En medio de la escalada de violencia que se vive por estos días en el Catatumbo, por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC que dejan, por ahora, más de 50 muerto y 8.000 desplazados, la Corte Constitucional convocó urgentemente a una sesión técnica para revisar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Estas personas han sido algunas de las principales víctimas de la oleada de violencia en el Catatumbo y, desde 2022, el alto tribunal había señalado que hay un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en las garantías para su seguridad.
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La convocatoria de la Corte está liderada por la magistrada Cristina Pardo, quien en su decisión señaló que por la coyuntural actual de violencia, es necesario abrir un escenario público de diálogo. Para lograr mitigar la violencia contra excombatiente, dice la Corte, es necesario que el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida sea eficaz para “advertir anticipadamente los riesgos de que ocurran violaciones a la vida, integridad, libertad, seguridad personal, libertades civiles y políticas e infracciones al derecho internacional humanitario para que el Estado responda oportuna e integralmente y así evite que tales riesgos se conviertan en daños”.
El año pasado, el alto tribunal también identificó que hay dos bloqueos institucionales y dos prácticas inconstitucionales que han impedido el cumplimiento de que se cumpla con la finalidad del Sistema. Lo que ha ocurrido, según identificó la Corte, es que no se ha materializado de manera efectiva el plan para proteger a estas personas en proceso de reincorporación.
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Asimismo, hay un bloqueo institucional por “la asignación difusa de responsabilidades en el sistema”. Esto ha sido por las dificultades para que el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida esté correctamente conectado con otras autoridades y que haya políticas públicas para prevenir riesgos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Para el alto tribunal, este bloqueo estaría relacionado con la distribución equitativa sobre las entidades territoriales que se deben encargar del cumplimiento del sistema. Señala, además, que no ha habido un “acompañamiento diferencial y proporcional del orden nacional”. Lo que espera la Corte con las sesiones a las que convoca para el próximo 31 de enero y 3 de febrero es “conocer las propuestas para solucionar las fallas estructurales identificadas por la Corte”, “generar una conversación abierta, genuina y transparente que permita escuchar y discutir a profundidad las propuestas de todos los actores involucrados”, y “fomentar acuerdos entre las entidades y demás actores sobre cómo superar de forma integral, coordinada y efectiva los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales diagnosticadas”.
En la primera sesión, la Corte se enfocará en las alertas tempranas —el Sistema de Alertas Tempranas (SAT)—, que está a cargo de la Defensoría del Pueblo, específicamente de la Defensoría Delegada para Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esa sesión tendrá lugar el 31 de enero de 2025. La segunda sesión, que se realizará el 3 de febrero, será dedicada al componente de respuesta rápida y será coordinada por el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.
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Dentro de los convocados están la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Oficina del consejero comisionado de Paz, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Procuraduría General de la Nación. Por parte de la sociedad civil está el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (Cinep/PPP-Cerac), el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo), el Proyecto del Capitolio al Territorio, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios.
Por otra parte, fue también convocada la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Equipo de Prevención de la Unidad de Investigación y Acusación, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas (ponente de la Sentencia SU546 de 2023). Asimismo, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) y la Contraloría Delegada para el Posconflicto.
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