El Estado hace las paces con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

En febrero de 2005, la Brigada VXII del Ejército expidió la misión Fénix para “proteger” la población de San José de Apartadó, en el Urabá. Fue la génesis de uno de los hechos más aberrantes de la historia de la guerra nacional. Los militares que patrullaron la zona terminaron aliándose con “paras” del bloque Héroes de Tolová, quienes masacraron a ocho campesinos, entre ellos cuatro niños. Un mes después, el expresidente Álvaro Uribe declaró lo siguiente: “En esta comunidad en San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores, están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.

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Para entonces, ya estaba plenamente constituida la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: una icónica organización de campesinos y víctimas del conflicto, quienes se agruparon como comunidad en varios predios de la región, declarándose neutrales ante cualquier actor armado, incluyendo los estatales. Comunidad de paz, porque no permiten el ingreso de alguien con un arma en las manos. Las declaraciones del expresidente Uribe, señalan los miembros de la comunidad, fueron como tener un blanco en la frente. Ahora, 20 años después, por esa estigmatización del más alto funcionario del Estado y múltiples violencias padecidas a lo largo del tiempo, Colombia ofreció excusas públicas y reconoció internacionalmente su responsabilidad.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. El intermediario entre el Estado y la comunidad fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo de justicia estudiaba el caso desde 2008 y su análisis pudo haber terminado en una condena internacional por desprotección a derechos como la vida, libertad, debido proceso, a la niñez y protección judicial. El gobierno de Gustavo Petro interrumpió el camino de la condena, llegando a un acuerdo de solución amistosa con la comunidad, en la que se comprometieron a las instituciones a cumplirle una serie de peticiones a los campesinos. Un hito, porque la comunidad había cortado diálogos con el Estado desde 2005.

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El sacerdote Javier Giraldo, quien presentó la petición internacional, develó que la comunidad ha contabilizado 1.462 crímenes horrendos desde su creación en 1997, entre ellos hasta 307 homicidios. En la región persiste “un modelo de accionar paramilitar que ha convertido en un hábito normal, un conjunto de violaciones de libertades y derechos fundamentales vulnerados por el solo acto de presencia de armas”, dijo Giraldo en la ceremonia. La comunidad, compuesta de desplazados de la región, se plantaron contra la guerra por la tierra del Urabá. Desde entonces, sufrieron el fuego cruzado entre guerrilleros y paramilitares, y la asociación de la Fuerza Pública con estos últimos. Pero mantuvieron firme su premisa de que nadie que pertenezca a un actor armado puede asomarse en sus terrenos. Su gesto ha sido reconocido internacionalmente por la Iglesia Católica.

Quien se responsabilizó primero de las disculpas fue el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), César Palomino, quien reconoció que “por su decisión de declararse neutral en el conflicto armado, ejercer su derecho a la paz y reivindicar su condición de población civil, la comunidad fue estigmatizada por altos funcionarios civiles, militares y policiales de anteriores gobiernos. Las estigmatizaciones fueron ampliamente difundidas por grandes medios de comunicación, condenando al ostracismo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, vulnerando sus derechos a la honra y a la dignidad de sus integrantes, y colocándolos en grave peligro e indefensión”.

A renglón seguido, Palomino reconoció que el Estado ha hecho poco o nada por proteger a mujeres, hombres, adultos mayores y niños, que han sido víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado, saqueo y persecuciones por miembros del Ejército, Policía y grupos paramilitares. “El Estado colombiano hace un claro, inequívoco, oficial y público, reconocimiento de su responsabilidad internacional (...) en nombre del Estado colombiano reconozco la responsabilidad frente a los miembros de la comunidad por los graves y continuos hostigamientos, así como de las estigmatizaciones de las que fueron víctimas por parte de altos funcionarios”, concluyó.

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El presidente Gustavo Petro, por su parte, entregó un discurso de 41 minutos en los que recordó los debates que lideró en el Senado para develar la parapolítica en Colombia. Además, aprovechó la tribuna para hacer una analogía entre los crímenes de lesa humanidad en Colombia y el nazismo. Además, para invitar a los colombianos a que se unan en pro de la consulta popular para la reforma laboral. Tras una larga intervención, en la que enfatizó en que, si de verdad hubiese Estado en Colombia, jamás hubiese pasado la serie de desgracias alertadas por la comunidad, señaló: “perdón comunidad de San José de Apartadó”.

A su turno, Germán Graciano, representante legal de la comunidad, explicó lo siguiente: “En estos 28 años llevamos más de 300 personas asesinadas. El 80% por la Fuerza Pública y los paramilitares. El 20% por las FARC. Hoy queremos que se reconozca a través del presidente de la República un crimen de Estado y un genocidio. No hemos estado involucrados en la guerra. Hemos proclamado una política de desarme como ruta de paz verdadera en nuestro país colombiano. Sabemos que la paz no la solucionan las armas. La paz la solucionamos cada uno de nosotros, que buscamos esa esperanza de paz, de no odio, de una búsqueda alternativa de la defensa de la vida”.

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Colombia se comprometió a construir un monumento en honor a las víctimas. Además, el Estado publicará un libro que recopile la historia de la comunidad de paz. Se solicitará a la Fiscalía la creación de un grupo de fiscales e investigadores del CTI que permitan concluir las pesquisas sobre la sostenida cacería, que supera los 66 hechos violentos y superaría el centenar de víctimas. En diálogo con El Espectador, Gildardo Tuberquia, miembro del consejo de la comunidad, confirmó que no se prestara a pobladores para ser entrevistados por la Fiscalía, pues en el pasado la “gente que entregó su testimonio la empezaron a matar. A otros les tocó desplazarse por amenazas”.

Asimismo, el Estado se comprometió con la creación de una comisión independiente, de evaluación de la justicia, presidida por la Defensoría del Pueblo, para evaluar el desarrollo de las investigaciones por violaciones a derechos humanos contra los miembros. Sobre ello, Roviro López, otro consejero, explicó que “las calumnias avivaron los actos de barbarie. Por eso, esta ceremonia es un acto de memoria por todas las víctimas que ya no están, por las que se desplazaron y se desaparecieron. Y es un compromiso para el gobierno para que esto no se vuelva a repetir. Esperamos que la comisión esclarezca la impunidad y llegue a los autores intelectuales”, respondió.

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