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El Consejo de Estado decidió un multimillonario caso en el que la empresa Cromas S.A. buscaba responsabilizar al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) por haber perdido sus acciones cuando fue liquidada la comisionista Interbolsa en 2012. Con lo dicho por el alto tribunal, el Estado se salvó de pagar una condena de $108.000 millones.
El caso nació a raíz de la crisis de Interbolsa S.A. intervenida y liquidada en novimebre de 2012 por la Superintendencia Financiera debido a problemas financieros y presuntas irregularidades en su administración. Dentro de sus operaciones, la comisionista realizó varias transacciones con acciones de la empresa Odinsa S.A., algunas de las cuales involucraban a Cromas S.A.
Tras la liquidación, Cromas S.A. demandó a Fogafín argumentando que perdió la propiedad sobre sus acciones de Odinsa S.A. porque el liquidador de Interbolsa no realizó la recompra de esos activos financieros. Y, según Cromas S.A., Fogafín tenía la obligación de vigilar la actuación del liquidador y evitar que este tipo de situaciones ocurrieran.
Aun así, lo que decidió el Consejo de Estado fue otra cosa: Fogafín no era responsable de la pérdida de las acciones de Cromas S.A. Esto, de acuerdo con el alto tribunal, porque su función se limitaba al seguimiento del proceso de liquidación, pero no podía intervenir en decisiones específicas del liquidador. Además, en el proceso se encontró que las decisiones sobre la recompra de acciones fueron tomadas de manera autónoma por el liquidador, el cual sí tenía la responsabilidad directa sobre las operaciones financieras de Interbolsa.
Lo que señala la decisión del alto tribunal es que Fogafín tuvo una gestión acertada en el caso y no hubo una falla en la vigilancia. Lo que pedí Cromas S.A. era una compensación de $108.060′752.236 por la pérdida de sus acciones. Dicho dinero hubiera tenido que ser pagado por el Estado en caso de haber perdido.
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