Colombia, en jaque ante CIDH

En reiteradas ocasiones el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha alertado sobre la necesidad de implementar medidas para la defensa jurídica de la nación, en especial en lo referente a los procesos que se adelantan ante tribunales internacionales en donde no hay estrategias claras para proteger los intereses del país y cerrar una vena rota para las finanzas del Estado.

Y es que el panorama actual no resulta nada halagüeño. Con sólo 11 fallos que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Colombia, se han tenido que pagar más de US$24 millones en casos que al día de hoy se consideran emblemáticos, como los de las masacres de Mapiripán, Pueblo Bello, Ituango, La Rochela y el asesinato del excongresista Manuel Cepeda. Por este último el Estado, además de pagar US$340.000, hace pocos días tuvo que ofrecer excusas públicas en la plenaria del Congreso.

Con este panorama crece la preocupación en el Gobierno porque, de acuerdo con un informe presentado ante el Congreso, ya son 50 los casos que fueron admitidos por la CIDH y las pretensiones podrían superar los US$100 millones. Eso sin contar que aún están en estudio otros cien casos pendientes de ser admitidos por el tribunal internacional.

Por este motivo el senador Manuel VIrgüez afirmó que “es preocupante que en Colombia no haya una política de Estado a largo plazo que garantice la defensa de los intereses nacionales ante tribunales internacionales. Cada gobierno establece sus propuestas sin que haya continuidad generando fragilidad en el sistema de defensa jurídica”.

Según explicó la Cancillería, por medio de un documento entregado a la Comisión Segunda del Senado, el sistema de defensa actual del Estado está establecido desde 2005 y se denomina Grupo Operativo Interinstitucional (GOI), del que forman parte funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Justicia, de Defensa, Ejército, Policía, Armada y el Programa Presidencial de Derechos Humanos. Sin embargo, no existe una planta permanente de funcionarios especializados en la defensa ante tribunales internacionales.

Tan compleja es la situación que, denunció el senador VIrgüez, se vienen presentando casos de ‘puerta giratoria’ entre funcionarios que en su momento defendieron al Estado y luego de cumplir sus contratos fueron quienes se encargaron de demandar ante tribunales internacionales.

“Así sucede con el señor Camilo Mejía Gómez, quien trabajó en el GOI y ahora está en el Colectivo de Abogados de la Comisión Colombiana de Juristas demandando al Estado. Ellos como funcionarios tienen acceso a información privilegiada, la emplean a su favor y en eso radica, en gran medida, la fragilidad de la defensa de Colombia”, afirmó VIrgüez.

Pero la situación resulta más compleja si se tiene en cuenta que además de los procesos que se adelantan ante la CIDH, el Estado también está pendiente de dos litigios ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde están en trámite la disputa territorial contra Nicaragua y el proceso que instauró Ecuador contra Colombia por aspersiones aéreas con herbicidas para erradicar matas de coca.

En reiteradas ocasiones el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha alertado sobre la necesidad de implementar medidas para la defensa jurídica de la nación, en especial en lo referente a los procesos que se adelantan ante tribunales internacionales en donde no hay estrategias claras para proteger los intereses del país y cerrar una vena rota para las finanzas del Estado.

Y es que el panorama actual no resulta nada halagüeño. Con sólo 11 fallos que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Colombia, se han tenido que pagar más de US$24 millones en casos que al día de hoy se consideran emblemáticos, como los de las masacres de Mapiripán, Pueblo Bello, Ituango, La Rochela y el asesinato del excongresista Manuel Cepeda. Por este último el Estado, además de pagar US$340.000, hace pocos días tuvo que ofrecer excusas públicas en la plenaria del Congreso.

Con este panorama crece la preocupación en el Gobierno porque, de acuerdo con un informe presentado ante el Congreso, ya son 50 los casos que fueron admitidos por la CIDH y las pretensiones podrían superar los US$100 millones. Eso sin contar que aún están en estudio otros cien casos pendientes de ser admitidos por el tribunal internacional.

Por este motivo el senador Manuel VIrgüez afirmó que “es preocupante que en Colombia no haya una política de Estado a largo plazo que garantice la defensa de los intereses nacionales ante tribunales internacionales. Cada gobierno establece sus propuestas sin que haya continuidad generando fragilidad en el sistema de defensa jurídica”.

Según explicó la Cancillería, por medio de un documento entregado a la Comisión Segunda del Senado, el sistema de defensa actual del Estado está establecido desde 2005 y se denomina Grupo Operativo Interinstitucional (GOI), del que forman parte funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Justicia, de Defensa, Ejército, Policía, Armada y el Programa Presidencial de Derechos Humanos. Sin embargo, no existe una planta permanente de funcionarios especializados en la defensa ante tribunales internacionales.

Tan compleja es la situación que, denunció el senador VIrgüez, se vienen presentando casos de ‘puerta giratoria’ entre funcionarios que en su momento defendieron al Estado y luego de cumplir sus contratos fueron quienes se encargaron de demandar ante tribunales internacionales.

“Así sucede con el señor Camilo Mejía Gómez, quien trabajó en el GOI y ahora está en el Colectivo de Abogados de la Comisión Colombiana de Juristas demandando al Estado. Ellos como funcionarios tienen acceso a información privilegiada, la emplean a su favor y en eso radica, en gran medida, la fragilidad de la defensa de Colombia”, afirmó VIrgüez.

Pero la situación resulta más compleja si se tiene en cuenta que además de los procesos que se adelantan ante la CIDH, el Estado también está pendiente de dos litigios ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde están en trámite la disputa territorial contra Nicaragua y el proceso que instauró Ecuador contra Colombia por aspersiones aéreas con herbicidas para erradicar matas de coca.