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Han pasado más de dos meses desde que inició la escalada violenta en la región del Catatumbo (Norte de Santander) por cuenta de los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al menos 59.586 personas han sido desplazadas y otras 94 han muerto en medio de fuego cruzado, según las cifras más recientes del Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Gobernación de Norte de Santander. Un informe presentado hoy por Human Rights Watch (HRW) muestra cómo las disidencias de las antiguas Farc se habrían aprovechado de la política de paz total del gobierno Petro para fortalecer su acción en el territorio.
El estudio, realizado a partir de entrevistas con más de 65 personas, víctimas de distintos tipos de violencia en el marco de la escalada violenta, señala que el desplazamiento forzado y la tasa promedio de homicidios en el Catatumbo ha superado con ventaja las cifras de años recientes sobre estos hechos en el país. De 2012 a la fecha, este es el año con el mayor número de homicidios en promedio: 39 cada mes, entre enero y febrero. Desde 2018 no se presentaba una cifra tan alta, cuando el promedio fue de 20 homicidios mensuales.
El informe anota que la falta de presencia efectiva del Estado, en una región que durante años ha sido enclave de los grupos armados para los cultivos de uso ilícito, el contrabando de gasolina y otros productos a través de la frontera con Venezuela, fue un factor clave para la consolidación del poder de los ilegales. “Ambos grupos armados se han aprovechado de la falta de presencia estatal para establecer su control social en el Catatumbo”, se lee en el documento.
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Según la investigación, el Frente 33 de las disidencias de las Farc ha hecho las veces de Estado en la región, puesto que para mantener el control de las organizaciones sociales, ha sustituido responsabilidades que son competencia de las autoridades. Al ganar influencia sobre la población civil, su estrategia también ha puesto a las comunidades como objeto de represalias por parte del ELN.
“Para ganar influencia o control sobre las organizaciones locales, el Frente 33 ha financiado la reparación de puentes, centros de salud y colegios y ha repartido regalos de Navidad a los niños. A menudo, estos proyectos se han llevado a cabo junto con las Juntas de Acción Comunal, lo que ha expuesto a los civiles a un mayor riesgo de represalias por parte del ELN”, anota el informe.
A esas estrategias de ampliación de su zona de incidencia se suma el hostigamiento directo de líderes y habitantes de los municipios de la región, que se niegan a ceder a la influencia de los grupos armados. “Los grupos armados también convocan a los líderes comunitarios y a otras personas a reuniones en las que anuncian normas para sus comunidades. Un líder comunitario de Tibú nos dijo que ‘todos los líderes deben asistir a las reuniones; de lo contrario, [recibimos] amenazas de muerte’”, señala el documento.
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Otro aspecto clave del análisis realizado por HRW es que el avance, con rezagos, de la sustitución de cultivos de uso ilícito en la región, donde hay más de 43.000 hectáreas sembradas con coca. Pese a que en 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, el Gobierno Nacional se comprometió con la implementación de un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de 10 años, este no ha tenido los resultados esperados. “Ocho años después, el gobierno ha financiado aproximadamente un tercio de la inversión inicial anunciada para el Catatumbo”, se lee en el documento.
“Múltiples estudios sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) han demostrado que, debido a la falta de coordinación institucional y planes más amplios para ayudar a la población a obtener un mejor acceso a los mercados de alimentos, el programa creó incentivos para que la población cultive más coca para luego recibir los pagos, lo cual puede desencadenar en más violencia”, agrega la investigación.
No es un asunto nuevo
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, señaló durante la presentación del informe que la ampliación de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo no era una novedad, luego de que estallara la más reciente escalada violenta. Por el contrario, era una situación que ya había sido advertida. Las comunidades le informaron la organización que integrantes de las disidencias de las Farc coincidían en distintos espacios con el Gobierno Nacional e instituciones como el Ejército Nacional.
Goebertus fue insistente en señalar que, como lo demuestra el informe, el Frente 33 de las disidencias aprovechó el cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de los Bloques y el Frente, del cual es una subestructura, para ampliar su capacidad de reclutamiento y fortalecer su presencia en la región. Esto, hasta el punto de tener allí lo que han denominado como“campamentos de resocialización”: sitios en los que las personas que infringen normas establecidas por los armados, como apoyar las labores del Ejército, son sometidos a trabajos forzosos como castigo.
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“Un hombre de 35 años dijo a Human Rights Watch que, el 8 de diciembre de 2024, miembros del Frente 33 lo sacaron de su casa y lo llevaron a lo que describió como un ‘campamentos de resocialización’. Fue llevado allí para “ser investigado” por publicar en WhatsApp un video de un helicóptero del Ejército colombiano, lo que según los miembros del Frente 33 era una prueba de que cooperaba con los militares”, se lee en el documento.
Según el relato de esta víctima, junto a él, otras 27 personas fueron obligadas a trabajar cortando caña de azúcar para las disidencias, en jornadas de más de 14 horas continuas. Las mujeres y niñas también eran sometidas actos de violencia sexual. “Una vez, un combatiente [del Frente 33] mató a una pareja que estaba discutiendo... Los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos”, señala uno de los relatos incluidos en el informe.
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Durante la presentación del documento, la directora Goebertus le dijo a El Espectador que es necesario reestructurar la hoja de ruta del proyecto de paz total del gobierno Petro, para evitar que grupos que aún están en armas usen como “paraguas” la negociación para ampliar su presencia en territorios como el Catatumbo. Señaló también que este informe debe ser “un campanazo” para revisar la dinámica del conflicto y la reconfiguración de los grupos armados en distintas zonas del país, así como para revisar las negociaciones con grupos ilegales que permanecen en armas.
Las recomendaciones al Estado
El informe concluye entregando una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, para pensarse de nuevo la ruta de la paz y sacar a las comunidades del fuego cruzado, como “diseñar e implementar una política de seguridad y justicia eficaz y respetuosa con los derechos para proteger a la población del Catatumbo de los grupos armados”.
También asegurar la protección de la población civil en medio de los ceses al fuego, “abstenerse de implementar planes de desarrollo rural con la participación de grupos armados que puedan poner en peligro a la población civil”, diseñar un plan de intervención integral en la región, aumentar el número de fiscales y las capacidades de investigación y revisar a detalle los procesos sobre abusos cometidos por parte de grupos armados en contra de la población civil, tanto antes como después de la escalada violenta.
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Esta semana, HMW se reunirá con Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz; y Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en la negociación con el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes, para socializar el informe. También dialogarán con el general (r) Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, sobre los hallazgos de la investigación.
Por ahora, los gobiernos regionales y las entidades del orden Nacional intentan retomar el control de la región y bajarle la temperatura a la oleada de violencia. El gobierno Petro decretó el estado de conmoción interior para recaudar los recursos necesarios para salir de la crisis, un acto administrativo que por ahora está en revisión de la Corte Constitucional. La semana pasada la Procuraduría General de la Nación emitió su concepto al respecto, indicando que el estado de excepción fue decretado, a su juicio, dentro de la constitucionalidad. Y mientras estos trámites suceden, en el Catatumbo la guerra continúa.
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