Las más recientes capturas de cuatro funcionarios del Fondo Ganadero de Córdoba y un notario de Montería tienen nombre propio: Benito Osorio Vidallego, uno de los principales testigos de la Fiscalía y quien conoce los pormenores del proyecto paramilitar de los años 90 con cual se intentó refundar la patria, y especialmente apropiarse de miles de hectáreas de tierras que fueron despojadas en Urabá y Córdoba.
Osorio fue gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y no sólo ha dado información clave sobre el extraditado exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el clan Castaño, sino también sobre las supuestas irregularidades que rodearon la elección de Mario Iguarán como fiscal general en el año 2005.
Entre los nuevos capturados están el actual gerente del Fondo Ganadero en liquidación Carlos Sotomayor; el accionista mayoritario del Fondo, Benito Molina Velarde, quien además es mexicano y uno de los hombres más poderosos de la región; Carmelo Esquivia, uno de los abogados de los ganaderos; Orlando Enríquez, miembro de la junta directiva de la organización; el notario Miguel Puche Yanes, quien se habría encargado, según las autoridades, de legalizar las tierras que le fueron despojadas a un centenar de campesinos y cinco personas más. Todos resultaron investigados por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, falsedad en documento y lavado de activos.
Todos ellos fueron salpicados por Osorio Villadiego, quien durante siete años dirigió el Fondo Ganadero y orientó la Federación Nacional de Fondos Ganaderos. Durante su gerencia los paramilitares consolidaron su proyecto de expansión en Córdoba y Urabá, que se basó tanto en el despojo de tierras como en la captura de las entidades del Estado.
Osorio Villadiego solamente salió a la luz pública como uno de los hombres de confianza de Salvatore Mancuso gracias a una publicación que sacó la extinta revista Cambio, después de que el exgerente del Fondo de Ganaderos fuese nombrado como gobernador (e) de Córdoba por el entonces presidente Álvaro Uribe.
Eso ocurrió el 31 de diciembre de 2008. Sin embargo, después de unas grabaciones comprometedoras reveladas por este medio en las que se escuchaba a Osorio Villadiego y al excomandante paramilitar Mancuso en un tono muy amistoso, Osorio sólo duró 17 días en el cargo.
Otro de los hechos que develó su cercanía con grupos paramilitares fue cuando en 2005 promovió un movimiento ciudadano en Córdoba para darle a Salvatore Mancuso una especie de título nobiliario como el “salvador” del departamento. A esto se suma que fue uno de los líderes de las campañas electorales de los excongresistas y hoy condenados por parapolítica, Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda.
Desde ese momento, las autoridades empezaron a indagar sus movimientos como gerente del Fondo. Fue entonces que hallaron sus fuertes nexos con Sor Teresa Gómez, una de las protagonistas del despojo en el Urabá y ficha clave de clan Castaño. Esta mujer, ya condenada a 40 años por el crimen de la lideresa de procesos de restitución de tierras, Yolanda Izquierdo, fue la fundadora y gestora de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización que sirvió como fachada del paramilitarismo para lavar dinero.
Funpazcor fue la organización bandera en el despojo de tierras, según documentó la justicia. Sin embargo, tras ser desarticulada por las autoridades en julio de 2001, se creó la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), una organización que de acuerdo con investigaciones judiciales también terminó como fachada de grupos al margen de la ley.
Años después la Fiscalía revelaría cómo desde los años 90 y a través de distintas fundaciones y entidades se fraguó un plan que consistía en quitarles tierras a los campesinos o impulsar una titulación fraudulenta de predios desconociendo los territorios ancestrales o que por ley les correspondían a las comunidades afrodescendientes.
Con estas maniobras, Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño, logró apropiarse de 52 fincas en Urabá y Córdoba que terminaron escrituradas a nombre de testaferros. Esta misma función la realizaban desde el Fondo Ganadero de Córdoba en cabeza de Benito Osorio Villadiego, quien en 2007 compró por un valor aproximado a los $3.000 millones cuatro fincas en Tierraalta (Córdoba). Entre estos bienes estaba un predio llamado El Cairo, que años después se comprobó que sirvió como oficina de encuentros de los jefes paramilitares.
En engranaje de esta maquinaria de despojos no hubiera podido haberse hecho efectivo sin la colaboración de otras autoridades, especialmente de las notarías. Por esta razón, uno de los hoy capturados, Miguel Puche Yanes, al parecer, habría jugado un papel protagónico. Desde su labor de notario habría permitido escriturar a nombre de testaferros centenares de hectáreas que tendrían que estar en manos de los desplazados y no de exjefes de las autodefensas.
Después de caer en el radar de las autoridades, Osorio Villadiego se entregó a las autoridades en marzo de 2011. En octubre de 2012, tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía ingresó al programa de protección de testigos y continuó contando pormenores de cómo la clase política y los paramilitares casi logran hacer real su idea de “refundar la patria”.
Hace poco reactivó su ventilador y empezó a recordar nombres de personas que habrían sido auspiciadores y grandes colaboradores del paramilitarismo. Uno de los episodios que volvió a agitar a la clase política del país, fueron los señalamientos contra José Félix Lafaurie, actual presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, de quien dijo que supuestamente habría sido el intermediario entre Salvatore Mancuso y la Corte Suprema de Justicia para la elección de Mario Iguarán como fiscal general.
Según reveló El Tiempo, Osorio Villadiego le entregó al ente investigador un pantallazo de un correo supuestamente enviado el 11 de julio del 2005 desde la cuenta jflafourie@yahoo.com a fogancor@hotmail.com, con el asunto "Corte Fiscal". En el mail habría ido adjunto un documento en el que aparecían los nombres de supuestos magistrados que podrían ser influenciados y así direccionar el rumbo de la elección del fiscal general, ya que según los comandantes paramilitares era necesario que Iguarán llegara a la Fiscalía por su cercanía a la estructuración de la Ley de Justicia y Paz. De esta forma podrían blindarse de futuros procesos.
Estos señalamientos fueron rechazados con vehemencia por Lafaurie, quien para la época de los hechos era Superintendente de Notariado y Registro. El hoy presidente de Fedegán fue enfático al decir que Osorio es uno de los tantos falsos testigos que tiene la Fiscalía y que está siendo manejado como un títere por Mancuso para enlodar el nombre de personas cercanas al gobierno que lo extraditó. “Es una versión inconsistente que sugiere que el señor (Salvatore) Mancuso tenía poder sobre los magistrados de la Corte Suprema”, puntualizó en una entrevista con El Tiempo.
Al margen de los señalamientos de Osorio Villadiego, en un artículo publicado por este diario el 27 de febrero de 2011, se señala cómo varios testigos de la parapolítica le manifestaron a la Fiscalía que el extraditado narcotraficante y exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, habría pagado $5.000 millones para asegurar la llegada de Mario Iguarán a la dirección del ente investigador. Además se reseñaba que Mancuso también habría sido uno de los impulsores de la idea y que el empresario italiano, Giorgio Sale, habría sido el principal intermediario. Sin embargo, Iguarán siempre ha manifestado que esto jamás ocurrió y que durante su gestión fue que se extraditó a Mancuso y se iniciaron las investigaciones por parapolítica.
El punto es que la captura de estas cinco personas reabre la polémica por las declaraciones de unos de los principales testigos, no sólo en tema de despojo de tierras, sino de parapolítica. En su más reciente declaración fue que mencionó que el socio mayoritario del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Molina, fue uno de los promotores de la compra irregular de más de 3.000 hectáreas que pertenecían a 160 familias desplazadas del Urabá. Entre las víctimas hay casos tan aberrantes, como el de una familia que vendió su finca por $9.000.000 que Salvatore Mancuso pagó con un cheque sin fondos. Jamás recuperaron el dinero. O el de un campesino que vendió a $100.000 cada una de las 200 hectáreas de su finca.
Por lo pronto la justicia indaga este nuevo frente de la parapolítica y la paraeconomía.