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“Llamo a Colombia a implementar las directrices de su Corte Constitucional y a hacer más para proteger a la vulnerable comunidad Wayúu de la reserva indígena de Provincial contra la contaminación de la mina El Cerrejón y contra la COVID-19”, ese fue el pronunciamiento que hizo en septiembre de 2020 David Boyd, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medioambiente, quien sostuvo que durante la pandemia deberían suspenderse las operaciones en el sitio de Tajo Patilla, cerca de la reserva indígena.
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Luego de esta alerta emitida por el alto funcionario de Naciones Unidas en Colombia, Cerrejón comunicó que la compañía y el Resguardo Indígena de Provincial alcanzaron “un principio acuerdo que permitirá establecer mecanismos para cumplir” con la sentencia T-614 de la Corte Constitucional, la cual ordenó garantizar la protección del medioambiente y la salud de los miembros de la población nativa de Provincial.
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El acuerdo, no obstante, se dio con parte de la comunidad de Provincial, según supo este diario por fuentes de la zona. Las mujeres que lideraron la acción de tutela que en diciembre de 2019 terminó ordenándole a Cerrejón y al Gobierno tomar acciones concretas para solucionar la contaminación de su resguardo no comparten esta negociación.
Boyd explicó en su momento, hace casi dos meses, que el hecho de respirar aire contaminado y carecer de acceso a agua potable debido a las actividades mineras incrementa el riesgo de enfermedades para estas personas y que durante la pandemia del coronavirus esta situación puede convertirse en una amenaza mortal. “La ciencia es clara: las personas que viven en zonas que presentan niveles más altos de contaminación del aire -como la de los alrededores de la mina El Cerrejón-, se enfrentan a un mayor riesgo de muerte prematura por COVID-19”, dijo en septiembre pasado.
El acuerdo, según Cerrejón, impulsará iniciativas conjuntas que permitirán mejorar las condiciones de vida del resguardo, las cuales incluirían “la puesta en marcha de iniciativas sostenibles, el apoyo a proyectos productivos y la mejora de servicios de salud. Entre estas acciones se encuentra la construcción y dotación de un nuevo puesto de salud en Provincial, un programa de rehabilitación ambiental de diferentes áreas del Resguardo, que incluye la siembra de más de 248.000 árboles, y la creación de un vivero que producirá 100.000 plantas anuales y que generará ingresos a la comunidad”.
Con el fin de cumplir con el pronunciamiento del alto tribunal de finales del año pasado, Cerrejón dice que también iniciará un programa de limpieza en las instalaciones comunitarias y las áreas cercanas, para los próximos 5 años. De acuerdo con lo manifestado por la compañía, antes de la ejecución de este acuerdo, la comunidad de Provincial deberá discutir en plenaria, con presencia de las autoridades tradicionales del Resguardo (especialmente de las personas que presentaron la tutela a la Corte) las actividades propuestas por la minera.
Y es que, pese a una resolución judicial emitida en diciembre de 2019, donde se ordenaba a las autoridades colombianas y a los dueños de la mina mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera en la comunidad, el experto de la ONU indicó que no se tomaron las medidas suficientes para proteger a los miembros de la comunidad Wayúu en el resguardo indígena de Provincial. La sentencia del alto tribunal señaló que "la empresa había perjudicado la salud de los residentes de la reserva indígena de Provincial al contaminar el aire, el agua y la vegetación, así como por el ruido y las vibraciones de la minería”.
