CIDH alerta sobre vulnerabilidad de migrantes, desplazados y refugiados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó esta semana su informe “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. En él, analiza las principales dinámicas y causas de la migración en el continente, entre los que se destacan la creciente disparidad socioeconómica, en particular en términos de desigualdad, pobreza y necesidades básicas insatisfechas.  Así como el impacto de los  conflictos armados y la violencia criminal en algunos países.

Además, explica que otros de los fenómenos que han aumentado la migración en el continente son: el  deterioro de la situación económica, social y política de diversos países; las necesidades de la reunificación familiar; el impacto del accionar de empresas nacionales y transnacionales; el cambio climático y los desastres naturales.

Según este informe de la CIDH, durante las últimas décadas se ha evidenciado un incremento gradual de la movilidad humana a nivel mundial, ya sea como migrantes internos o internacionales. “La movilidad humana es hoy por hoy uno de los principales temas de la agenda mundial”, asegura la organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En años recientes, según el documento, se han registrado algunos avances en el reconocimiento normativo de derechos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en la OEA. Sin embargo, para la CIDH, estos avances aún son insuficientes ante las realidades que enfrentan las personas en el contexto de la movilidad humana en la práctica.

“Este informe resulta particularmente relevante en un momento en que las políticas migratorias de algunos Estados de la región abordan la migración más desde un enfoque de seguridad nacional y contención de los movimientos migratorios que desde un enfoque de derechos humanos”, señala el informe.

Durante los últimos años, la Comisión ha observado con preocupación cómo algunos Estados han endurecido sus políticas migratorias, en un contexto en donde movimientos nacionalistas y políticos populistas promueven discursos y acciones racistas y xenófobas en contra de personas migrantes, apátridas -que no tienen nacionalidad- o personas que están en riesgo de ser apátridas. 

“Por el hecho de ser migrantes, las personas suelen enfrentar múltiples violaciones a sus derechos humanos en países de origen, tránsito, destino y retorno”, reza el documento. En este contexto, uno de los principales desafíos que enfrentan las personas en el contexto de la movilidad humana en la región, dice la CIDH, tiene que ver con la persistencia de un gran número de políticas, leyes y prácticas estatales, así como de acciones y omisiones de particulares y actores no estatales, que desconocen a estas personas como sujetos de derecho.

Lo anterior conlleva a que en múltiples ocasiones estas personas sean víctimas de diversas formas de discriminación y violencia por parte de la población, e incluso de las autoridades. La Comisión ha observado que esta situación es particularmente grave en el caso de los migrantes en situación irregular, cuya situación migratoria los expone aún más a abusos y a que eviten ponerse en contacto con las autoridades por el temor a ser puestas en detención migratoria y eventualmente deportadas.

Esta situación afectan de forma particular a las mujeres y niños migrantes, quienes además están expuestos a otros abusos como violencia sexual, la trata de personas y condiciones inhumanas y degradantes de trabajo. Estos factores contribuyen a que haya una gran invisibilidad y subregistro de los delitos y violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas en el contexto de la movilidad humana.

Otro de los desafíos principales que la Comisión ha identificado tiene que ver con los serios obstáculos que estas personas enfrentan para acceder a la justicia. Esto ocasiona que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos que viven estas personas queden en la impunidad y el hecho de que no tengan acceso a un recurso judicial efectivo ni a reparación integral.

El ocmisionado Enrique Gil Botero, relator colombiano sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, señaló que “el acceso a la justicia y a la protección judicial de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países de la región. Es por eso que confiamos que este informe sea una herramienta para que jueces, funcionarios judiciales, abogados, defensores de derechos humanos y las mismas personas en diferentes situaciones de movilidad humana protejan los derechos de estas personas ante los sistemas de justicia nacionales, regionales e internacionales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó esta semana su informe “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. En él, analiza las principales dinámicas y causas de la migración en el continente, entre los que se destacan la creciente disparidad socioeconómica, en particular en términos de desigualdad, pobreza y necesidades básicas insatisfechas.  Así como el impacto de los  conflictos armados y la violencia criminal en algunos países.

Además, explica que otros de los fenómenos que han aumentado la migración en el continente son: el  deterioro de la situación económica, social y política de diversos países; las necesidades de la reunificación familiar; el impacto del accionar de empresas nacionales y transnacionales; el cambio climático y los desastres naturales.

Según este informe de la CIDH, durante las últimas décadas se ha evidenciado un incremento gradual de la movilidad humana a nivel mundial, ya sea como migrantes internos o internacionales. “La movilidad humana es hoy por hoy uno de los principales temas de la agenda mundial”, asegura la organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En años recientes, según el documento, se han registrado algunos avances en el reconocimiento normativo de derechos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en la OEA. Sin embargo, para la CIDH, estos avances aún son insuficientes ante las realidades que enfrentan las personas en el contexto de la movilidad humana en la práctica.

“Este informe resulta particularmente relevante en un momento en que las políticas migratorias de algunos Estados de la región abordan la migración más desde un enfoque de seguridad nacional y contención de los movimientos migratorios que desde un enfoque de derechos humanos”, señala el informe.

Durante los últimos años, la Comisión ha observado con preocupación cómo algunos Estados han endurecido sus políticas migratorias, en un contexto en donde movimientos nacionalistas y políticos populistas promueven discursos y acciones racistas y xenófobas en contra de personas migrantes, apátridas -que no tienen nacionalidad- o personas que están en riesgo de ser apátridas. 

“Por el hecho de ser migrantes, las personas suelen enfrentar múltiples violaciones a sus derechos humanos en países de origen, tránsito, destino y retorno”, reza el documento. En este contexto, uno de los principales desafíos que enfrentan las personas en el contexto de la movilidad humana en la región, dice la CIDH, tiene que ver con la persistencia de un gran número de políticas, leyes y prácticas estatales, así como de acciones y omisiones de particulares y actores no estatales, que desconocen a estas personas como sujetos de derecho.

Lo anterior conlleva a que en múltiples ocasiones estas personas sean víctimas de diversas formas de discriminación y violencia por parte de la población, e incluso de las autoridades. La Comisión ha observado que esta situación es particularmente grave en el caso de los migrantes en situación irregular, cuya situación migratoria los expone aún más a abusos y a que eviten ponerse en contacto con las autoridades por el temor a ser puestas en detención migratoria y eventualmente deportadas.

Esta situación afectan de forma particular a las mujeres y niños migrantes, quienes además están expuestos a otros abusos como violencia sexual, la trata de personas y condiciones inhumanas y degradantes de trabajo. Estos factores contribuyen a que haya una gran invisibilidad y subregistro de los delitos y violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas en el contexto de la movilidad humana.

Otro de los desafíos principales que la Comisión ha identificado tiene que ver con los serios obstáculos que estas personas enfrentan para acceder a la justicia. Esto ocasiona que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos que viven estas personas queden en la impunidad y el hecho de que no tengan acceso a un recurso judicial efectivo ni a reparación integral.

El ocmisionado Enrique Gil Botero, relator colombiano sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, señaló que “el acceso a la justicia y a la protección judicial de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países de la región. Es por eso que confiamos que este informe sea una herramienta para que jueces, funcionarios judiciales, abogados, defensores de derechos humanos y las mismas personas en diferentes situaciones de movilidad humana protejan los derechos de estas personas ante los sistemas de justicia nacionales, regionales e internacionales”.