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Tal parece que el narcotráfico tiene la llave para descifrar el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado —perpetrado el 2 de noviembre de 1995— y por eso una comisión judicial se desplazó a Estados Unidos para obtener la ampliación de declaración del capo Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, así como obtener el testimonio del ex congresista Samuel Santander Lopesierra, extraditado y condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
El Espectador conoció una carta rogatoria, elaborada por la Fiscalía y dirigida a James Faulkner, agregado judicial de la embajada de Estados Unidos, para que se pueda tomar las declaraciones de otros cinco capos del cartel del norte del Valle y un ex jefe paramilitar: se trata de Orlando Alberto Sabogal Zuluaga, John Eidelber Cano Correa, alias Jhony Cano, Jair Rendón Hernández, Arcángel de Jesús Henao Montoya —cuñado del capo Iván Urdinola Grajales—, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y Hébert Veloza, alias H.H.
Dentro del expediente 61.434 que investiga el magnicidio de Gómez Hurtado y su asesor José del Cristo Huertas Hastamorir, la Fiscalía le solicitó al Departamento de Justicia de EE.UU. los testimonios rendidos por el controvertido abogado José Ignacio Londoño Zabala, cuando se presentó ante el gobierno de ese país en fecha no determinada entre 1998 y 2002, “época en que decidió abandonar Colombia por amenazas de algunos miembros del cartel del norte del Valle, más concretamente por Wílber Alirio Varela, alias Jabón”.
El organismo investigador le pidió a las autoridades norteamericanas que le provean grabaciones, informes y cualquier elemento probatorio que pudo aportar Londoño Zabala en aquella época para demostrar que fue un perseguido de la mafia del Valle, como se lo hizo saber a las agencias de la DEA y de Inmigración y Aduana de EE.UU. Dicha información deberá ser aportada “en los formularios DEA Six”, reza la petición de la Fiscalía, que en un tercer punto requiere “obtener copia de la información financiera entregada por el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque en la que puede evidenciarse la pertenencia de Londoño Zabala con el cartel del norte del Valle”.
Como se sabe, Patiño Fómeque está por regresar al país por pena cumplida en EE.UU. y, en razón a sus delaciones en contra de Jabón, Chupeta y sus secuaces, obtuvo una sustancial rebaja. En la Fiscalía existen supuestos señalamientos que relacionan al abogado Londoño como un enlace entre las mafias del Valle y el Gobierno del presidente Ernesto Samper. El propio Rasguño así lo declaró, al sostener que el magnicidio de Gómez Hurtado fue una “vuelta” de la mafia para darle un margen de maniobra y empoderar a un gobierno atormentado por el fantasma del “narcoescándalo” del Proceso 8.000.
El fiscal antiterrorismo que adelanta las pesquisas también solicitó toda la información que repose en EE.UU. sobre las grabaciones o documentos entregados a la DEA por Gerardo Candamil, ex abogado de Rasguño, en donde se aportan detalles del proceso 8000 y su relación con los carteles de la droga. Candamil, por orden de Rasguño, habría pagado sobornos en la Fiscalía para desviar la investigación sobre el bombazo al avión de Avianca —crimen perpetrado en 1989— y borrar del expediente a Eugenio León García Jaramillo, alias El Taxista. El abogado de Rasguño conoce al dedillo los secretos del cartel del norte del Valle y las pruebas que entregó a EE.UU. son fundamentales para esclarecer el magnicidio de Gómez.
La Fiscalía requirió la colaboración de la fiscal norteamericana Bonnie Klapper, a cuyo cargo se encuentran la mayoría de los procesos en contra de los extraditados capos del cartel del norte del Valle. Klapper ya tuvo contactos con autoridades colombianas y ofreció su colaboración. En relación con el testimonio del ex jefe del bloque Calima y Bananeros de las Auc, Hébert Veloza o H.H. se busca ahondar en algunos detalles que aportó sobre el asesinato de Gómez Hurtado. ¿Tendrá la mafia las respuestas de un magnicidio que lleva 15 años en la impunidad?