Fueron incautaos 23 bienes que serían propiedad de los presuntos involucrados en el escándalo de Centros Poblados, en el que cerca de COP 70.000 millones destinados a la conectividad digital en colegios y escuelas de zonas rurales del país. De acuerdo con la Fiscalía, dentro de los inmuebles habría algunos que son propiedad de la exministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTic), Karen Abudinen, y del condenado “zar de la contratación”, Emilio Tapia.
El ente investigador impuso las medidas cautelares con fines de extinción de dominio en los bienes que, según ellos, “harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en los hechos irregulares detectados en el contrato”. Dichos inmuebles superan los COP 65.900 millones.
De acuerdo con la Fiscalía, se trata de “predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares”.
Según las pruebas recolectadas, los bienes ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño “habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’”.
En el caso, la Contraloría emitió una decisión de responsabilidad fiscal en contra de la exministra Abudinen, razón por la cual en ente investigador aplicó medidas cautelares a uno de sus inmuebles.
Las medidas fueron impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, según el ente investigador con el fin de “proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto”, cuyo objetivo era instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos.
Las pesquisas arrojaron que fueron “combinados bienes lícitos con recursos de origen ilícito, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumento para la comisión de las irregularidades”.
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