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El Catatumbo está bajo fuego. Decenas de personas que vivían en esa región han tenido que abandonar sus hogares por los enfrentamientos entre grupos armados que controlan la zona, especialmente el Ejército de Liberación Nación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. La escalada de violencia es tan sangrienta que el presidente Gustavo Petro levantó la mesa de diálogo que tenían con esta guerrilla. Aunque las cuentas todavía no son claras, las autoridades aseguran que, en menos de cuatro días, han sido asesinadas al menos 30 personas, otras más están secuestradas y los desplazados serían cientos. Una situación crítica que estaba cantada desde el año pasado y fue catalogada como “inminente”.
Una alerta que cayó en oídos sordos y hoy esta zona de Norte de Santander vive momentos críticos. La advertencia quedó registrada el 15 de noviembre del año pasado, cuando la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia N°026-2024, en la que expuso que la dinámica de violencia en esa región se estaba moviendo cada vez más rápido y que si no se actuaba de inmediato, las consecuencias las sufriría la población civil. Dicho y hecho. En ese momento, el ente de control señaló que el riesgo estaba en los municipios de Río de Oro y González, en el Cesar; y los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego y La Playa de Belén, en Norte de Santander.
En específico, la Defensoría señaló a tres grupos armados como los protagonistas de la violencia en el Catatumbo: el frente de guerra nororiental del ELN, el frente 33 de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, y, en menor medida, al Ejército Popular de Liberación (Epl), también conocidos como Los Pelusos. Sus acciones, como se alertó desde hace más de dos meses, de no ser contrarrestadas, iban a afectar “los derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la libertad personal, con particular afectación sobre los comerciantes, los transportadores, los niños, las niñas y los adolescentes y el personal docente, los líderes y lideresas sociales, los organismos de cooperación internacional, los campesinos y las campesinas, la misión médica, personas en proceso de reincorporación, firmantes de paz y funcionarios públicos”.
La alerta de inminencia que se emitió en ese momento no salió de la nada. La Defensoría había presentado para esa misma región tres alertas tempranas que, al igual que la inminente, no fueron atendidas: la alerta temprana N° 026 del 29 de junio de 2023 para el municipio de Ábrego; la alerta temprana N° 004 del 9 de febrero de 2021 para los municipios de El Carmen, Convención, Teorama y la alerta temprana N° 034 del 4 de agosto de 2020 para el municipio de Ocaña.
Los tres escenarios de riesgo en el Catatumbo
De acuerdo con alerta inminente que, al parecer, fue ignorada, había tres escenarios que eran una bomba de tiempo para que la violencia se recrudeciera en el Catatumbo, tal como ocurre por estos días. El primero de esos escenarios era que cese al fuego entre el gobierno y el ELN le habría servido a la guerrilla para organizar atentados más agresivos. Según la Defensoría, el grupo armado inició una serie de ataques indiscriminados en contra de la población civil y líderes sociales, como, por ejemplo, el ataque a escuelas, instalación de retenes en las carreteras y ataques a oleoductos, entre otros.
El segundo escenario que expuso en ese momento la entidad fue el impacto de la nueva organización geográfica de grupos armados, especialmente la que tiene que ver con el Epl y el ELN. Los dos grupos compartieron la zona con un pacto de no agresión hasta 2018, cuando Los Pelusos ya se encontraban mermados y el ELN buscó expandirse en el territorio. En medio de esos confrontamientos, la población civil fue la mayor afectada por quedar en medio del fuego y teniendo que pagar “impuestos de guerra” para no ser afectados por ninguno de los bandos.
El último escenario que se planteó a finales del año pasado fue la expansión de las disidencias de la Farc. El documento de la Defensoría señala que el grupo armado, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016, aprovechó el vacío que dejaron quienes entregaron las armas y empezaron a ocupar los territorios que estaban bajo su control. Así, dice la alerta, lograron crecer vendiéndole a otros grupos armados el discurso de que lo mejor era tener un enemigo en común: la Fuerza Pública.
Con esa lectura, la Defensoría del Pueblo alertó que las dinámicas, si no eran interrumpidas “conducirían a la región a una crisis desproporcionada y de elevados costos humanitarios. Daños y afectaciones que se potencializarían por el hecho de que la región no ha logrado recuperarse de aquellas crisis estructurales de violencia que le antecedieron y, además, padece los efectos derivados de la pandemia del covid-19, la crisis socioeconómica local y el desastre medioambiental”.
Con esa realidad puesta sobre la mesa, el ente de control plasmó en su alerta “un escenario de riesgo inminente que adquiere carácter regional y cuyos efectos para la población y los bienes civiles resultan evidentes en materia del derecho a la vida y a la integridad personal, la afectación a bienes civiles y a la infraestructura estratégica del país”. Además, advirtió que “de no adoptarse medidas efectivas para su mitigación, configuraría un panorama crítico en materia de violación a los derechos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario para la región del Catatumbo”.
Lo que vaticinaron que se presentaría en la zona, y ahora se materializa, es la comisión de “homicidios selectivos y de configuración múltiple, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, confinamientos, desapariciones, hurtos, uso, utilización y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA), restricciones a la movilidad, amenazas contra líderes y lideresas, entre otras”.
Por ahora, la cifra de desplazados y civiles asesinados no es clara. Mientras que la Gobernación de Santander habla de más de 50 muertos, las cifras más conservadoras las maneja la Defensoría, que ha hablado de al menos 20. El gobernador de Santander, William Villamizar, ha pedido ayudar urgente del Gobierno, especialmente para abrir un camino institucional para proteger a las familias desplazadas de varios municipios del departamento. En diálogo con este diario, el mandatario departamental explicó que lo que está sucediendo hoy en el Catatumbo no es una sorpresa para nadie. Además de la alerta inminente de la Defensoría, la administración local había pedido ayuda del gobierno para evitar la situación que hoy se vive en esta región.
Sin embargo, para los habitantes que dejaron sus tierras o perdieron a seres queridos, ya es muy tarde. A esta hora, el presidente Gustavo Petro está viajando a la zona con una comitiva de la cúpula de las Fuerzas Militares y del alto gobierno para evaluar la situación y tomar decisiones para proteger a la población civil.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
