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Ahora que la Corte Suprema de Justicia de Panamá acaba de declarar inconstitucional el asilo político otorgado a María del Pilar Hurtado por el presidente saliente de ese país, Ricardo Martinelli, el gobierno colombiano le apunta a una nueva estrategia para tener a Hurtado en territorio nacional lo más pronto posible: la deportación.
La Embajada de Colombia ante el gobierno panameño, representada por la exconcejal de Bogotá Ángela Benedetti, acaba de recibir una carta de la Fiscalía General de la Nación en la cual “se solicita realizar las gestiones pertinentes a la deportación de la doctora (María del Pilar) Hurtado”. A Benedetti le pidieron, además, obtener una copia del fallo de la Corte Suprema panameña y establecer si ese documento puede ser “objeto de recursos” (lo que acá sería la apelación o la revisión, entre otros).
“De la manera más atenta solicitó su valiosa colaboración para tener copia del falemitido por la Corte Suprema de Panamá por medio del cual se declaró inconstitucional el asilo otorgado a la doctora María del Pilar Hurtado y si dicha providencia es objeto de recurso”, precisa uno de los apartes de la carta de dos párrafos enviada ante la embajada de Colombia en el vecino país.
En la carta se pide además tomar las acciones necesarias con el fin de garantizar el regreso de la exdirectora del organismo de seguridad administrastiva con el fin de que haga presencia en el proceso penal que se le adelanta en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por cinco delitos. "Aunado lo anterior muy respetuosamente se solicita realizar las gestiones pertinentes tendientes a la deportación de la doctora Hurtado".
Hurtado se encuentra en Panamá desde noviembre de 2010 cuando Martinelli, a través de un decreto, concedió el asilo con base en una supuesta persecución política y judicial en contra de ella. El abogado panameño que demandó el decreto del gobierno Martinelli, Paulo Vega, le dijo a El Tiempo que el fallo es de última instancia.
Esta solicitud de deportación que hace la Fiscalía es concertada con el Gobierno Nacional. El pasado 21 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos anunció en Canal Capital que pediría la extradición de Hurtado apenas el nuevo presidente de ese país, Juan Carlos Varela, se posesionara, lo cual ocurrirá el próximo 1° de julio.
En la mañana de este viernes 30 de mayo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denunció que Hurtado se encuentra adelantando gestiones para obtener un segundo asilo. Según el comunicado del Colectivo, el primer destino en mente es República Dominicana o Costa Rica. El Colectivo le pidió a los países del vecindario latinoamericano “que se abstengan de permitir la entrada de la señora María del Pilar Hurtado, dado que ella es una prófuga de la justicia colombiana”.
En calidad de ausente, Hurtado está en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales cometidos por funcionarios del DAS cuando ella era la directora, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. La acusación en su contra es por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La justicia es la llamada a aclarar si Hurtado participó y hasta qué grado del plan orquestado para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y para monitorear ilegalmente a miembros de la oposición dl gobierno Uribe, magistrados de las altas cortes, periodistas y defensores de derechos humanos.
Hasta el momento van 17 exfuncionarios del DAS condenados en el marco del episodio de las ‘chuzadas’, entre ellos Jorge Alberto Lagos, exjefe de contrainteligencia; Martha Leal, exsubdirectora de operaciones; y Fernando Tabares, exjefe de inteligencia. El expresidente Uribe, no obstante, acusó al presidente Santos de estar haciendo un “juego político” a través de la solicitud de extradición de Hurtado. Uribe también tiene una investigación abierta en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el tema de las ‘chuzadas’, la cual, denuncian quienes se han declarado víctimas en el proceso, avanza a paso de caracol.
Esta semana, el Congreso de la República le pidió la Corte Suprema que manifestara si era viable o no pedir la extradición de la exdirectora del DAS, a lo que la Corte respondió que la única entidad idónea para pedir algo así era la Fiscalía y que este organismo, además, en cualquier momento puede pedir la extradición de la alta exfuncionaria dado que su juicio continúa.
En la Fiscalía, sin embargo, consideraron que la deportación podía ser una vía más ágil ya que no se requieren pronunciamientos de fondo de las autoridades implicadas, pues se trata de un trámite de forma y en cuestión de días podría resolverse. Así las cosas, la Embajada de Colombia en Panamá tiene una tarea de urgencia por emprender.