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Según el informe de la ONU este tipo de acciones no pueden considerarse como aisladas, sino como una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares en todo el país.
En 2008 en algunos departamentos, como Antioquia, se registró un incremento de estos casos "la oficina de la ONU en Colombia confirma la existencia de redes encargadas de ofrecer a las víctimas en municipios diferentes a los de su lugar de origen, donde eran ejecutadas y presentadas como muertos en combate", asegura el informe.
Además el informe revela que en algunos departamentos como Arauca y Norte de Santander la Fiscalía General de la Nación continuó expidiendo órdenes de captura sin bases jurídicas sólidas por rebelión y delitos relacionados, lo que se traduce en detenciones arbitrarias.
Estas órdenes estaban en muchas ocasiones fundamentadas en declaraciones de antiguos miembros de grupos guerrilleros que recibían incentivos del Estado para cooperar en estas labores.
Además la ONU se refiere en su informe en la ley de Justicia y Paz como un proceso "lento" donde del total de personas postuladas (3.267) sólo 1.626 habían iniciado la primera etapa procesal de versión libre. Además, sólo 20 de los postulados habían sido objeto de llamamientos a juicios parciales y ninguno había sido sentenciado.
"Lo anterior evidencia que la cantidad de personas que serán procesadas por esta ley será muy inferior a la inicialmente calculada. Adicionalmente, no todos están acusados por delitos graves (...) a un poco más de tres años después de adoptada la ley, el cumplimiento de las expectativas generadas por ella sigue pendiente", señala el documento.
Sin embargo, el informe destaca que la Fiscalía y el gobierno en general, han realizado esfuerzos importantes para mejorar la condición de los DD.HH. en el país.
Por El Espectador
