10 Mar 2021 - 3:01 p. m.

Caso Uribe: ¿Quién es la jueza que estudiará si precluye o no el expediente?

Carmen Helena Ortiz Rassa, Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, es calificada por abogados y jueces como una persona seria, juiciosa y de bajo perfil. Deberá escuchar los argumentos de la Fiscalía y las víctimas del sonado caso y tomar una decisión sin antecedentes. Esta es su hoja de vida y trayectoria profesional.

“La doctora Carmen Helena Ortiz es muy trabajadora. Tiene un equipo de trabajo bueno y lo ha renovado y además tiene uno de los despachos menos congestionados de Paloquemao”. Con estas palabras, un servidor judicial describe a la Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá a quien le correspondió por reparto el caso judicial más sonado del país: el que se le sigue al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno, relacionados con una supuesta intención de manipular testigos que lo han vinculado con grupos paramilitares.

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En un proceso que no tiene antecedentes y en el que cada decisión es histórica, la jueza será la encargada de escuchar al fiscal Gabriel Jaimes quien le expondrá las razones por las cuáles considera que se debe precluir el proceso en contra de Álvaro Uribe, quien hoy goza la calidad de imputado, luego de que renunciara al Congreso y con ello a su fuero y el caso saliera de la Corte Suprema y aterrizara en la Fiscalía General. Jaimes deberá explicar por qué, en su criterio las conductas endilgadas al exmandatario o no son delito y, las que sí son, no le son atribuibles a él.

Luego de ello, la jueza escuchará a la defensa del senador Iván Cepeda, quien es víctima acreditada en este caso, y a los exfiscales Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes han pedido que también se les reconozca como tales. Con esa información, la jueza Carmen Helena Ortiz, dará su veredicto, decisión que promete desde ya generar un fuerte debate político y judicial. Pero ¿quién es esta servidora judicial? Aunque la información pública sobre ella es poca, quiénes la conocen aseguran que es la persona adecuada para esta tarea.

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Nacida en Pasto, Carmen Helena Ortiz Rassa se graduó de abogada y ciencias políticas en la Universidad Santo Tomás de Aquino en 1998, institución en la que hizo una especialización en derecho administrativo en el año 2000. También cuenta con una especialización en instituciones jurídico penales de la Universidad Nacional. Su carrera en la Rama Judicial inició en septiembre del año 2000 en Bogotá como Oficial Mayor del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca. Luego se desempeñó como Jueza Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Jueza 42 Penal Municipal, Jueza 16 Penal Municipal y Jueza Sexta Penal del Circuito Especializada de Bogotá.

En su hoja de vida, conocida por El Espectador, se indica que también fue titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Especializado, del Juzgado 45 Penal Municipal, del Juzgado 63 Penal Municipal y del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión. Como funcionaria de carrera, ha ocupado varios despachos penales del circuito, de ejecución de penas, siempre en el área penal. Durante 2014 ocupó el Juzgado Quinto, Cuarto y 18 Penal Municipal de conocimiento. En el cargo actual, como titular del Juzgado 28 de Conocimiento se encuentra desde el 1º de Noviembre de 2015.

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Quiénes comparten piso que ella en el Complejo Judicial de Paloquemao aseguran que la jueza Carmen Helena Ortíz Rassa, quien lleva 20 años trabajando en la Rama Judicial, es una persona celosa con sus procesos y que le gusta mantener un bajo perfil. Una fuente consultada por este diario aseguró que la juez Ortiz estaría pensando en gestionar ante la Dirección Administrativa de Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, ayudas administrativas para poder dedicarse de manera exclusiva a este caso.

“Tiene todas las calidades humanas. Su vida es la Rama Judicial. Creo que cumple y tiene la capacidad para sacar el proceso sin distingo político sino solo judicial”, agregó la fuente. A estas palabras se sumó el abogado penalista Francisco Bernate, quien ha tenido que ejercer la profesión frente a ese despacho judicial en varias oportunidades. “El juzgado está a cargo de una mujer que es completamente íntegra, cuidadosa, honesta, pero sobre todo absolutamente respetuosa. Es una persona justa. Encarna esa mística por la labor judicial. No tengo ninguna duda que este asunto tan importante tiene una juez que va a estar a la altura de las circunstancias”, dijo.

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En diálogo con este diario, Lilyan Bastidas, vocera de los jueces penales del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, señaló que en este tipo de casos son los mismos medios de comunicación los que generan presiones al proceso judicial y al encargado de tramitarlo. “Hay que confiar en la institucionalidad, en la justicia, en la independencia y autonomía que tenemos los jueces para resolver el asunto. La señora Juez 28, como cualquiera de los 60 jueces penales de conocimiento, estamos en las mismas condiciones y capacidades para resolver el asunto en igualdad de armas, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa”, dijo.

El Espectador buscó decisiones judiciales recientes de la Juez 28 de Conocimiento y encontró una del 18 de octubre de 2019 en la que confirmó un fallo que había tomado otro despacho judicial, ordenando medidas urgentes de protección a las víctimas y los pobladores de 19 municipios que están dentro del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, a petición de la Fiscalía General. En esa oportunidad, la entidad solicitó la recolección de residuos dejados en la vía que de Toledo va a Puerto Valdivia, implementar un plan de remoción del buchón de agua, estabilizar el terreno, entre otros.

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En primera instancia, el Juez 75 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá accedió a las pretensiones de la Fiscalía y ordenó un plan de contingencia para atender a las poblaciones afectadas, así como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional en aras de hacer un estudio técnico sobre el megaproyecto, entre otros. Hidroituango y EPM apelaron y la Juez 28 mantuvo la decisión inicial señalando su necesidad ante las contingencias que el proyecto empezó a presentar desde 2018.

“Para el despacho no resulta desmedido el rango de la población que cobija la medida pues téngase en cuenta que uno de los tópicos sobre los cuáles fincó el delegado fiscal su solicitud, que es la falta de información sobre el estado real del proyecto y sus eventuales contingencias, de manera que tales medidas de protección resultan necesarias para salvaguardar los derechos constitucionales de las víctimas”, dijo la Jueza 28 de Conocimiento en esa oportunidad. Ahora, en su poder está definir el futuro judicial del expresidente Uribe para lo cual, lo primero será necesario que fije la fecha para la diligencia.

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