Calles vacías, locales comerciales cerrados y caravanas de motocicletas con personas huyendo. Esas son algunas de las imágenes actuales de la región del Catatumbo (Norte de Santander), donde el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostienen enfrentamientos permanentes desde hace dos días.
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Los combates dejan una cifra confirmada por las autoridades de 39 personas asesinadas, incluidos cuatro firmantes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. Sin embargo, la Gobernación de Norte de Santander habla de que podrían ser más de 50 los muertos, un número que aún están verificando.
La cantidad de personas secuestradas, confinadas y desplazadas aún no es clara. En la región no se ha podido consolidar un corredor seguro para el desplazamiento de la población civil, lo que ha dificultado llegar a un cálculo exacto. Solo en la tarde del 17 de enero, más de 120 docentes de la región tuvieron que salir en 80 motos y cinco carros, pues desde el día anterior el fuego cruzado entorpeció el retorno a clases.
Pero lo que es claro de la escalada de violencia es la razón detrás de los hechos: el dominio territorial en un enclave cocalero y una ruta estratégica para el crimen transfronterizo. Tanto disidencias de las Farc como integrantes del ELN se disputan a toda costa el control de una zona clave para el negocio ilegal de la coca, que mueve sus finanzas.
“52.000 hectáreas que hay sembradas de coca son un gran problema para la región y siempre que haya coca va a estar acompañada de muerte y desesperanza”, le dijo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, a El Espectador. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), la región del Catatumbo es el tercer enclave productivo de coca más grande del país, solo por debajo del Pacífico y el Putumayo-Caquetá.
Las confrontaciones incluso llevaron al quiebre, nuevamente, de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. La mesa de diálogo fue suspendida como consecuencia de los hechos de los últimos días.
Territorio en disputa
La guerra en el Catatumbo no es un asunto reciente; la presencia de grupos armados y delincuenciales ha sido una constante por lo estratégico de la zona para las finanzas ilegales. Pero la confrontación más actual ha sido entre disidencias de las Farc y ELN.
Allí tiene presencia el Frente 33 de las disidencias, cuyo principal líder es alias Jhon Mechas. Este hombre es señalado de ordenar actos violentos como el atentado al helicóptero en el que se transportaba el expresidente Iván Duque, la bomba a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y la explosión en un CAI de Bogotá en el que murieron dos niños y otras 34 personas resultaron heridas.
Ese frente de las disidencias está adscrito al proyecto del Estado Mayor Central (EMC), la facción de las antiguas Farc que no firmó el acuerdo de paz de 2016 entre ese grupo armado y el Estado colombiano. Esa estructura fue clave en la posterior expansión del EMC; junto al Frente 10, consolidaron la presencia del grupo armado en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Las redes de milicias que tenían las Farc en el territorio apoyaron el fortalecimiento del Frente 33, como lo detalla un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Por eso también se convirtió en el núcleo principal del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, de las disidencias de las Farc, entre finales de 2017 e inicios de 2018.
“El Frente 33 y la Columna Móvil Arturo Ruiz tuvieron una estrecha relación con el narcotráfico, tanto en el control de los cultivos como en el comercio internacional a través de la frontera con Venezuela, además de incidencia sobre el contrabando y otras economías. El municipio de Tibú —donde tiene mayor incidencia el Frente 33— es el municipio con más hectáreas cultivadas con coca”, detalla la FIP.
Y agrega en su informe: “a través de la imposición de normas de conducta, el Frente 33 incurre en fuertes restricciones a la movilidad, amenazas, reclutamiento de menores de edad, secuestros, homicidios selectivos, suplantación de la justicia y ataques a la Fuerza Pública con interposición de civiles, entre otros”.
Dada la solidez económica del Bloque Magdalena Medio y los réditos que el narcotráfico le ha dejado al frente 33 en su zona de incidencia, el Catatumbo se hizo atractivo para la expansión del ELN. En su informe, la FIP habla de una relación, en principio, de coexistencia entre ambos grupos. Pero advierte que la existencia simultánea de esos grupos tenía un “alto riesgo de transformarse en una zona de disputa”. El escenario se cumplió.
El Frente de Guerra Oriental del ELN, que tiene su disputa con las disidencias en el Catatumbo, es la facción de esa guerrilla que ha persistido en mantener en armas, en medio del intento por negociar la paz con el Gobierno Nacional. Desde los años noventa, esa facción armada ha sido señalada como responsable de gran parte de la acción armada del ELN.
Esa estructura es comandada por Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito. Quien ha dirigido la escalada de la acción armada de ese frente, especialmente en momentos claves de la negociación de paz entre el ELN y el Gobierno Nacional. En febrero de 2023, por ejemplo, ese grupo secuestró al sargento del Ejército Libey Danilo Bravo, justo mientras iniciaba la segunda ronda de conversaciones en México.
“Si bien es indudable que la capacidad militar y política del frente Oriental es hoy menor de lo que fuera en el pasado, el territorio que ocupa sigue siendo un escenario óptimo para cobrar extorsiones, principalmente a la industria petrolera, y un corredor que le permite hacer presencia en Venezuela”, señala una investigación de Razón Pública.
En esa relación de coexistencia con el frente 33 de las disidencias, el ELN ha logrado mantener la capacidad ofensiva en el Catatumbo. Los homicidios selectivos, secuestros y masacres han apalancado su presencia en la zona.
Muestra de ello es el informe de inteligencia militar, conocido y divulgado por este diario, en el que se describe a detalle cómo el ELN sería el autor de la masacre de la familia López Durán, ocurrido en la noche del 15 de enero en la vía que de Tibú conduce a Cúcuta.
Esa masacre, en la que murieron Miguel Ángel López, Zulay Durán Pacheco y Miguel Herney López Durán, hijo de la pareja, de nueve meses de nacido, fue el detonante de los enfrentamientos que permanecen desde hace más de dos días en el Catatumbo. “A raíz de esta masacre inician los enfrentamientos armados entre la Estructura 33 de las disidencias y el Frente Juan Fernando Porras del ELN”, le dijo una fuente reservada a El Espectador.
“La elevada victimización y los enfrentamientos con disidencias de las Farc son consecuencias de su participación en negocios criminales y de su pérdida creciente de control sobre la población”, concluye la investigación de Razón Pública sobre la incidencia del ELN en el Catatumbo.
La guerra continúa
Mientras que el Gobierno Nacional se juega como única solución la carta de declarar el estado de conmoción y la emergencia social, luego de la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro en Tibú con la cúpula militar, funcionarios del alto gobierno y mandatarios regionales, las confrontaciones continúa
“El Catatumbo está en guerra”, le dijo el gobernador Villamizar a El Espectador. El ejército ordenó el despliegue de 300 militares en la zona y artillería pesada, para intervenir en medio de los combates. Las calles siguen vacías y la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional, una vez más, quedó varada en medio de los enfrentamientos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
