Cidh retira protección a magistrada 'chuzada'

Por sorpresa tomó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María del Rosario González de Lemos, la decisión —tomada a principios de este mes— de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, de removerle las medidas cautelares que le habían sido otorgadas en 2008, según la propia Cidh, por su trabajo en las investigaciones de la parapolítica. En ese momento, la Cidh le solicitó al Estado colombiano garantizar la vida e integridad física de la magistrada, por razón de sus intervenciones en procesos judiciales contra congresistas involucrados con paramilitares. 

A pesar de que González aún cuenta con un esquema de seguridad por seguir siendo miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema, El Espectador conoció por personas cercanas a la alta funcionaria que ella está no sólo molesta con la determinación de la Cidh, sino preocupada por el impacto que pueda causar en su vida. Además, porque del grupo de personas de la Corte que recibieron en esa época medidas cautelares (César Julio Valencia Copete, Yesid Ramírez, Sigifredo Espinosa e Iván Velásquez), la medida se aplicó sólo con ella. Este diario intentó contactarla a través de la oficina de prensa de la Corte, sin embargo, no fue posible. 

El 22 de febrero de 2008 la Cidh, tras una petición presentada por la magistrada González,  empezó a evaluar su entorno y circunstancias. Ya para esa época ella, así como otros de sus colegas, comenzaban a sentir el asedio del que fueron objeto durante un buen tiempo por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que hasta puso micrófonos ocultos en la Sala Plena de la corporación a través de la señora que repartía los tintos. El asunto inicialmente se manejó de puertas para adentro pero, tras las revelaciones de la revista Semana en 2009, se convirtió en una denuncia unánime por parte de los 23 integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El 22 de diciembre de 2008 la Comisión Interamericana decidió que González, junto con el coordinador de las investigaciones de la parapolítica, el entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez, recibirían medidas cautelares. En 2009, la Cidh también otorgó estas medidas a los expresidentes de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete y Yesid Ramírez. Para esa época ya el país empezaba a conocer de las actuaciones ilegales del DAS contra los magistrados: interceptaban sus comunicaciones y los escoltas, en vez de ejercer como sus guardianes, eran más una especie de informantes. 

María del Rosario González, por ejemplo, denunció en 2009 ante las autoridades que en mayo de 2008 su hijo había sido víctima de un accidente automovilístico luego de que tres hombres vestidos de negro le atravesaran el tronco de un árbol en la Avenida Circunvalar (Bogotá). Tuvo que ser llevado a una clínica, pero al fin y al cabo salió ileso. “Yo llevo 36 años en la carrera judicial y nunca había sentido este tipo de hostilidades”, reportó en aquella ocasión la magistrada. En 2010, el turno de las medidas cautelares fue para el magistrado de la Sala Penal Sigifredo Espinosa.

Poco a poco se fue develando que González, Valencia Copete y Ramírez hacían parte del grupo de magistrados que estaban siendo vigilados muy de cerca por miembros del DAS. Mientras fue presidente de la Corte, Valencia Copete protagonizó fuertes confrontaciones con el entonces primer mandatario Álvaró Uribe, al punto que en septiembre del año pasado, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes —que investiga a Uribe por las ‘chuzadas’ del DAS— afirmó que Uribe le había montado a la Corte una “persecución política” que había surgido de las investigaciones por los nexos entre la clase política —como el primo de Uribe, Mario Uribe Escobar— y los paramilitares. 

 Fuentes de la Cancillería le aseguraron a este diario que, así como la Cidh puso fin a las medidas de  González, lo más posible es que lo mismo ocurra con los otros  protegidos. Esas mismas fuentes aseveraron que el Gobierno nunca le solicitó a la Comisión remover las medidas cautelares, sino que la decisión fue producto de una revisión de oficio de la Cidh en la que se concluyó que la magistrada ya no requería los esquemas. Sin embargo, otra fuente le indicó a El Espectador que sí existió una reunión entre miembros del Gobierno y la Cidh en la que se solicitó que se examinaran las medidas cautelares otorgadas a González y a sus colegas.

El desconcierto en la magistrada María del Rosario González es total. No bastó que ella denunciara que sus propios escoltas eran quienes pasaban informes de inteligencia al DAS, ni que fuera la representante de la Corte Suprema ante la Cidh por el caso de los seguimientos ilegales y amenazas por parte del DAS. Ella de todas maneras cuenta con un esquema de seguridad por su condición de magistrada de la Corte Suprema, pero el hecho de que le sean retiradas las medidas cautelares deja un sinsabor entre quienes fueron amedrentados por el mismo Estado. 

Por sorpresa tomó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María del Rosario González de Lemos, la decisión —tomada a principios de este mes— de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, de removerle las medidas cautelares que le habían sido otorgadas en 2008, según la propia Cidh, por su trabajo en las investigaciones de la parapolítica. En ese momento, la Cidh le solicitó al Estado colombiano garantizar la vida e integridad física de la magistrada, por razón de sus intervenciones en procesos judiciales contra congresistas involucrados con paramilitares. 

A pesar de que González aún cuenta con un esquema de seguridad por seguir siendo miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema, El Espectador conoció por personas cercanas a la alta funcionaria que ella está no sólo molesta con la determinación de la Cidh, sino preocupada por el impacto que pueda causar en su vida. Además, porque del grupo de personas de la Corte que recibieron en esa época medidas cautelares (César Julio Valencia Copete, Yesid Ramírez, Sigifredo Espinosa e Iván Velásquez), la medida se aplicó sólo con ella. Este diario intentó contactarla a través de la oficina de prensa de la Corte, sin embargo, no fue posible. 

El 22 de febrero de 2008 la Cidh, tras una petición presentada por la magistrada González,  empezó a evaluar su entorno y circunstancias. Ya para esa época ella, así como otros de sus colegas, comenzaban a sentir el asedio del que fueron objeto durante un buen tiempo por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que hasta puso micrófonos ocultos en la Sala Plena de la corporación a través de la señora que repartía los tintos. El asunto inicialmente se manejó de puertas para adentro pero, tras las revelaciones de la revista Semana en 2009, se convirtió en una denuncia unánime por parte de los 23 integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El 22 de diciembre de 2008 la Comisión Interamericana decidió que González, junto con el coordinador de las investigaciones de la parapolítica, el entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez, recibirían medidas cautelares. En 2009, la Cidh también otorgó estas medidas a los expresidentes de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete y Yesid Ramírez. Para esa época ya el país empezaba a conocer de las actuaciones ilegales del DAS contra los magistrados: interceptaban sus comunicaciones y los escoltas, en vez de ejercer como sus guardianes, eran más una especie de informantes. 

María del Rosario González, por ejemplo, denunció en 2009 ante las autoridades que en mayo de 2008 su hijo había sido víctima de un accidente automovilístico luego de que tres hombres vestidos de negro le atravesaran el tronco de un árbol en la Avenida Circunvalar (Bogotá). Tuvo que ser llevado a una clínica, pero al fin y al cabo salió ileso. “Yo llevo 36 años en la carrera judicial y nunca había sentido este tipo de hostilidades”, reportó en aquella ocasión la magistrada. En 2010, el turno de las medidas cautelares fue para el magistrado de la Sala Penal Sigifredo Espinosa.

Poco a poco se fue develando que González, Valencia Copete y Ramírez hacían parte del grupo de magistrados que estaban siendo vigilados muy de cerca por miembros del DAS. Mientras fue presidente de la Corte, Valencia Copete protagonizó fuertes confrontaciones con el entonces primer mandatario Álvaró Uribe, al punto que en septiembre del año pasado, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes —que investiga a Uribe por las ‘chuzadas’ del DAS— afirmó que Uribe le había montado a la Corte una “persecución política” que había surgido de las investigaciones por los nexos entre la clase política —como el primo de Uribe, Mario Uribe Escobar— y los paramilitares. 

 Fuentes de la Cancillería le aseguraron a este diario que, así como la Cidh puso fin a las medidas de  González, lo más posible es que lo mismo ocurra con los otros  protegidos. Esas mismas fuentes aseveraron que el Gobierno nunca le solicitó a la Comisión remover las medidas cautelares, sino que la decisión fue producto de una revisión de oficio de la Cidh en la que se concluyó que la magistrada ya no requería los esquemas. Sin embargo, otra fuente le indicó a El Espectador que sí existió una reunión entre miembros del Gobierno y la Cidh en la que se solicitó que se examinaran las medidas cautelares otorgadas a González y a sus colegas.

El desconcierto en la magistrada María del Rosario González es total. No bastó que ella denunciara que sus propios escoltas eran quienes pasaban informes de inteligencia al DAS, ni que fuera la representante de la Corte Suprema ante la Cidh por el caso de los seguimientos ilegales y amenazas por parte del DAS. Ella de todas maneras cuenta con un esquema de seguridad por su condición de magistrada de la Corte Suprema, pero el hecho de que le sean retiradas las medidas cautelares deja un sinsabor entre quienes fueron amedrentados por el mismo Estado.