En medio del juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, la bancada de víctimas en el proceso penal, encabezada por el senador Iván Cepeda, denunció lo que considera una campaña sistemática de desprestigio contra los jueces y magistrados que han intervenido en el caso, así como maniobras orientadas a lograr la prescripción del proceso.
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Un comunicado del grupo de víctimas señaló que Uribe Vélez y su círculo político han atacado públicamente a los magistrados que han participado en el proceso. Entre ellos, mencionaron a los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló Camacho y Luis Hernández, y al hoy magistrado, César Augusto Reyes Medina, quienes han sido objeto de acusaciones que calificaron como calumniosas.
Además, advirtieron que el exmandatario y su defensa han recurrido a estrategias para frenar el avance del caso. En particular, señalaron que la renuncia de Uribe Vélez a su curul en el Senado, el 18 de agosto de 2020, redujo el tiempo para la extinción de la acción penal y trasladó el caso a la Fiscalía, en un momento en que estaba bajo la dirección de Francisco Barbosa, a quien acusaron de favorecer los intereses del procesado. También señalaron que el ente investigador buscó “la impunidad mediante dos solicitudes de preclusión que fueron negadas por dos juezas de la República y por el Tribunal Superior de Bogotá”, precisó el comunicado.
Ante este panorama, la bancada de víctimas anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU y a organismos internacionales, con el fin de solicitar la presencia de observadores que garanticen el respeto por la independencia judicial y el derecho a la justicia en el juicio contra Uribe Vélez.
Por su parte, el abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, aseguró en su intervención durante el juicio que demostrará, mediante “la prueba de cargo”, que la hipótesis presentada por la Fiscalía no es veraz. Según su argumentación, “no existen pruebas de que el doctor Uribe haya instruido a (Diego) Cadena para ofrecer dinero, beneficios u otras dádivas a testigos con el fin de que mintieran o guardaran silencio”.
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Granados afirmó que Uribe no determinó a Cadena para inducir en error a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema con el propósito de obtener decisiones desfavorables. “Lo primero que va a probar esta defensa es que la Fiscalía lo que ha hecho es tergiversar los hechos”, enfatizó Granados.
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