Todo listo para el encuentro más importante de derecho del mundo

Javier Cremades celebra la 27ª edición del World Law Congress

Foto: Javier Cremades - Externo

El próximo 2 y 3 de diciembre, Colombia será la sede de uno de los encuentros más importantes del mundo que reúne a los mejores abogados, académicos y jueces para hablar sobre su labor en la sociedad y los principales problemas que enfrenta. Se trata de la edición número 27 del World Law Congress. El encuentro se realizará en Barranquilla, en donde un equipo del más alto nivel del gobierno y el mundo jurídico tienen todo listo para recibir a magistrados de diferentes países, abogados, conferencistas y hasta al rey de España, Felipe VI.

En diálogo con El Espectador, el presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades, explicó la trascendencia del evento y dio detalles del premio que recibirá la sociedad colombiana, considerado por el mundo de las leyes, como el Nobel del Derecho. Además, se refirió a los retos a los que la democracia colombiana aún se enfrenta, resaltó su labor durante varios años.

¿De qué se trata el encuentro que se llevará a cabo durante los próximos días en Barranquilla?

Desde hace casi 60 años se realiza un encuentro que es una cita internacional que reúne a los más importantes del mundo de la judicatura, de la abogacía, de la academia, de otros operadores jurídicos como lo son la Fiscalía, los juzgados, entre otros. Nos juntamos para conversar sobre la gobernanza social, los retos que tiene sobre el imperio de la ley, el cambio climático, los derechos de las personas y todos los grandes retos que se convierten en desafíos para la sociedad.

El evento se desarrolla en medio de una etapa crucial en Colombia

No lo conectaría con la coyuntura del momento sino con la trayectoria histórica que ha demostrado al mundo que, bajo el imperio de la ley, este se puede aprovechar para una situación económica y social. La famosa Constitución de Cúcuta marcó una etapa importante, pero luego la de 1991 también ha sido una Constitución moderna que ha servido para que el país entero tenga unas reglas de juego, y la vida pública y política estén con una vibrante democracia, pero sometidos al imperio de la ley.

Hay avances como bien lo menciona, pero ¿cuáles considera son los retos a los que aún se enfrenta Colombia?

Yo pienso que en el mundo hay dos alternativas para vivir en sociedad: la primera es vivir bajo el imperio de la ley y la otra es vivir bajo el imperio de la fuerza, y la forma más completa para proteger los derechos de una persona está en los Estados constitucionales. En los países como Colombia, Estados Unidos o España, que tienen el privilegio de tener un imperio de la ley muy robusto, lo que les falta es tratar de implementarlo porque los derechos humanos siempre toca tomárselos en serio. Realmente tenemos una sociedad donde, con frecuencia, los derechos fundamentales son un papel mojado, no se respeta la dignidad de la persona. Hay que recordar que, en el Estado de Derecho, básicamente, la característica principal es que el poder político solo se puede ejercer con legitimidad si se respeta la dignidad de cada persona. Esos serían los retos a los que se enfrentan, que garanticen la igualdad efectiva, la libertad, la opinión pública libre, la privacidad, entre otros derechos de cuarto nivel.

Hay derechos que durante pandemia tuvieron que ser amparados vía judicial ya que se consideró que hubo vulneración por parte del Gobierno con el Estado de Emergencia Social y Económica que provocó el COVID-19…

Con la pandemia ocurrió algo singular y es que el poder del Estado ha tenido un momento de expansión inquietante porque, en los Estados de derecho amparados por la Constitución, han tenido la capacidad de intervenir a través de los estados de alarma. Lo que llama la atención es que nunca se tenía un control sobre con quiénes los ciudadanos se podían reunir, eso ocurrió durante la pandemia, pero en seguida, eso debe recuperar su normalidad. Esas son cosas que pertenecen a la libertad de la persona, no del Estado. El Estado no tiene el derecho de condicionar hasta ese nivel la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, el Covid ha supuesto una habilitación para que el poder tenga más campo de acción, pero hay que volver a restringirlo a los espacios constitucionales donde la privacidad es de la persona.

Un panel importante que tendrán durante el evento es, precisamente, sobre los retos económicos que deja la pandemia y el restablecimiento de derechos, especialmente el de la igualdad. ¿Cómo puede Colombia reivindicarse en esa situación?

El Covid nos ha puesto de manifiesto la radical igualdad de todos, no ante la ley, sino ante la vida porque hemos visto como ha habido muchas víctimas en sectores sociales más desfavorecidos, pero también en la clase dirigente en el poder. El Estado de derecho lo que hace es tocarnos de una profunda igualdad en la dignidad ante los tribunales, la justicia y también ante los demás ciudadanos. En este caso, Colombia tiene forma de responder, con la justicia, a que la igualdad que se cercenó durante la pandemia vuelva a su cauce.

Precisamente por ese papel importante que juega la justicia en materia de derechos, se ha visto un aumento en las congestiones judiciales, incluso más de la que ya había en Colombia…

Sí. Sí hay un retardo en la justicia. La justicia está negada. Creo que la justicia además debe ser independiente, equitativa y debe ser precisa cuando se necesita, pero las dilaciones indebidas son inaceptables, son una falta al debido proceso. Por lo tanto, se debe exigir que existan los medios para resolución y en definitiva que el acceso a la justicia se garantice ya que es un servicio público esencial.

La falta de acceso a la justicia se suma a la corrupción que existe en ella ¿Cómo se puede erradicar?

La corrupción se ha dado en todos los países, en algunos, son un mal endémico que permea todas las estructuras del Estado y de la sociedad. Yo creo que hay dos maneras de combatirlas: una forma que es cultural, desde la educación en la escuela, los colegios y la universidad, y hay otra forma que es el derecho. El derecho debe ser exigente y contundente ante los actos de corrupción. La corrupción es un ataque al patrimonio, pero también es un ataque a la consciencia en el cuerpo social.

El panel que abordará situaciones de corrupción está ligado a la independencia judicial que, muchas veces, también ha sido permeada en Colombia ¿Cuál es la fórmula para evitar esa situación?

La independencia judicial es fundamental para controlar el poder y para que haya una separación de poderes para garantizar los derechos de las personas. Yo creo que hay dos formas de trabajar. El primero es formando bien a los jueces, pero también dándoles un estatuto de independencia, de separación que sean inamovibles. Que tengan un gobierno propio que ejecute y planee los medios para la administración de justicia, pero que la función jurisdiccional sea propia de cada juez natural para cada asunto.

¿Qué destacaría del ordenamiento jurídico y de las garantías de los derechos en Colombia?

Colombia es un Estado de derecho pleno en donde, cuando hay abusos de derechos fundamentales, los jueces tienen libertad, independencia e inamovilidad para corregirlos y sancionarlos. En definitiva, tenemos un sistema garantista donde la tensión habitual entre el uso de la fuerza y los derechos a veces se resiente y se tiene que encontrar un equilibrio que en ese orden debe ser corregido. Lo que todo el mundo tiene claro es que Colombia es una democracia con uno de los Estados de derechos más avanzados del mundo. Por eso vamos allí, a reconocerlo y a darle ese premio Nobel de Derecho a la República de Colombia por tantos años de vida en paz y en democracia sin otra regla que la propia Constitución.

Resalta la paz, pero han sido años de vulneración y conflicto armado. Sin embargo, la justicia transicional ha jugado un papel importante en ello, pese a que no es reconocida totalmente...

Yo creo que eso también lo ha visto el mundo: cómo Colombia ha ido superando etapas históricas donde el narcotráfico y la violencia de las guerrillas estaban dominando la vida pública. Ahora estamos en otra etapa. Sé que toda la cuestión de la justicia transicional ha sido muy divisiva y que ha habido un enfrentamiento político muy fuerte, pero lo que sí es que el ordenamiento jurídico la reconoce y que, por tanto, debe funcionar y tiene que ser un éxito.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.