero del mismo año, y que fue declarada fundada, el día 17 del mismo mes y año, por la Sala Dual, con ponencia del magistrado, Leonel Rogeles Moreno".
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El impedimento estaría relacionado con el trabajo que tuvo la esposa del magistrado en la Fiscalía durante la administración del ahora magistrado Eduardo Montealegre. “Su compañera permanente Luz Adriana Gutiérrez Mejía, fue nombrada en 2013, como fiscal local en provisionalidad, en el municipio de Zipaquirá-Cundinamarca, época para la cual el Dr. Montealegre Lynnet se desempeñaba como Fiscal General de la Nación y, en tal calidad, realizó su nombramiento”, dice el impedimento de febrero de este año.
Las víctimas del caso contra Uribe señalan que por esa razón "hemos solicitado que se dé trámite al impedimento para que sean los dos magistrados restantes quienes valoren la acción constitucional y decidan sobre las medidas cautelares y la controversia de fondo".
Este fue el impedimento de febrero de 2025:
La tutela de la cual se tendría que apartar el magistrado Riaño fue presentada por la defensa de Uribe este 4 de agosto, alegando que la sentencia de la jueza 44 Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, la libertad y la presunción de inocencia, por ordenar la prisión domiciliaria inmediata del exmandatario.
La tutela presentada por el abogado Jaime Granados señaló que los derechos del Uribe fueron vulnerados “al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata a pesar de que la condena proferida, en su contra, no se encuentra en firme, acto que se desarrolló bajo graves vicios de motivación y en claro desconocimiento de su presunción de inocencia, tornando su detención en arbitraria y contraria a la dignidad humana”.
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