Hasta 2026 el canal Win Sports TV tiene los derechos de transmisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), pero en las asambleas de la Dimayor, según su presidente, Fernando Jaramillo Giraldo, ya se está calentando el debate sobre cómo mejorar las condiciones económicas de los equipos en un nuevo convenio comercial. “Tenemos un contrato vigente por dos años más con Win Sports TV, pero ya vamos a empezar a trabajar en ese tema, tenemos claro que todos los clubes quieren un mejoramiento de sus condiciones”, señaló esta semana la cabeza de la División Mayor del Fútbol Colombiano en el programa deportivo Zona Libre de Humo.
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El Espectador conoció que, mientras este espinoso tema se discute al interior de la Dimayor, uno de los antiguos dueños de los derechos de transmisión revivió un viejo pleito ante el Consejo de Estado. Se trata de Claro, la empresa mexicana que, a través de Telmex y Une, transmitió hasta 2012 el FPC. Sin embargo, cuando ese año intentó renovar el contrato, la Dimayor decidió vender los codiciados derechos a Win Sports, la firma conformada por RCN y Direct TV. Este diario conoció que el alto tribunal estudia en este momento una tutela presentada por Claro con el fin de que tumbe un fallo emitido en 2016 y que, según la multinacional, fue irregular y los cohibió de seguir transmitiendo el FPC.
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El origen del pleito
Para entender este complejo expediente hay que remontarnos a 2015, cuando un tribunal de arbitramento de Bogotá multó a la Dimayor con $24.000 millones por haber incumplido el contrato que tenía con Claro. De acuerdo con ese fallo, la empresa de origen mexicano tenía la prioridad para renovar los derechos de transmisión, pero la dirigencia deportiva, en ese momento presidida por Ramón Jesurún, decidió suscribir otro convenio con Win Sports, que hasta 2023 estuvo encabezada por el empresario Mauricio Correa. Un año después de ese fallo, el Consejo de Estado resolvió un recurso extraordinario presentado por la Dimayor y que terminó tumbando la millonaria multa.
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Esta decisión se tomó bajo un argumento que hoy, y en los últimos años, Claro sigue cuestionando en los estrados judiciales. Una subsección del Consejo de Estado señaló que el fallo debía ser anulado, ya que el tribunal de arbitramento, para dirimir el pleito, no consultó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se trata de un órgano que tiene jurisdicción en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y, entre otras funciones, emite interpretaciones judiciales que sirven para solucionar pleitos de distinta índole, entre ellos, los contractuales entre grandes empresas y/o entidades. Sin embargo, para Claro no era necesario recurrir hasta el tribunal porque el pleito trataba sobre asuntos comerciales en Colombia.
Incluso, sobre ese fallo del Consejo de Estado, Claro pidió en 2016 que se consultara al Tribunal de la Comunidad Andina para salir de toda duda y resolver de fondo la disputa por los derechos de transmisión con la Dimayor. Pero no fue así, el fallo quedó en firme y, la Dimayor no tuvo que pagar la multa. Luego, en agosto 2023, el propio tribunal andino le dio la razón a Claro, y señaló que en este caso era innecesario consultarlo, ya que el contrato con la Dimayor estaba reglamentado bajo el Código de Comercio colombiano y no traspasaba normas andinas. Ahora, lo que busca Claro con la reciente tutela que radicó es que el Consejo de Estado se vuelva a pronunciar sobre el pleito e incorpore el reciente concepto del tribunal andino y/o que dejé incólume el laudo arbitral que multó a la Dimayor con $24.000 millones.
La impugnación
El pasado 15 de febrero el alto tribunal le negó la tutela a Claro bajo el argumento que el concepto del tribunal andino, emitido en agosto de 2023, fue posterior al fallo del Consejo de Estado de 2016 y ahora no puede ser tenida en cuenta. El abogado de Claro, Marcel Tangarife Torres, impugnó el fallo y sostuvo fuertes declaraciones contra el propio Consejo de Estado. Por ejemplo, le enrostró que, en 2016, era su deber consultar al tribunal andino, antes de tumbar el fallo, sin conocer de fondo los argumentos de la instancia judicial internacional. Además, señaló que hubo una “ausencia total de estudio” de su tutela, ya que la alta corte invocó argumentos que “nunca” fueron sustentados por su parte.
El Consejo de Estado señaló en su reciente fallo de tutela que, supuestamente, hubo una demora en la presentación de la acción judicial por “discrepancias” entre Tangarife y Claro, hecho que es negado tajantemente por el apoderado de la compañía mexicana. Así las cosas, el Consejo de Estado volverá a revisar un expediente que está por cumplir una década en los estrados judiciales y cuando faltan apenas dos años para que termine el contrato de Win Sports, el mismo que originó esta extensa batalla entre el coloso mexicano de las comunicaciones y la demandada dirigencia del Fútbol Profesional Colombiano.
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Por David Escobar Moreno
