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En la página de la Presidencia de la República fue oficialmente colgada la hoja de vida del nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Se trata del exmagistrado César Palomino Cortés, un curtido jurista que viene de desempeñarse en la sección segunda del Consejo de Estado y cuya alma mater es la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
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La Agencia que defiende los intereses de Colombia en pleitos jurídicos nacionales e internacionales vuelve a tener un director en propiedad desde la salida de la jurista Martha Lucía Zamora, quien el pasado 4 de diciembre renunció en medio del escándalo por la licitación de pasaportes. En su momento, Zamora denunció un trato injusto y degradante por parte del excanciller Álvaro Leyva, quien está en juicio disciplinario en la Procuraduría por frenar la licitación que iba a favorecer al inversionista Thomas Greg & Sons.
Durante los últimos siete meses, la entidad estuvo encargada a Jhon Camargo, uno de los funcionarios de carrera que llevaba más años en la entidad y quien siguió la línea de Gobierno por apostarle al talento jurídico nacional y de apoyar la firma de acuerdos con víctimas de la guerra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los primeros comentarios al interior de la Agencia, tras la llegada de Palomino, es tranquilidad por la llegada de un director en propiedad.
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De acuerdo con la hoja de vida de Palomino, tiene una maestría en Derecho de la Universidad Externado, una especialización en Administración de Justicia y Resolución de Conflictos de la misma universidad, cuenta con una especialización en Derecho Comercial y otra en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín.
Durante su carrera se ha desempeñado como juez promiscuo municipal del Chocó, juez civil municipal de Quibdó, juez promiscuo de Circuito de Bahía Solano en ese departamento, magistrado del Tribunal Administrativo también de esa región, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y consejero de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Entre los retos de Palomino está manejar los miles de casos que Colombia tiene en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana, ante las cuales las víctimas que no han tenido justicia en el país han allegado sus casos. La línea del gobierno de Gustavo Petro ha sido llegar a procesos de solución amistosa para evitar juicios al Estado y, de la misma forma, reconocer responsabilidad pública por graves violaciones de derechos.
Asimismo, la Agencia se encuentra en un “año de laudos” ante los distintos tribunales de pleitos de inversión en el mundo. Por dar un ejemplo, la semana pasada Colombia ganó un pleito y evitó el pago de US$300 millones a inversionistas estadounidenses que demandaron al país tras perder un lujoso proyecto inmobiliario en Medellín, el Meritage, por cuenta de una acción de extinción de dominio de la Fiscalía.
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El país también se juega más de una decena de pleitos jurídicos de inversión, que van desde la protección de recursos naturales, hasta por los derechos de posesión de los tesoros del Galeón San José, en disputa por inversionistas estadounidenses. Otras de las funciones de la Agencia son apoyar jurídicamente a las entidades nacionales que tienen problemas jurídicos en los juzgados y tribunales del país, y entregar conceptos jurídicos a las mismas instituciones para evitar demandas futuras.
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