La periodista y defensora de derechos humanos Claudia Julieta Duque decidió abandonar, 24 años después de que iniciara su persecución por parte del Estado, su lucha por una justicia plena en su caso.
Si bien en varias decisiones la justicia colombiana emitió sentencia contra varios exfuncionarios del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por el delito de la tortura psicológica en contra de la periodista y de su hija, todavía hay casos por definir, en particular el que se sigue conta el ex director de Inteligencia del DAS Giarcarlo Auque.
Precisamente, la reciente decisión de anular la declaratoria de lesa humanidad en el caso de Auque fue la gota que rebasó la copa y llevó a Duque a convencerse de que para los más importantes perpetradores vendrá la absolución o la preclusión de sus casos.
“24 años son suficientes. Esta justicia, minúscula, maltratadora, falaz e incapaz, no merece un segundo más de mi vida, tiempo y esfuerzos”, escribió Duque en un manifiesto final que tituló: “24 años después: solo la impunidad es capaz de resistir”.
En ella hace un recuento de su lucha y el estado de los casos, para concluir que “esta batalla solo puede ser resistida por la impunidad, que es la estrategia de Estado a la que más funcionarios judiciales y de organismos de seguridad e investigación le dedican su tiempo”.
Este es el texto completo de su manifiesto:
24 años después: solo la impunidad es capaz de resistir: Claudia Julieta Duque
Una noche de un 23 de julio, pero del año 2001, fui víctima de un secuestro y robo por parte de agentes del DAS, en lo que constituyó el primer ataque directo de una serie de intimidaciones, vigilancias, amenazas y espionaje que durante varios años concatenaron una secuencia de persecución y tortura psicológica en mi contra, hoy reconocida como un crimen de lesa humanidad.
24 años se dicen fácil. Más de dos décadas de lucha por justicia, de altibajos al vaivén de una justicia que no ha sabido ser justa, de jueces y fiscales en algunos casos ineptos, en otros cómplices y en otros valientes, pero sin mayor bagaje para adentrarse en la difícil tarea de desenmarañar las estructuras criminales que operan desde el Estado para silenciar y censurar a una periodista y amenazar y torturar a su hija menor de edad.
Durante este tiempo hubo algunos triunfos importantes: el primero de ellos, que se recuperara el expediente del secuestro desaparecido en 2001; el segundo, que se calificara el delito de tortura psicológica por primera vez en el mundo; el tercero, que se abriera investigación después de siete largos años de indagaciones preliminares, durante los cuales fui yo quien se encargó, con todo lo que ello implica, de conseguir pruebas y presionar para que el caso no cerrara; y, finalmente, el llamamiento a juicio, de a poquitos, de un total de nueve directivos del DAS y dos detectives, así como la orden de investigación contra Álvaro Uribe (reiterada en cinco oportunidades) y Jorge Noguera.
Pero a la par con los avances, llegaron también nuevos ataques, amenazas y dificultades, al punto que en 2018 la fiscal del caso llegó a solicitar mi historia clínica psiquiátrica desde que tenía 10 años de edad (¿?) para intentar confirmar si yo estaba loca desde antes o después de la tortura. En 2019, además, me convertí en la única periodista colombiana en ser censurada en forma directa por una juez por haber denunciado la libertad por vencimiento de términos de la mayoría de los acusados, la parálisis de los casos, la desintegración del proceso y, con ello, el logro de la impunidad.
Pese a los obstáculos, un total de cuatro exdirectivos terminaron condenados: tres por aceptación de cargos entre 2014 y 2015 (Jorge Armando Rubiano, Hugo Daney Ortiz y Carlos Arzayuz Guerrero), y uno en juicio (el exjefe de Inteligencia del DAS Enrique Ariza Rivas, en 2024).
Tres sentencias (José Miguel Narváez, Emiro Rojas Granados y Néstor Pachón Bermúdez) se encuentran a la espera de fallos de segunda instancia o de casación, mientras que una más, la de Ronal Rivera -el autor material de los ataques- fue revocada por una Corte Suprema a la que le quedó corto administrar justicia y analizar un expediente de más de 50 mil folios y dos teras de pruebas digitales.
Hace tan solo unas semanas, el Tribunal Superior anuló la declaratoria de lesa humanidad en el caso Giancarlo Auque, único que aún espera un fallo de primera instancia, por una supuesta falta de motivación que pudo haber subsanado en segunda instancia. Esta decisión constituye una alerta sobre lo que vendrá: o absolución o preclusión de uno de los más importantes perpetradores. Y uno de los más hábiles también, pues salió por la puerta principal de la cárcel pese a tener orden de captura en mi caso y se mantiene prófugo desde hace diez años.
24 años son suficientes. Esta justicia, minúscula, maltratadora, falaz e incapaz, no merece un segundo más de mi vida, tiempo y esfuerzos. Esta batalla solo puede ser resistida por la impunidad, que es la estrategia de Estado a la que más funcionarios judiciales y de organismos de seguridad e investigación le dedican su tiempo, ya sea porque son directos responsables, por complicidad y compromiso ideológico o político, o por simple ineptitud.
Hasta aquí llegamos, señora justicia. Usted no le quitará más tiempo a mi ejercicio periodístico, a mi vida, hobbies y afectos. Este es un fin indigno, pero es un fin. Los próximos años serán para trabajar, amar y jugar al ajedrez.
Claudia Julieta Duque
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