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Colombia se acaba de salvar de pagar una millonaria multa, dentro de un caso que se adelantaba en el Consejo de Estado. Se trata de un proceso en el que se había demandado al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa, la Policía, la Superintendencia de Transporte, la Procuraduría y el Departamento de Sucre, por el funcionamiento, supuestamente ilegal, de la Oficina de Transporte del municipio de Sampués.
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El alto tribunal negó las pretensiones de un grupo de 50 personas que pedía una condena contras las entidades, para que los repararan por “daños y perjuicios que consideran se les causó con el funcionamiento irregular de la oficina de tránsito y transporte departamental que opera en el municipio de Sampués ─Sucre─ y que, aducen, no está legalmente constituida y pese a ello adelanta todo tipo de trámites, tales como: imposición de multas, comparendos, acuerdos de pago, expedición de matrículas, entre muchos otros, todo esto, bajo la permisión de las demás entidades demandadas”.
El pasado 23 de septiembre, la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las pretenciones del grupo, considerando que algunas de las pretensiones fueron presentadas fuera del plazo permitido por la ley, por lo que se declaró la caducidad. Aún así, el alto tribunal determinó que la Oficina de Tránsito fue creada de manera legal y que por ende las sanciones que impuso eran reales y válidas.
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“A diferencia de lo que argumenta la parte actora, lo que está probado dentro del presente proceso es que el grupo de trabajo u oficina de tránsito departamental que funcionaba en Sampués – Sucre reunía las condiciones legales para su funcionamiento”, reza la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), César Palomino Cortés, manifestó que “este fallo se convierte en una gran victoria para el país, ya que protege los recursos públicos y refuerza la autoridad de las entidades encargadas de hacer cumplir las normas de tránsito”.
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De acuerdo con la Andje, el proceso de Sampués (Sucre) era el tercero más costoso que enfrentaba el Estado a nivel nacional por la diversidad de pretensiones que contenía la demanda, tal y como lo señaló en su decisión el propio Consejo de Estado.
Esta es la decisión completa:
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