Casi 16 años después del crimen del senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una providencia de 93 páginas, condenó al Estado colombiano y lo conminó a investigar de forma efectiva los hechos y antecedentes relacionados con la existencia del plan ‘Golpe de gracia’, fraguado, al parecer, por miembros de la Fuerza Pública y grupos de autodefensa para ejecutar un sistemático exterminio en contra de la UP y el Partido Comunista.
Asimismo, que se determinen las personas involucradas, impulsar el expediente, “remover todos los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos”, para lo cual el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni argumentar prescripción o cosa juzgada si se encuentran responsables; pero, además, que las personas que desarrollen las pesquisas cuenten con garantías de seguridad y asegurar que ex jefes paramilitares extraditados como Don Berna y H.H. —quienes ya aportaron información clave para aclarar el homicidio de Cepeda—, “continúen cooperando desde los Estados Unidos”.
La sentencia del pasado 26 de mayo declaró que el Estado colombiano violó los derechos a la integridad, garantías, protección judicial, honra, dignidad, libertad de pensamiento y expresión del senador Cepeda Vargas y sus familiares. Como forma de reparación estableció que deben seguir adelantándose las investigaciones para juzgar a los responsables de la “ejecución extrajudicial” y tomar las medidas para proteger a la familia del congresista, pues se ha documentado que, debido a su persistencia para esclarecer el crimen, han tenido que salir del país y han sido amenazados.
El Estado deberá promover un documental sobre la vida política de Cepeda Vargas, brindar tratamiento psicológico a sus familiares, pagarles US$50 mil por los perjuicios provocados y, “en aras de crear conciencia sobre las consecuencias del crimen”, se deberá realizar en el Congreso o en un recinto público prominente, con la presencia de las más altas autoridades del Ejecutivo, una admisión de la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional en el asesinato, y hacer referencia al contexto de violencia generalizada contra los miembros de la UP y la omisión de los servidores públicos.
Los acuerdos de paz de La Uribe, firmados entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur en 1984, dieron pie a la creación del partido Unión Patriótica, constituido en mayo de 1985 y que participó en distintos comicios entre 1986 y 1994. Sin que haya consenso sobre el número de miembros de la UP que perecieron por la ola criminal desatada por paramilitares de la casa Castaño, en alianza con el narcotráfico y agentes estatales, se calcula que más de 4.000 fueron exterminados, cifra que no reconoce el Estado. Un documento de la Vicepresidencia, elaborado en 2008, calculó que entre 1984 y 1993 murieron apenas 540 integrantes de la UP.
Advierte el tribunal internacional que el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno y las Farc derivó en la barbarie. Irresponsables declaraciones de miembros del Ejército y altos funcionarios que relacionaban grupos de izquierda con un proyecto de propaganda de la lucha armada ilegal de las Farc, en criterio de la CIDH, aumentaron el baño de sangre. La propia UP denunció cinco planes de exterminio entre 1985 y 1993, denominados ‘Operación Cóndor’, ‘Baile rojo’, ‘Esmeralda’, ‘Golpe de gracia’ y ‘Retorno’, y en el marco de estos complots, uno a uno, fueron cayendo y contándose por centenares las víctimas.
En 1993, Cepeda Vargas denunció estos planes en el Congreso, obtuvo medidas cautelares y pidió que se aumentara su esquema de protección, pero “las autoridades se abstuvieron injustificadamente de protegerlo”. La CIDH indicó que sí hubo un plan organizado para eliminarlo, pues dos suboficiales, Hernando Medina y Justo Gil Zúñiga, adscritos a la IX Brigada del Ejército, fueron los autores materiales del homicidio. Criticó la CIDH que, aunque se tuvo información que relacionaba al entonces comandante de dicha Brigada, general Rodolfo Herrera Luna, con el pago del crimen y auspiciador de grupos de autodefensa, no hubiera sido investigado y sólo hasta 1998, cuando ya había muerto por causas naturales, la Fiscalía se aprestaba a vincularlo al expediente.
Carlos Castaño Gil, procesado en este caso, fue absuelto por la justicia, aun cuando él mismo reveló en su libro Mi confesión que había sido el autor intelectual. Versiones de ex jefes paramilitares como Don Berna y H.H. han relacionado al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, y a otros cuatro paramilitares en el asesinato del último senador de la UP. La CIDH vio con malos ojos que, pese a que Medina Camacho y Gil Zúñiga fueron condenados a 43 años de prisión, gracias a rebajas procesales apenas pagaron entre 11 y 12 años, respectivamente, y ya están en libertad. Además, se probó que estos dos suboficiales participaron en el homicidio de un teniente, en julio de 1999, “durante su privación de libertad en un centro de reclusión militar”. Por eso la CIDH repudió que se les hubieran otorgado rebajas sin tener en cuenta que siguieron delinquiendo.
Por último, la Corte observó que varias declaraciones del presidente Álvaro Uribe, en las que acusó al hijo del senador Cepeda, Iván Cepeda Castro —elegido congresista para el período 2010-2014— de ser un farsante de los Derechos Humanos “y de utilizar la protección de las víctimas de violaciones de DD.HH. para pedir dinero en el exterior” ponían en grave riesgo su vida y heredaban el proceso de estigmatización que recayó sobre los familiares de Cepeda Vargas. Otra demanda por el exterminio de los más de 4.000 miembros de la UP sigue cursando en el sistema interamericano.