Colectivo pide reformas a la policía y al Inpec por muertes bajo custodia estatal
Una agrupación de profesores y expertos en derecho penal pide justicia por casos como el de la noche de motines en la cárcel La Modelo, la muerte violenta del abogado Javier Ordóñez y los nueve jóvenes que murieron calcinados en la Estación de Policía de San Mateo, en Soacha.
“Las masacres han regresado”. Con esta frase, un colectivo de 83 personas, entre las cuales se encuentran profesores y expertos en derecho penal, denunciaron los principales casos de muertes bajo resguardo estatal en lo que va corrido del 2020. A través de un documento denominado “No más muertes bajo custodia policial”, los firmantes piden que las autoridades ofrezcan perdón y, además, se convoque una mesa para la reforma policial y de los cuerpos de guardia del Estado.
A lo largo del documento, los firmantes exponen que el grave estado de violaciones a los derechos humanos en las cárceles, declarado en varias oportunidades por la Corte Constitucional (1998, 2013 y 2015), se trasladó a otros espacios de reclusión como estaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y centros de traslado por protección. De acuerdo con la denuncia, en 2019, fueron detenidas alrededor de 7.000 personas en 239 estaciones de Policía, lo que representó un hacinamiento del 132 %.
Entre los firmantes del documento figuran el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, así como investigadores y académicos de las universidades EAFIT, del Rosario, de Antioquia, Santo Tomás, entre otras organizaciones civiles y expertos en derecho.
“La supervisión de estos espacios es escasa; los organismos de control no cuentan con la capacidad para monitorear lo que allí sucede, lo cual genera espacios donde el Estado de derecho está de facto suspendido”, agregan los profesores y expertos en derecho penal. En este punto, el documento hace hincapié en el escabroso hecho del pasado 4 de septiembre, cuando nueve capturados murieron calcinados en la estación de Policía de San Mateo en Soacha (Cundinamarca). Aquella vez, uno de los presentes encendió un colchón y, después, la situación se agravó ante la presunta omisión de los policías.
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Así mismo, denuncian el accionar de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de la cárcel La Modelo, quienes el pasado 21 de marzo hicieron uso de sus armas en uno de los intentos de motín más violentos de la historia: 24 muertos y 76 heridos. De acuerdo con la denuncia, las autoridades no han asumido la responsabilidad que les corresponde, al contrario, solo han dado muestras de una “negligencia deliberada”. El fiscal general, Francisco Barbosa, en su momento culpó a líderes del Eln y de la antigua guerrilla de las Farc por estos hechos.
La única intervención sobre la noche de motines en La Modelo, tras nueve meses de lo sucedido, ha sido protagonizada por la organización internacional Human Rights Watch, la cual el pasado 24 de noviembre reveló un informe demoledor: de las 24 muertes registradas, 14 se podrían caracterizar como homicidio. “La mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”, concluyeron tres médicos forenses contactados por la organización de derechos humanos.
En contexto: “Muertes de detenidos en La Modelo habrían sido intencionales”, Human Rights Watch.
“En virtud de la relación de especial sujeción las autoridades administrativas y policiales son garantes y tienen el deber de proteger la vida y los derechos de las personas bajo su custodia. Es inaceptable en un Estado de derecho que, al contrario, asesinen por acción y omisión a las personas que deberían custodiar. Custodiar también significa proteger, no únicamente vigilar y confinar. En la custodia, el Estado asume la responsabilidad por la vida, el bienestar y la garantía de los derechos fundamentales de sus custodiados”, explica el colectivo.
Por último, los firmantes expusieron que la Policía Nacional necesita una urgente reforma en sus procesos de ingreso, capacitación y formación continua. De acuerdo con su denuncia, es necesario articular espacios de formación y seguimiento a situaciones de violencia de la fuerza pública. “Exigimos que las autoridades gubernamentales asuman la responsabilidad por lo sucedido, que ofrezcan perdón, reparen a las víctimas, asistan a sus familias y adopten todas las medidas para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, concluyen.
El documento contó con la participación de ciudadanos, estudiantes, profesores, decenas de universidades y fundaciones protectoras de derechos humanos. Entre los estudiantes está, María Simoné Sossa, adscrita a la maestría en Derecho Penal de la Universidad EAFIT. Precisamente de ese centro educativo, Santiago Tobón, director del Centro de Investigaciones Económicas, publicó un artículo académico con una hipótesis interesante: en Colombia la probabilidad de regresar a la cárcel, al año siguiente de obtener la libertad, es 36 % menor para quienes pagaron su pena en establecimientos con buenas condiciones.
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“Pareciera que quienes van a las cárceles más deterioradas, con menos condiciones de salud, vigilancia y demás, desarrollan un mayor capital criminal. Es decir, los posibles reincidentes interactúan con muchos más internos de un perfil más alto. Tras un año de conseguir la libertad, el 9,8 % de los excarcelados reinciden cuando salen de prisiones viejas, sin embargo, solo el 6,3 % lo hacen después de pagar su pena en establecimientos nuevos, con una sustancial mejoría en el trato”, concluye el profesor de economía de la Universidad EAFIT.
Participantes:
Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad del Rosario, Universidad Santo Tomás, Universidad de Manizales, Universidad de Antioquía, Fundación Universitaria Los Libertadores, Universidad San Buenaventura de Cali. Corporación Humanas, Mujeres Libres, Temblores ONG, Fundación Dar Amor. Miguel Ángel Martín Contreras, investigador postdoctoral de la Universidad Valparaíso de Chile y, además, Mónica Arango Olaya, Candidata a Doctora en Leyes de la Universidad de Oxford.
“Las masacres han regresado”. Con esta frase, un colectivo de 83 personas, entre las cuales se encuentran profesores y expertos en derecho penal, denunciaron los principales casos de muertes bajo resguardo estatal en lo que va corrido del 2020. A través de un documento denominado “No más muertes bajo custodia policial”, los firmantes piden que las autoridades ofrezcan perdón y, además, se convoque una mesa para la reforma policial y de los cuerpos de guardia del Estado.
A lo largo del documento, los firmantes exponen que el grave estado de violaciones a los derechos humanos en las cárceles, declarado en varias oportunidades por la Corte Constitucional (1998, 2013 y 2015), se trasladó a otros espacios de reclusión como estaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y centros de traslado por protección. De acuerdo con la denuncia, en 2019, fueron detenidas alrededor de 7.000 personas en 239 estaciones de Policía, lo que representó un hacinamiento del 132 %.
Entre los firmantes del documento figuran el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, así como investigadores y académicos de las universidades EAFIT, del Rosario, de Antioquia, Santo Tomás, entre otras organizaciones civiles y expertos en derecho.
“La supervisión de estos espacios es escasa; los organismos de control no cuentan con la capacidad para monitorear lo que allí sucede, lo cual genera espacios donde el Estado de derecho está de facto suspendido”, agregan los profesores y expertos en derecho penal. En este punto, el documento hace hincapié en el escabroso hecho del pasado 4 de septiembre, cuando nueve capturados murieron calcinados en la estación de Policía de San Mateo en Soacha (Cundinamarca). Aquella vez, uno de los presentes encendió un colchón y, después, la situación se agravó ante la presunta omisión de los policías.
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Así mismo, denuncian el accionar de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de la cárcel La Modelo, quienes el pasado 21 de marzo hicieron uso de sus armas en uno de los intentos de motín más violentos de la historia: 24 muertos y 76 heridos. De acuerdo con la denuncia, las autoridades no han asumido la responsabilidad que les corresponde, al contrario, solo han dado muestras de una “negligencia deliberada”. El fiscal general, Francisco Barbosa, en su momento culpó a líderes del Eln y de la antigua guerrilla de las Farc por estos hechos.
La única intervención sobre la noche de motines en La Modelo, tras nueve meses de lo sucedido, ha sido protagonizada por la organización internacional Human Rights Watch, la cual el pasado 24 de noviembre reveló un informe demoledor: de las 24 muertes registradas, 14 se podrían caracterizar como homicidio. “La mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”, concluyeron tres médicos forenses contactados por la organización de derechos humanos.
En contexto: “Muertes de detenidos en La Modelo habrían sido intencionales”, Human Rights Watch.
“En virtud de la relación de especial sujeción las autoridades administrativas y policiales son garantes y tienen el deber de proteger la vida y los derechos de las personas bajo su custodia. Es inaceptable en un Estado de derecho que, al contrario, asesinen por acción y omisión a las personas que deberían custodiar. Custodiar también significa proteger, no únicamente vigilar y confinar. En la custodia, el Estado asume la responsabilidad por la vida, el bienestar y la garantía de los derechos fundamentales de sus custodiados”, explica el colectivo.
Por último, los firmantes expusieron que la Policía Nacional necesita una urgente reforma en sus procesos de ingreso, capacitación y formación continua. De acuerdo con su denuncia, es necesario articular espacios de formación y seguimiento a situaciones de violencia de la fuerza pública. “Exigimos que las autoridades gubernamentales asuman la responsabilidad por lo sucedido, que ofrezcan perdón, reparen a las víctimas, asistan a sus familias y adopten todas las medidas para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, concluyen.
El documento contó con la participación de ciudadanos, estudiantes, profesores, decenas de universidades y fundaciones protectoras de derechos humanos. Entre los estudiantes está, María Simoné Sossa, adscrita a la maestría en Derecho Penal de la Universidad EAFIT. Precisamente de ese centro educativo, Santiago Tobón, director del Centro de Investigaciones Económicas, publicó un artículo académico con una hipótesis interesante: en Colombia la probabilidad de regresar a la cárcel, al año siguiente de obtener la libertad, es 36 % menor para quienes pagaron su pena en establecimientos con buenas condiciones.
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“Pareciera que quienes van a las cárceles más deterioradas, con menos condiciones de salud, vigilancia y demás, desarrollan un mayor capital criminal. Es decir, los posibles reincidentes interactúan con muchos más internos de un perfil más alto. Tras un año de conseguir la libertad, el 9,8 % de los excarcelados reinciden cuando salen de prisiones viejas, sin embargo, solo el 6,3 % lo hacen después de pagar su pena en establecimientos nuevos, con una sustancial mejoría en el trato”, concluye el profesor de economía de la Universidad EAFIT.
Participantes:
Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad del Rosario, Universidad Santo Tomás, Universidad de Manizales, Universidad de Antioquía, Fundación Universitaria Los Libertadores, Universidad San Buenaventura de Cali. Corporación Humanas, Mujeres Libres, Temblores ONG, Fundación Dar Amor. Miguel Ángel Martín Contreras, investigador postdoctoral de la Universidad Valparaíso de Chile y, además, Mónica Arango Olaya, Candidata a Doctora en Leyes de la Universidad de Oxford.