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Por fallas de forma y de fondo los senadores Alfredo Hoyos y Paloma Valencia del Centro Democrático presentaron una demanda de nulidad ante del Consejo de Estado en contra del decreto 1391 de 2016, firmado el 30 de agosto, por medio del cual el presidente Juan Manuel Santos convocó para el próximo 2 de octubre la celebración del plebiscito para la paz.
En la acción judicial se manifiesta que hasta el momento no se ha firmado el acuerdo final entre el Presidente de la República y las Farc tras el proceso de paz que se adelantó en La Habana (Cuba) hecho por el cual no se puede hacer la convocatoria. “Eso es algo que la propia Corte Constitucional obligó a que los acuerdos estuvieran ratificados y por unas personas que no conocemos”.
Hoyos aseguró que si se hace una revisión del informe al Congreso de la República sobre los informes firmados y el decreto tienen una firma diferente a la que se conoce de Juan Manuel Santos. “Buscamos 30 documentos diferentes entre decretos, sanciones presidenciales, etc., y esta es la primera vez que vemos esta firma, por lo que pedimos que se investigue esto”.
“La convocatoria del plebiscito no tiene la firma presidencial, ni la larga ni la corta, por lo que es una falsedad en documento público”, aclaró Hoyos al asegurar que a simple ojo se comprueba que las firmas no coinciden. “La firma que acompaña el decreto no es la del Presidente lo que indica que el plebiscito no está bien convocado”.
El congresista aclaró además el acuerdo final no ha sido traducida a las 68 lenguas étnicas que existen en Colombia, ni al sistema braile. “Casi un millón de personas no tiene un acceso a los acuerdos”. En el documento, agregó, se encuentra la firma del presidente, los negociadores del Gobierno y el cuerpo ministerial pero no la de los guerrilleros que participaron en las negociaciones.
La pregunta
Por su parte la senadora Paloma Valencia explicó que el acuerdo firmado tiene varios vacíos que impiden la convocatoria para que los ciudadanos voten si están o no de acuerdo con el acuerdo final firmado el pasado 24 de agosto. “Hemos conocido que hay varios acápites de los acuerdos que no están negociados y que no se presentaron ante el Congreso”.
“Es sumamente grave que nos digan que es un acuerdo final cuando lo que se está haciendo es postergando la negociación que se hace a través de los comunicados de prensa, y que los colombianos creen que están votando por el acuerdo final”, indicó la senadora. En este punto citó varios trinos hechos por los negociadores de las Farc sobre puntos que faltan por discutir.
Frente a la pregunta que tendrán que responder los colombianos en el plebiscito considera que la misma es tendenciosa. “Lo que se le está preguntando a los ciudadanos es si quieren aprobar un acuerdo para la construcción de la paz estable y duradera. Ahí vemos que se evadieron las partes ‘Gobierno de Juan Manuel Santos’ y ‘Farc’, justamente las dos partes que no le gustan a la opinión pública”.
En su concepto se hace creer que se está votando por la paz y no por el acuerdo final. Debido a que el plebiscito se celebrará en menos de un mes se presentó una solicitud de medidas cautelares dirigidas a aplazar su convocatoria hasta que no haya una pregunta que dé garantías a los votantes.