Desde el 18 de agosto de este año se implementó la Operación Dominó, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en contra de la extorsión y corrupción en las cárceles del país. En los primeros meses, fueron incautados 1240 celulares, se dieron 159 sanciones y 50 destituciones a personal que trabaja dentro de las cárceles y que, al parecer, permitía el acceso de dispositivos prohibidos. Además, se abrieron 1157 investigaciones en lo que va del año.
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A los 74 días de haber implementado la estrategia, se han realizado en promedio dos operativos diarios para incautar celulares usados para las extorsiones desde el interior de las cárceles. Según el informe del INPEC, las simcards, celulares y cargadores entran por varias rutas, por medio de las visitas o son facilitados por miembros del Instituto que “no están alineados con las políticas institucionales”.
Sobre la presunta ayuda de personal del INPEC para ingresar los dispositivos, hay 5459 investigaciones vigentes en todo el país, de las cuales 1.157 fueron abiertas este año. Además, en un trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía, se tienen 42 procesos abiertos. Las alertas sobre el tema estaban encendidas hace un tiempo. La Procuraduría había advertido que hubo 3130 víctimas de extorsión desde cárceles en los últimos meses. Para el órgano de control, era necesario que las autoridades reforzaran los controles en los penales.
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De acuerdo con el Ministerio Público, los delincuentes habrían encontrado la forma de innovar en sus estrategias delictivas. Ahora utilizan tarjetas E-sim y plataformas financieras digitales para el traslado de dinero obtenido por medio de las extorsiones o estafas.
El operativo identificó a 28 personas que dirigían estrategias de extorsión desde la cárcel y 30 más que funcionaban como dinamizadores. Estas personas fueron neutralizadas y transportadas a celdas donde se pueda tener mayor control sobre ellos. Además, se encuentran en constantes traslados para evitar que sigan cometiendo este tipo de delitos.
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