Cinco municipios de Cauca, Putumayo y Caquetá, asediados por disidencias y narcotráfico

Imagen de referencia. Archivo

La Defensoría del Pueblo hizo pública la primera alerta temprana de 2021 sobre la grave situación de derechos humanos que viven las comunidades de Piamonte (Cauca), Puerto Guzmán (Putumayo), San José del Fragua, Currillo y Solita (Caquetá). La alerta llama la atención por situaciones de homicidios selectivos y múltiples dirigidas contra líderes sociales, población LGTBI, indígenas y campesinos, así como desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y violencia sexual. Así como por las dinámicas de conflicto que promueven el accionar del llamado Frente Primero “Carolina Ramírez” y la compañía “Miller Perdomo” de las disidencias de las Farc y los grupos criminales conocidos como “La Constru” y “Sinaloa-La Mafia”, dedicadas al narcotráfico.

Según el documento, la aparición de la estructura de crimen organizado llamada “Comandos de Frontera” ha mostrado contraposición con el frente Carolina Ramírez, y este último grupo delinque en las mismas zonas que el autodenominado “Sinaloa”. A esto se suma una especie de tercerización de acciones violentas de los grupos de delincuencia organizada que se conocen como “Los Azules”, “Los Escorpiones”, “Los Cobra” y “Los Niches”, en el corredor San José del Fragua -Piamonte-Puerto Guzmán. “Durante 2019 y 2020 se observó que la confluencia y disputa de los actores armados ilegales en territorios advertidos ha conducido a la exacerbación de la violencia contra la población civil como estrategia para el establecimiento de lealtades”.

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“Por tanto, se ha hecho frecuente la implantación de modelos de control que están determinados fundamentalmente por el miedo y el ambiente de terror infundido por los diversos grupos. En este contexto, se ha observado la materialización de homicidios selectivos y múltiples, amenazas (contra líderes, lideresas, población socialmente estigmatizada, mujeres, campesinos e indígenas), desplazamientos forzados, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual contra mujeres, entre otros”, señala el documento. La Defensoría advirtió que en riesgo también están los líderes asociados al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos.

En concreto, el riesgo va par las juntas de acción comunal; la Asociación Municipal Campesinas de Trabajadoras y Trabajadores del Cauca; la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía Jardínes de Sucumbíos; la Mesa de Unidad de Trabajadores de Puerto Guzmán; la organización de Mujeres “Amistral” de la Inspección de José María (Puerto Guzmán); la Alianza Tejedoras de Vida-Proyecto Guardianes del Agua en Puerto Guzmán; la Marcha Patriótica en Putumayo, Piamonte y Jardines de Sucumbíos; así como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuama (Coccam); la Asociación de Trabajadores Campesinos y Campesinos de Curillo y de Portales del Fragua; la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganohuna; el CRIC; la cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común y la Mesa de Organizaciones Sociales MEROS.

A estas organizaciones se suman, como población en riesgo, los líderes y lideresas indígenas que se ven incapacitados para ejercer su autonomía por el ingreso de los actores armados, “incrementado riesgos de extinción física y cultural”; así como las personas que transitan el corredor fluvial del río Caquetá entre Puerto Guzmán, Piamonte, Curillo y Solita por la confrontación entre el frente “Carolina Ramírez” y el grupo “Sinaloa” o “La Mafia”. Según la Defensoría, el grupo disidente incluso a difundido entre la población “manuales de convivencia” para que sean acatados por las comunidades son pena de consecuencias por no hacerlo o “colaborar” con el grupo “Sinaloa”.

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Los registros de la entidad dan cuenta que la disidencia Frente Primero ha llegado a imponer restricciones de movilidad en horas de la noche y que ha extorsionado a comerciantes, agricultores y ganaderos e intimidado a transportadores fluviales. Entre los riesgos de reclutamiento de menores que su presencia implica, el grupo “Sinaloa-La Mafia” agrava la situación con sus acciones para controlar las rutas del narcotráfico, intimidando además a personas que no les “ayudan” con la siembra de hoja de coca. “Ha utilizado como mecanismo para generar temor la realización de recorridos y/o rondas en camionetas de alta fama y motocicletas en aras de mostrar poder. Ha realizado reuniones en algunos casos presentándose como “el cartel de Sinaloa””, dijo la entidad.

El grupo “Comandos de la Frontera” y la presencia desde mediados de 2020 de la comisión de finanzas Miller Perdomo, del autodenominado Bloque Jorge Briceño, o estructura disidente 62, y “La Constru”, tienen en alto riesgo a una población estimada de 73.000 habitantes en los cinco municipios que, además, tienen todos resguardos y cabildos indígenas. Entre las personas en riesgo también se encuentran aquellos en proceso de reincorporación a la vida civil y sus familias, por acogerse al proceso de paz. En ese sentido, se reseñó que en 2019 fueron asesinados en Curillo Lucero Jaramillo y Wilson Parra, antiguos integrantes de las Farc que estaban en dicho proceso, así como el homicidio de un hijo de un reincorporado.

En el caso de la “población flotante”, aquella que ingresa a la zona en busca de trabajo y que no está afiliada a juntas de acción comunal, la Alerta Temprana asegura que suelen ser señalada de ser informantes de grupos armados. Y que, por ser especialmente mujeres, se han presentado casos de violencia sexual en su contra, que las ha llevado a migrar. “Lo anterior constituye una forma de control que se vale del temor de las víctimas quienes se abstienen de denunciar e incluso de acceder a servicios de salud por miedo a las posibles represalias contra ellas y sus familias. Estos eventos refuerzas la estigmatización y el señalamiento en contextos en los que no existen redes de apoyo y acceso efectivo a la justicia”, dice el documento.

En cuanto a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA) expuestos al reclutamiento, la Defensoría indicó que los integrantes de grupos armados los visitan en sus comunicados y centros educativos ofreciéndoles dinero: “La ubicación de los territorios sobre el margen del río Caquetá, caracterizada por su amplia dispersión, ha facilitado el traslado de NNA a otras jurisdicciones, en especial desde el Caquetá hacia sectores de Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Piamonte. Es frecuente que las familias opten por desplazarse y omitan la denuncia como mecanismo de autoprotección. El riesgo se extiende a los docentes y rectores de centros educativos”.

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Con este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones a diferentes autoridades para que tomen medidas y se garantice la vigencia d ellos derechos humanos de la población civil en estos municipios. Por ejemplo, al Ministerio de Defensa se le solicitó establecer puntos fijos y móviles de la Armada Nacional en el río Caquetá, hacer controles y reforzar el número de integrantes de la Policía en Piamonte, Curillo, Solita, Puerto Guzmán y San José del Fragua. Igualmente, a la Sexta División del Ejército, a la Armada y la Policía se le solicitó que a través de diferentes unidades tácticas, implementen una acción conjunta para frenar a los actores armados.

Según la Defensoría, es imperioso designar un oficial de enlace entre las autoridades tradicionales y representativas en los territorios para que escuchen a las comunidades y fomentar la confianza mutua. A esto se suma “concertar previamente todo ingreso de la Fuerza Pública a los territorios colectivos étnicos, cumpliendo rigurosamente las condiciones de acceso que se pacten con las autoridades propias y manteniendo un amplio nivel de coordinación hasta la retirada”. De otro lado, se instó a la Fuerza Pública para que investigue y sancione el uso de niños, niñas y adolescentes en actividades militares y campañas cívico-militares.

“Teniendo en cuenta las afectaciones diferenciales para líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos, autoridades propias, organizaciones sociales, campesinas y de base en el marco de la presente advertencia, se insta a la Fuerza Pública a evitar señalamientos y estigmatización que puedan incrementar sus niveles de riesgo y ocasionar retaliaciones por parte de grupos armados ilegales”, agregó la Defensoría. La entidad recomendó a la Armada y al Ministerio de Transporte que evalúe la posibilidad de crear una inspección fluvial para la zona y a las alcaldías de los cinco municipios que incorporen este escenario en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

A las Alcaldías y Gobernaciones también se les recomendó articular con la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección sobre las rutas de protección para las personas en riesgo, presentación de denuncias y evaluaciones de riesgo y la aplicación de enfoques diferencias y étnicos en dichos procesos, entre otros. Además, se hicieron recomendaciones para rutas de atención en casos de reclutamiento y violencia sexual y pensar la posibilidad de implementar programas alternativos para la sustitución voluntaria de cultivos en el marco del programa nacional creado con el Acuerdo de paz. Y mejorar la infraestructura de prestación de telefonía celular, internet y radiodifusión, entre otros.