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La decisión de si Uribe es culpable o inocente se sabría la última semana de julio

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá también prohibió que a la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Bogotá, se le asignen procesos durante este mes, pues deberá centrarse únicamente en estudiar el caso del exmandatario.

Redacción Judicial

02 de julio de 2025 - 04:37 p. m.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez terminó la exposición de sus alegatos finales este miércoles 2 de junio.
Foto: Óscar Pérez
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Este miércoles 2 de junio, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cabeza de los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, continúa con la exposición de sus alegatos finales en el marco del proceso que enfrenta el líder del Centro Democrático por presunta manipulación de testigos. Durante la diligencia, el Consejo Superior de la Judicatura informó que el Juzgado 44 Penal de Bogotá, que lleva el caso, deberá emitir una sentencia de primera instancia antes del mes de agosto de este año.

A través de un documento, firmado por el presidente del Consejo, Héctor Enrique Peña Salgado, se dio a conocer que la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lleva el proceso contra el exjefe de Estado, solicitó a la corporación a que se suspenda el reparto de procesos a su despacho. Esto, con el fin de que la togada se centre únicamente en la revisión del expediente del caso de Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

En su solicitud, la propia jueza explica que la fase de alegatos finales se realizará durante toda la primera semana de este mes, es decir, hasta el viernes 4 de julio. La Fiscalía y la bancada de víctimas ya realizaron, durante la semana pasada, sus intervenciones, así como el Ministerio Público. Este jueves y viernes el turno seguirá siendo para la defensa del exmandatario, quien también tendrá un espacio para realizar su defensa material, y no se descarta su asistencia a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá.

En todo caso, en su requerimiento, la jueza señaló que, desde el 7 de julio hasta el 29 de julio, se dedicará “exclusivamente” a estudiar la totalidad del expediente “dada la cantidad de pruebas practicadas tanto testimoniales (38 de la fiscalía y 55 de la defensa), documentales y periciales, para su análisis tanto individual como conjunto, y adoptar la determinación que en derecho corresponda, tarea para la cual nos tomaremos como mínimo 20 días, para estar anunciando el sentido del fallo aproximadamente en la última semana de julio”.

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En el documento, la jueza Heredia agrega que, dependiendo de la decisión que se adopte respecto al exprimer mandatario, “la sentencia tomará un término no mayor a ocho días, para lo cual, incluso, hemos venido adelantado resúmenes con todo el equipo de trabajo, pero requiero la dedicación exclusiva, dada la proximidad de los términos de prescripción (16 de octubre de 2025), y que en este caso, sea cual fuere el fallo, será susceptible de los recursos, por lo que debemos remitir la carpeta con un tiempo prudencial para que nuestro superior funcional, alcance a estudiar el proceso”.

La solicitud, que reseña la togada como “urgente”, tiene como objetivo evitar una congestión en su despacho y que no sea necesario “extender la jornada laboral” en la revisión de otros procesos. Para la jueza, reza el documento, es crucial que su atención, así como la de su equipo de trabajo, se enfoque el expediente de Uribe Vélez, teniendo en cuenta los aires de prescripción que respiran en la nuca del caso.

El Consejo Superior de la Judicatura aceptó la petición de la togada y ordenó suspender el reparto de procesos y acciones de tutela a su oficina hasta el 31 de julio. La corporación, además, le solicitó al Juzgado 44 Penal que, en virtud de su solicitud, envíe un informe detallado al final de la semana en el que se consignen los avances y labores solicitados por la misma jueza.

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La defensa del expresidente Uribe Vélez cumple su segundo día al frente de la exposición de los alegatos de conclusión. Sus abogados insisten en que todo se trata de un entrampamiento contra el exmandatario y que él en ningún momento determinó a ninguna persona para cometer delitos o faltar a la verdad.

Para su abogado, Jaime Granados, por ejemplo, las interceptaciones al celular del también exsenador no pueden ser adjuntadas como una prueba válida dentro del expediente, pues se realizaron por error. Además, argumenta que las escuchas a las llamadas de Uribe Vélez con quien fuera su abogado, Diego Cadena, vulnerarían el principio de confidencialidad entre un abogado y su cliente. La defensa seguirá con sus alegatos hasta el viernes 4 de julio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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