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Caso Uribe: recusaron al magistrado ponente del proceso en la Corte Suprema de Justicia

El magistrado Carlos Roberto Solórzano fue recientemente elegido como presidente de la Sala Penal del alto tribunal. Piden que se aparte del caso, porque su hijo hace parte de la oficina del procurador que, en el pasado, apoyó cerrar el caso en contra del líder del Centro Democrático.

Redacción Judicial

26 de enero de 2026 - 08:09 a. m.
El magistrado Carlos Roberto Solórzano fue designado hace solo unos días como ponente para la casación del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Foto: El Espectador
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El magistrado Carlos Roberto Solórzano, nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y ponente del caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el alto tribunal, fue recusado en ese proceso. De acuerdo con los argumentos con los que piden apartar al togado del expediente, está que su hijo hace parte de la oficina del procurador del caso, que en el pasado pidió cerrar el caso contra Uribe.

La petición para apartarlo del expediente fue presentada por los representantes de las víctimas, Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, quienes expusieron que el togado podría tener comprometida su imparcialidad.

Lo que señalan los representantes de las víctimas es que el hijo del magistrado Solórzano hace parte de la oficina del procurador Bladimir Cuadro, quien en la primera instancia del proceso pidió declarar inocente al exmandatario por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. El representante del Ministerio Público, en segunda instancia, pidió que fuera revocada la condena, finalmente tumbada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

El caso aterrizó completamente en el alto tribunal el pasado 13 de enero, cuando la Fiscalía y las alegadas víctimas presentaron dos demandas de casación ante la Sala Penal, para que se revise y se cambie la decisión con la que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Uribe Vélez en segunda instancia.

El expresidente fue investigado y llevado a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, fue hallado responsable de los dos últimos cargos el 28 de julio de 2025, en primera instancia. La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda le ordenó una pena de 12 años de prisión domiciliaria. Pero el expresidente apeló esa decisión.

Dos meses y medio después, en octubre de 2025, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidieron por mayoría absolver al expresidente. Solo la magistrada María Leonor Oviedo Pinto se apartó de la decisión. La Fiscalía y las alegadas víctimas de Uribe Vélez no estuvieron de acuerdo con esa decisión y anunciaron el recurso de casación.

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