Luego de que distintas organizaciones de escoltas de operadores privados vinculados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) convocaran a una jornada de protestas en el país, el director de la entidad, Pablo Elías González, manifestó que el cese de operaciones sería “ilegal”, pues prestan un servicio esencial que no puede ser reemplazado de ninguna manera.
“Esto (el paro) no obedece a un pliego de peticiones”, manifestó González, explicando así que no es el resultado de alguna negociación entre la UNP y sus contratistas —pues esta entidad terceriza en buena parte sus labores con empresas privadas—. “Un cese de actividades atenta contra un servicio especial. Sería casi como si la Policía parara sus labores. Eso tiene un procedimiento ante el Ministerio (del Interior)”, expresó.
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Y agregó: “someter a la desprotección a unas personas no es la salida. Pueden convocar a las protestas porque tienen el derecho, pero un cese de actividades no puede ser posible. Nosotros, conjuntamente con las empresas operadoras del servicio, estamos llamando no solamente a los de la UNP (…) sino también a los sindicatos de las operadoras a efectos de que sean razonables en ese sentido, en que no se puede incurrir en la desprotección de las personas”.
Según argumentan los convocantes de la protesta social, el motivo se debe a “la falta de proyección presupuestal” que les impide a sus trabajadores prestar el servicio de seguridad a las personas objeto de protección. “Por tal motivo, la mesa ha determinado realizar jornadas de protesta que visibilizar las estrategias y los invitamos a que, desde su condición de beneficiarios, desde sus roles y fueros, se unan a estas jornadas participando activamente en la defensa de la entidad que les provee protección”, señala el comunicado.
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Los convocantes agregaron que las observaciones que hacen las prestadoras privadas a los procesos de licitación de la UNP no son escuchadas por parte del gobierno y que, para agravar la situación, no se les ha podido pagar a los hombres que prestan seguridad sus garantías de desplazamiento y no se les reconoce, al parecer, las horas extras. “Nuestra labor no es una simple mercancía que debe ser feriada cada tanto y se hace necesario que se den contrataciones con empresas que puedan cumplir con las obligaciones prestacionales y la entrega de los elementos adecuados para el ejercicio de la protección”, señala el comunicado de las organizaciones firmantes.
Por Redacción Judicial
