La Fiscalía incautó 23 bienes que serían propiedad de los presuntos involucrados en el escándalo de Centros Poblados, en el que se desviaron cerca de COP 70.000 millones destinados a la conectividad digital en colegios y escuelas de zonas rurales del país. De acuerdo con el ente investigador, dentro de los inmuebles habría algunos que son propiedad de la exministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTic), Karen Abudinen, y del condenado “zar de la contratación”, Emilio Tapia.
El ente investigador impuso las medidas cautelares con fines de extinción de dominio en los bienes que, según ellos, “harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en los hechos irregulares detectados en el contrato”.
Dichos inmuebles, que superan los COP 65.900 millones, son “predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios”, según la Fiscalía. Estos bienes, al parecer, pertenecen a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.
Según las pruebas recolectadas, los bienes ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño “habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’”.
En el caso del inmueble de la exministra Abudinen, la Fiscalía lo incautó resaltando que la Contraloría emitió una decisión de responsabilidad fiscal en contra de la exfuncionaria del gobierno de Iván Duque.
Las medidas fueron impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con el fin de “proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto”, cuyo objetivo era instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos.
Las pesquisas arrojaron que fueron “combinados bienes lícitos con recursos de origen ilícito, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumento para la comisión de las irregularidades”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
