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El Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), reconoció responsabilidad internacional por el asesinato del periodista, humorista y líder de opinión Jaime Garzón. Uno de los colombianos más célebres de la historia, recordado por su aguda crítica a las élites nacionales, así como a los funcionarios públicos de su época, fue baleado en 1999 por miembros de la banda criminal La Terraza, en asociación con fuerzas de seguridad del Estado.
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El gobierno de Gustavo Petro, en trámite realizado por la Andje, reconoció responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de justicia internacional que evaluaba las acciones y omisiones de Colombia en este caso específico. Los funcionarios llegaron a un acuerdo de solución amistosa con la familia de Garzón, lo cual le evitó al país una condena y permitió una serie de actos de reparación a favor de las víctimas.
“El Estado lamenta profundamente los hechos que resultaron en el silenciamiento de uno de los más destacados líderes de opinión y periodismo crítico del país, lo que constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto. A través de las observaciones, se señaló que el avance de las investigaciones ha permitido establecer que el plan criminal fue ejecutado con la aquiescencia de agentes del Estado”, explicó el gobierno en un comunicado.
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Asimismo, Colombia reconoció que las vulneraciones y dilaciones en el proceso penal han afectado los derechos de los familiares de Jaime Garzón, en específico los relacionados con la verdad y la integridad personal. Aunque todavía no se conocen detalles del proceso de reparación, el gobierno aseguró que será “integral”. Probablemente, se realice un acto simbólico que será transmitido por los canales oficiales del gobierno.
Entre los hechos que explicó la familia de la víctima está la plena participación de funcionarios públicos en el asesinato. Prueba de ello es la condena a 26 años de cárcel contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2021. La verdad judicial que quedará plasmada para la historia es que Narváez aprovechó su estrecha relación con el exjefe parmilitar Carlos Castaño para sugerirle atentar contra la vida del periodista.
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Quien dio la orden fue, justamente, Carlos Castaño Gil, quien consideraba que Jaime Garzón era afín a la extinta guerrilla de las Farc. Para acabar con su vida, el paramilitar aprovechó su relación con la cúpula de seguridad del Estado y contrató a la banda sicarial de La Terraza, manejada en su momento a dedo por Pablo Escobar. Narváez, por su parte, ya tenía antecedentes por montar un grupo clandestino de espionaje, G-3, que se encargó de intimidad y enlodar a sectores de izquierda en Colombia.
Según el trámite en el sistema interamericano de derechos humanos, Garzón “había estado obrando como mediador para la liberación de personas secuestradas por las guerrillas de las FARC y el ELN desde 1998, y que en virtud de tales gestiones había sido catalogado como colaborador o cómplice de la guerrilla por parte de altos estamentos militares y grupos paramilitares del país, quienes habrían llegado a la convicción de que el señor Garzón se estaba lucrando con sus gestiones para el pago de los rescates por los familiares de las víctimas secuestradas, y que estaba facilitando la continuidad del negocio del secuestro en Colombia”.
En 2022, la Comisión Interamericana admitió el caso para su estudio y emitió un informe de fondo, explicando que Colombia podría ser responsable por violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión y protección judicial. Tres años después, el gobierno llegó a un acuerdo para intentar reparar a la familia de Garzón, cuyo legado habla por sí mismo y quien será recordado por su consistente labor crítica en democracia.
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